El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su Plan de Acción por la Democracia y, a simple vista, parece apuntar hacia la protección de los ciudadanos frente a la desinformación. El derecho a una información veraz, nos dicen, emana de la Constitución. ¿Quién podría oponerse a algo tan noble? Llamarlo Ley de Intervención de Medios o crear el Ministerio de la Verdad cantaría mucho.
Pero, detrás de este plan con nombre rimbombante, surge una duda inevitable: ¿quién decide qué es un bulo? Y más importante aún, ¿quién controla a los que tienen ese poder? Porque cuando es el propio gobierno el que asume la tarea de vigilar a los medios de comunicación, la línea entre lo que es protección y lo que es censura se vuelve alarmantemente borrosa. ¿Qué opinar de las energías renovables y todas esas plantas solares, o de esos parques eólicos? ¿Podemos opinar o, según de dónde venga la opinión vale o no vale, es censurable, es denunciable, o es buena, bonita y, excúsenme, barata?
No es la primera vez que asistimos a este tipo de iniciativas con un envoltorio reluciente y un trasfondo preocupante. La historia nos ha enseñado que cuando el poder se adjudica la facultad de controlar la verdad, no suele tardar en usarla en su propio beneficio. Lo que hoy es una medida para combatir las fake news, mañana puede convertirse en un mecanismo para silenciar a aquellos que critican o desafían al sistema. Las intenciones iniciales se diluyen y lo que queda es un control cada vez más asfixiante sobre la libertad de expresión.
El plan, con su promesa de transparencia y pluralidad, es una trampa. Un pretexto para tener a los medios bajo la lupa del Ejecutivo, como si fueran niños malcriados que necesitan corrección. ¿Y el papel de los medios como contrapeso del poder? Bien, gracias. Porque aquí ya no se trata de vigilar, sino de someter. Los medios, por corruptos o mediocres que sean, tienen la función de desafiar al poder, no de arrodillarse ante él. Pero ahora resulta que es el gobierno el que decide qué es verdad y qué es mentira. ¡Viva la libertad de prensa! Mientras sea la que ellos aprueben, claro.
Y todo esto, por supuesto, en nombre del bien común, de la lucha contra las mentiras. ¡Qué filántropos nos han salido! Pero no nos engañemos: la democracia no se alimenta de la verdad oficial, sino del choque, del enfrentamiento, del debate abierto y feroz si hace falta. Incluso cuando esas ideas apestan. Si dejamos que el poder controle la información, que la filtre y la mastique antes de dárnosla, entonces lo que estamos perdiendo no es solo la libertad de expresión, sino nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Y cuando queramos abrir los ojos, ya será demasiado tarde. ¡Ay, Orwell y el Ministerio de la Verdad!
¿Quién vigila al vigilante? De eso nadie sabe nada. Porque si no lo hacemos, cuando queramos darnos cuenta, el control sobre la verdad ya no será un debate, sino que será un hecho consumado. Señor Sánchez Pérez-Castejón, por favor, dígame qué es lo que tengo que decir para que no me censure.