No porque la Luna esté más cerca es más importante que el Sol. No porque algunos conflictos estén presentes en los medios de comunicación, más a menudo, son más importantes que otros olvidados o silenciados. Hoy, queremos ser la voz desesperada de una minoría de más de un millón de personas en la República de la Unión de Myanmar -antigua Birmania-, los rohinyás.
Hemos podido conocer, gracias a Time, que cita como fuente a un alto funcionario de la ONU, otro episodio de violencia generalizada y organizada, otro capítulo más de una historia de terror, de genocidio: las autoridades birmanas están usando el ejército para llevar a cabo una campaña de limpieza étnica contra la minoría musulmana rohinyá en el Estado de Rakáin (antiguamente Arakán), en el oeste del país.
Por su parte, la BBC informó, recientemente, que John McKissick, representante de la agencia de refugiados de la ONU, ACNUR, ha denunciado que las tropas birmanas han estado “matando a hombres, disparándoles, matando niños, violando mujeres, quemando y saqueando casas, forzando a estas personas a cruzar el río” hacia Bangladesh, país en el que miles de rohinyás ya han buscado refugio según su Ministerio de Relaciones Exteriores. También, se cuentan a miles la personas que se están acercando a la frontera con la esperanza de escapar.
La CNN ha divulgado estos días la imagen del niño Mohammed Shohayet, de 16 meses, tendido boca abajo ahogado a la orilla de un río que recuerda inequívocamente a la del niño kurdo Ailan Kurdi, que en 2015 dio la vuelta al mundo como símbolo del horror de la crisis de los refugiados en el Mediterráneo. Su padre, Zafor Alam, ha explicado a la CNN que es el único superviviente de su familia, y que su esposa y sus dos hijos murieron al tratar de escapar de Birmania camino de Bangladesh, cuando a principios de diciembre helicópteros del ejército birmano comenzaron a disparar sobre su aldea, por lo que tuvieron que huir y esconderse en la selva.
Al menos 30.000 civiles, la mayoría de esta minoría musulmana, han sido desplazados por la violencia en la zona, cerrada por el Ejército birmano al acceso de ayuda humanitaria, de la que dependían unas 150.000 personas, y observadores independientes. Human Rights Watch acusa al Ejército de la quema de 1.500 casas desde el inicio de la campaña militar y exigió la apertura de la zona a la ayuda humanitaria, lo que también han reclamado la ONU y catorce misiones diplomáticas en el país.
Si bien la historia rohinyá establece que, en el comienzo del siglo VII, los países vecinos bengalíes comenzaron a establecerse en el territorio de Arakán, fue, en el siglo XIX, momento en que el imperialismo británico obtuvo el control de Arakán, después de la primera guerra anglo-birmana (1824-1826), cuando muchos más bengalíes de la Bengala Oriental británica vinieron a establecerse en Arakán. Desde entonces, podemos hablar de muchas generaciones.
No obstante, según Amnistía Internacional, durante el gobierno de la junta militar (1962-2011), los musulmanes rohinyás sufrieron violaciones a sus derechos humanos que propiciaron la huida a Bangladesh. Tras la disolución de la junta militar, nos encontramos con un proceso de democratización con muchos agujeros negros y que se inicia con un episodio de extrema violencia antimusulmana en mayo de 2012 instigada por el movimiento 969, liderado por el monje budista Ashin Wirathu. Entonces, hubo un saldo de casi 90 muertos y unos 90.000 desplazados -según los residentes- y de 50 muertos y 60.000 desplazados -según el Gobierno. Episodios que se repetirán con posterioridad y que han convertido a los rohinyás en una de las minorías más perseguidas del mundo: si Birmania les niega la nacionalidad y los considera inmigrantes bangladesís ilegales porque no han podido acreditar que estuvieran antes de primera guerra contra los ingleses como exige la ley, Bangladesh no ve a los rohinyás como refugiados y su política oficial es la de no permitirles entrar.
Desde el inicio de la apertura democrática, todas las esperanzas puestas en la líder opositora Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, cuyo partido llegó al poder el pasado mes de abril, después de ganar las primeras elecciones democráticas libres celebradas en el país en cinco décadas y que pasó tres lustros en arresto domiciliario por defender la democracia en Myanmar, nunca ha reconocido a los rohinyás como ciudadanos de pleno derecho de Myanmar.
Hoy, nos preguntamos cómo un país, la República de la Unión de Myanmar (Birmania), que dice avanzar en un proceso de democratización, puede condenar a más de un millón de personas a quedarse sin patria y puede ayudarse, para ello, del fundamentalismo budista y del ejército con acciones propias de gobiernos genocidas.
Una vez más, un conflicto racista se mezcla con una guerra de religión y se convierte en una limpieza étnica horrorosa y terrible hacia una minoría étnica. Y, en ese sentido, apelamos y exigimos el compromiso irrenunciable de los organismos internacionales que han de estar prestos a poner todos los medios para detener los conflictos: cascos azules de intermediación, control de la venta de armas a zonas potencialmente peligrosas, detención de los responsables poniéndolos a disposición de los tribunales internacionales, legislación estricta para los crímenes de guerra y para los responsables de la violencia, sanciones inmediatas para los estados que incumplan alguna de las resoluciones.