La pasada semana se cerró la consulta pública sobre el borrador que el gobierno esta proponiendo para una nueva Ley de Extranjería.
Para esta nueva Ley la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz intentará sumar a las comunidades autónomas, puesto que “ese camino lo queremos hacer juntamente con toda la sociedad y las demás administraciones públicas”.
El gobierno está mostrando en este texto una intención clara en integrar a las personas extranjeras y los derechos humanos son tenidos en cuenta. Desde el ministerio se ha explicado que “el nuevo texto pone el acento en combatir las mafias, el fraude y la vulneración de derechos, pero también para atender a las necesidades del mercado laboral.”
Este texto reemplaza al texto actual que lleva en funcionamiento más de 13 años y está obsoleto a pesar de ciertas mejoras en 2018, 2021 y 2022.
Elma Saiz ha explicado que “la política migratoria del Gobierno no consiste únicamente en dar una respuesta ágil a las llegadas a costas, la política migratoria del Gobierno es transversal, y la que compete a este Ministerio está absolutamente volcada en la integración de las personas, una vez llegan aquí, así como en combatir los catastrofismos con información veraz”.
Se busca simplificar las autorizaciones, reducir la burocracia, incrementar la seguridad jurídica y mejorar las competencias entre consulados y oficinas de extranjería.
Al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior se nos ha consultado por el borrador que estaba en consulta pública y desde nuestro ámbito de trabajo hemos solicitado una serie de mejoras que aparte de incluir a los familiares de españoles, se incluya igualmente a la descendencia en el régimen específico para la obtención de visados de residencia y para la tramitación de la residencia temporal.
Desde el CGCEE hemos propuesto igualmente la gratuidad en la expedición de visados para familiares de ciudadanía española cuando esta tramitación se realice a través de un proveedor externo, garantizando la coherencia con las normativas europeas y nacionales vigentes.
Teniendo en cuenta las posibilidades telemáticas y tecnológicos hemos propuesto para la tramitación de visado que la comparecencia pueda ser por medios telemáticos en vez de presenciales, cuando circunstancias, como la lejanía a la oficina consular, estado de salud, etc., así lo aconsejen.
Igualmente, también buscamos reconocer como familiar a quien mantenga con la persona español una relación de afectividad análoga a la conyugal y esté inscrita en un registro público establecido a estos efectos, aunque este no se encuentre en un país de la UE, Espacio económico europeo o Suiza y reconocer como familiar de español o española o de su cónyuge a los ascendientes en línea directa, independientemente del grado.
Finalmente, el CGCEE ha propuesto que se facilite a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género por parte de su pareja española que vivan en el exterior el retorno a España mediante una autorización de residencia temporal.
Las mejoras propuestas se añaden a la multitud de mejoras que este texto propone ya en su borrador que puede facilitar la reagrupación familiar por ejemplo a través de autorizaciones temporales que ahora tendrán una vigencia inicial de 1 año y serán renovables por otros 4 años.
Desde el ministerio se establece que “el Reglamento abre puertas que antes estaban cerradas con tres llaves fundamentales para la inclusión: la formación, el empleo y la familia. Ofrecer un sistema garantista nos obliga a ser exigentes con los requisitos y exquisitos con los derechos humanos”.
El borrador propone mecanismos que permitan” formar talentos, fomentar su empleabilidad y retenerlos”.
Se propone que las personas que vienen a realizar estudios superiores no tengan que renovar sus permisos cada año y su autorización dure lo que duren sus estudios y habrá una vía rápida para poder tener autorización de trabajo tan pronto acaben los estudios lograndp una inclusión en el mercado laboral inmediata.
Se podrá trabajar por cuenta propia y ajena a la vez
El texto en su afán de mejorar la situación de muchos inmigrantes plantea soluciones para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida y protege contra la explotación laboral, al permitir cambiar de empresario en caso de explotación o imposibilidad de realizar el trabajo y facilita la regularización de aquellos inmigrantes que sean objeto de explotación laboral.
Se busca facilitar que las personas que llevan tiempo en España y no podían trabajar puedan cambiar su situación.
El texto ya flexibiliza los requisitos para acceder a la reagrupación familiar y mejora el tema de la acreditación de requisitos económicos y lo más importante para la diáspora es la modificación del arraigo familiar y se aprueba el estatuto de familiar de español.
La necesidad de una reforma de la Ley de Extranjería en España se debe a una combinación de factores que incluyen cambios en los flujos migratorios, evolución de la sociedad española y la necesidad de adaptar la legislación a las nuevas realidades y a los estándares internacionales.
La Ley de Extranjería actual data de hace varios años y desde entonces han cambiado significativamente los patrones migratorios, así como las necesidades de la sociedad española. Una reforma permite actualizar la ley y adaptarla a esta nueva realidad.
Los procedimientos migratorios suelen ser complejos y burocráticos, lo que dificulta la regularización de la situación de muchos extranjeros. Una reforma puede simplificar estos trámites y hacerlos más accesibles.
La reforma busca garantizar una mayor protección de los derechos de los migrantes, tanto en lo que respecta a sus condiciones de vida como a sus oportunidades de integración en la sociedad española.
La nueva ley busca fortalecer los mecanismos para prevenir y combatir la explotación laboral de los migrantes, especialmente en sectores como la agricultura o el cuidado de personas mayores y promueve políticas de integración social de los migrantes, facilitando su acceso al mercado laboral, a la educación y a los servicios públicos.
España tiene la obligación de cumplir con las normas internacionales en materia de derechos humanos y de migración. Una reforma de la ley puede ayudar a garantizar que la legislación española esté en línea con estos estándares.
Es bueno ver que desde el gobierno se opta por acojer y dar derechos a los inmigrantes en contraposición con el gobierno de Keir Starmer en Reino Unido, supuestamente progresista y que alababa el trabajo de Meloni en Italia respecto a la emigración.