Todos estamos de acuerdo en que la salud es uno de los pilares fundamentales de la vida de cada uno de nosotros y de cualquier sociedad; es el eje sobre el que gira todo, aunque la ignoremos hasta que se resiente y nos hace sentir plenamente vulnerables. Sin embargo, cuando observamos las decisiones que se toman en el ámbito político y de gestión sanitaria es inevitable preguntarse: ¿realmente interesa la salud de los ciudadanos?
Los datos y la experiencia muestran que hay medidas simples y eficaces, medidas coste-efectivas, que mejoran la salud. Promover la actividad física, mejorar la calidad de los alimentos, enseñar a leer etiquetas para identificar productos nocivos y llevar una dieta saludable, lavarse correctamente la manos, gestionar el estrés, fomentar determinados hábitos de autocuidado desde la infancia y adaptarlos a cada etapa vital, garantizar un acceso equitativo a la atención primaria o invertir en prevención, podrían reducir la incidencia de enfermedades, mejorar la calidad de vida y aliviar la carga sobre los sistemas sanitarios con el consiguiente ahorro económico tan necesario para seguir teniendo un sistema sanitario público. No obstante, estas medidas, aunque conocidas, no se priorizan y resulta difícil de entender cuando el porcentaje de casos de la mayoría de enfermedades aumenta.
Desde hace tiempo, las noticias sobre el incremento de diagnósticos de cáncer son constantes y los profesionales sanitarios insisten en que un número importante de ellos está ligado a factores de riesgo prevenibles. Esto no sucede solo con el cáncer, sino también con las enfermedades cardiovasculares e incluso con las enfermedades mentales. Entonces, simplemente por lógica, si sabemos esto, ¿por qué no se pone mayor énfasis en la prevención?
Una de las claves para cambiar esta situación está en la educación sanitaria. No podemos hacer prevención sin educación sanitaria. Un ciudadano informado es un ciudadano con mayor y mejor capacidad para tomar decisiones responsables sobre su salud. La educación en salud no solo previene enfermedades sino que reduce la saturación del sistema sanitario y el gasto público en tratamientos evitables. Y todavía podemos ir un poco más allá en el planteamiento; cada vez se insiste más en los beneficios de la toma de decisiones compartidas entre profesionales sanitarios y pacientes, pero surge la duda sobre cómo puede ser realmente positivo si adolecemos de una pieza clave, la educación sanitaria.
Las políticas de salud pública requieren compromiso e inversiones sostenidas en el tiempo y no ofrecen resultados inmediatos, lo que choca con la lógica cortoplacista de muchos gobiernos y, además, necesitan de la responsabilidad de cada ciudadano. Se priorizan soluciones reactivas antes que preventivas, y la sanidad sigue dependiendo en exceso de la atención a la enfermedad en lugar de la promoción de la salud. No estoy proponiendo que deje de atenderse la enfermedad, sino invertir para evitar llegar a ella.
El reto es grande, no imposible, pero es en este punto del puzle donde hay una pieza que no quiere encajar: la industria farmacéutica, que se beneficia de expandir su mercado determinando la investigación y desarrollo, la regulación, la prescripción y el consumo de medicamentos, influyendo en legisladores, reguladores y profesionales sanitarios. El lobby farmacéutico continúa siendo uno de los más poderosos. Todos somos conscientes de esta situación, conocedores del poder de las empresas farmacéuticas para mejorar la vida de muchas personas a través del consumo de fármacos pero también de su poder para producir fármacos que generan efectos secundarios cuyo control requiere de la toma de otros medicamentos entrando en una rueda del hámster interminable que cuando no estás enfermo es capaz de hacerte creer que para superar situaciones complicadas de la vida cotidiana necesitas un fármaco o un suplemento para rendir más. Nos quiere enfermos, nos necesita enfermos.
Queremos una sociedad competitiva, productiva, pero no abordamos sus cimientos. Ilógico y caótico. Debemos exigir que se prioricen políticas sanitarias dirigidas a los ciudadanos y no tanto a la satisfacción de intereses políticos y/o corporativos. La salud no puede depender de la inercia de un sistema que se resiste a cambiar, que sigue más centrado en el tratamiento que en la prevención por razones obvias.
Y tal vez la pregunta con la que iniciaba este artículo no sea la oportuna. Quizás lo más indicado no sea cuestionar si interesa la salud de los ciudadanos o no, sino si estamos dispuestos a exigir que quienes nos gobiernan actúen como es de esperar.