Las residencias son -nos guste más o menos- las últimas viviendas de muchos de nuestros mayores. Igual que los fondos buitre dominan la propiedad y el alquiler de las viviendas -y de las habitaciones de las viviendas-, también dominan el negocio de las residencias privadas. ¿Cómo es posible que las residencias privadas estén en manos de fondos buitres? ¿Es admisible que los tres grandes fondos -con más muertes en sus residencias durante la pandemia- proyecten inversiones para crear más de 5.000 nuevas camas?
Las residencias, ¿ganancias o cuidados?
En una década 84 residencias privadas han sido adquiridas por fondos de inversión. Desde 2007 hasta 2023 el precio de una cama en una residencia de mayores ha aumentado en España, de media, un 28%. La dominancia de estos fondos y sus prácticas monopolistas genera el aumento de los precios. El número uno es Domus Vi -del fondo ICG- con 18.428 camas y 750 millones de euros de ganancias, la quinta es Vitalia Home -del fondo de inversión CVC- con 7.181 camas y 183 millones de euros.
Al mismo tiempo la precarización -en las condiciones de un servicio que debiera ser público- es creciente, imponiendo condiciones laborales, con bajos sueldos y complicados horarios. Y también en el mantenimiento de las instalaciones -estructurales y funcionales, no decorativas- de los edificios. La búsqueda de ganancias como objetivo, no los mejores cuidados de los residentes, marca las inversiones de tales fondos.
Por ejemplo, los grupos DomusVi, Orpea y Amavir -en cuyas residencias fallecieron 2.512 mayores durante los dos primeros meses de la pandemia- proyectan abrir en los próximos años 36 centros con 5.071 camas nuevas.
Leyes que les favorecen
Este negocio privado sufrió un renacer con la Ley de Dependencia, creada en 2006. Porque estos fondos pueden invertir sólo una pequeña parte y el resto a base de endeudamiento financieros que endosan a las residencias. Por ejemplo, los fondos ponen un 15% del capital y el resto lo financian con un préstamo bancario.
Además, suelen dividir la inversión en dos negocios. Crean una empresa que es la dueña del edificio y otra empresa que es la titular de la residencia, Y así la residencia paga un alquiler a la propietaria. Lo que les permite ampliar las fuentes de ganancia del fondo inversor, a las que se añade la posible venta separada del edificio y de la residencia.
Dado que la demanda va a ir en aumento por la edad, las condiciones para que expandan su negocio seguirán y no se está tomando ninguna medida para revertirlo. Este tipo de adquisiciones financiadas por deuda que luego es trasladada al balance de la residencia se debería prohibir o limitar en gran medida. El Estado debería intervenir en el sentido opuesto.
El capital extranjero domina y avanza
Los fondos extranjeros -predominantemente estadounidenses y franceses- suelen adquirir empresas españolas del sector, por lo que la propiedad real está/y las ganancias se van fuera de España.
La nacionalidad de los grupos dominantes en el sector es: DomusVi (estadounidense), Emeis-Orpea (francesa), Clece (ACS con BlackRock dentro, capital hispano-estadounidense), Ballesol (española) Vitalia Home (estadounidense), Amavir (francesa) Coliseé (estadounidense), que avanzan en inversiones.
El número de proyectos de centros geriátricos ha seguido creciendo en los últimos doce meses, superando el umbral de los 500 proyectos que no se daba desde 2009.
Cuidar debe ser un servicio público
En España hay cuatro tipos de gestión para las residencias: las que son 100% públicas, las que son 100% privadas, las que son públicas pero gestionadas por empresas privadas y aquellas privadas que cuentan con camas concesionadas a la administración.
De las 5.187 residencias que existen en España solo el 25% son públicas y tan solo el 11% están gestionadas por la administración. En cuanto al porcentaje de camas, el 87% están gestionadas por el sector privado. Por tanto, estamos hablando de un servicio en su gran mayoría en manos privadas.
Como afirma Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, “un servicio de cuidados para personas vulnerables nunca puede estar en manos privadas y menos en fondos de inversión. Es un servicio que debería estar en manos de la administración”. Hay que revertir esta situación.