Lo de la pederastia en la Iglesia Católica no ha hecho más que empezar, por lo que toda cifra es provisional. Además, el número total de delitos que se podrán conocer será mínimo en comparación con los que se cometieron, pues a las víctimas que habrán fallecido se sumarán las que no jamás denunciarán.
Francia: “Al menos 216.000 casos de pederastia en la Iglesia francesa, según una comisión independiente. Dos años y medio de investigaciones dan lugar a medio centenar de propuestas, entre ellas reformar el secreto de confesión”. El País, 05/10/2021.
Portugal: “El informe de los abusos sexuales en la Iglesia portuguesa: al menos 4.815 víctimas desde 1950”. El País, 13/02/2023.
España: “La auditoría de los abusos en la Iglesia española suma ya 4.000 víctimas pese a las trabas de varios obispos”. El Diario. 16/02/2023.
Teniendo en cuenta que las investigaciones avanzan a ritmos dispares es inútil cruzar esos casos de pederastia en cada país con sus poblaciones respectivas: los sacerdotes franceses y portugueses parecerían 38 y 5,5 veces más pederastas que los españoles, algo fuera de lugar.
En cambio, para lo que sí sirve el cruce de casos de pederastia con el de habitantes es para constatar que “las trabas de varios obispos” son la causa de que en el Reino de España avance con exagerada lentitud una investigación que es similar a las realizadas en las repúblicas portuguesa y francesa.
Esta lentitud española en la investigación de los pederastas que han abusado investidos de la autoridad eclesiástica multiplica una impunidad que es muy elevada en esta clase de delitos, sea cual sea su entorno.
En mi opinión, el problema del Reino de España es que la impunidad es el resultado de una historia en la que durante muchas generaciones han predominado los periodos de crueldad de las élites contra los de abajo.
Por ejemplo, si se hiciera una encuesta a todas las personas mayores de edad, la inmensa mayoría respondería que los golpistas de 1936 cometieron delito, pues no hay ninguna legislación en el mundo que considere legal tal grado de violencia como solución para cambiar el rumbo de una sociedad.
En cambio, nunca pagaron por sus crímenes ni aquellos militares, ni los grupos de falangistas que sacaban a sus vecinos para fusilarlos sin juicio en cualquier descampado, ni tampoco los que aprovecharon la postguerra para adueñarse de bienes que pertenecían a republicanos. Y, para confirmar la impunidad absoluta de tanto criminal en el bando de los vencedores, la Ley de Amnistía aprobada durante la Transición metió a los culpables en el mismo saco de unas víctimas que durante la dictadura fueron condenados por reclamar democracia.
Si en la misma encuesta se preguntara si creen que en España han pagado por sus delitos todos los políticos que se han corrompido y enriquecido gracias a los cargos que desempeñaban, la mayoría, aún sin llevar la cuenta, diría que no, que hay muchos que se han librado, a pesar de los casos tan relevantes que han aflorado en los últimos años.
Y si en la misma encuesta se preguntara si están de acuerdo con que el jefe del Estado pueda cometer cualquier delito sin rendir cuentas ante la Justicia, es probable que el porcentaje de respuestas negativas y escandalizadas por una pregunta tan ofensiva se acercara al 100%.
En cambio, la sociedad española ha contemplado, sin reaccionar, como el fiscal anticorrupción archivaba en marzo pasado la investigación iniciada por delitos de Juan Carlos I con el argumento de que la “inviolabilidad” de que disfrutaba impide que sea sometido a juicio, fueras cuales fueran los delitos que cometió durante su reinado.
Y en cambio también, el ex presidente francés Sarkozy ha sido condenado a tres años de cárcel por financiación ilegal de una campaña electoral.
En el Reino de España, cada persona de abajo puede opinar lo correcto, pero, ante la impunidad que prevalece, acepta las decisiones de los que mandan para evitar un mal mayor que siempre terminan pagando los mismos.