La semana pasada se produjo el enésimo conflicto a causa del vano intento de ciertos diputados catalanes de hablar en su lengua desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Naturalmente, han acabado expulsados y con la palabra retirada por lo que parece que se considera un acto vergonzante: que un representante político hable en su lengua. Una lengua, que, según la Constitución, es tan española como el castellano. Pero, en fin, España es así…
Todos los diputados que pertenecen a minorías lingüísticas junto con los de Podemos abogan por cambiar el reglamento que establece la prohibición de usar otra lengua que no sea el castellano durante las sesiones parlamentarias, pero obviamente esta propuesta queda sistemáticamente sofocada por los diputados de los otros partidos, que constituyen una gran mayoría y que ya se sienten suficientemente cómodos utilizando su propia lengua y obligando a los demás a renunciar a la suya. Pero, en fin, España es así...
Miren, dado este talante de sesgo claramente excluyente que preside la opinión pública generalizada en España, con las excepciones individuales que proceda salvar, pero que, injustamente, sitúa el castellano por delante de cualquier otra lengua del Estado, yo puedo comprender que desde cualquier provincia española de matriz lingüística castellana se entienda como un exceso pretender que, en una sesión que tiene lugar en una sede parlamentaria que está ubicada en Madrid, alguien pueda hablar en una lengua que no sea el castellano. Pero, desde un posicionamiento radicalmente democrático donde se prime la igualdad, es una notable desconsideración, un menosprecio hacia lenguas que se consideran tan españolas como el castellano y, en definitiva, una memez digna de prejuicios y totalitarismos que deberían haberse abandonado hace ya bastantes décadas. Pero, en fin, España es así…
Porque no se puede olvidar que, por mucho que el Congreso de los Diputados tenga su sede en Madrid, es una cámara donde reside el poder legislativo español. No únicamente el madrileño. Y, en ese sentido, según la Constitución, tan España es Madrid como lo es Cataluña y, por consiguiente, todas las comunidades deberían tener garantizados sus derechos por igual. Y la lengua es uno de los más importantes. Si no lo fuera, no se tomarían decisiones tan drásticas como retirar la palabra a un diputado.
Según toda lógica, en el momento en que se celebra una sesión parlamentaria, el Congreso de los Diputados ya no está en Madrid, sino en España. Y, en España, hay más de una lengua oficial, aunque sea territorialmente. Yo comprendo que no se pueda andar por Madrid hablando catalán y pretender que todo el mundo te entienda, pero en esa sede parlamentaria, sí. Porque en el Congreso de los Diputados hay representación de todas las provincias y no es de recibo que unas tengan más prebendas que otras. Y, hoy por hoy, solo pueden expresarse en su lengua materna los diputados de lengua castellana. Los demás, no. Y eso es desigual. Es discriminatorio. Es excluyente. Y es una imposición, a pesar de que el emérito, que, por su condición, ha esquivado la justicia, dijera un día que “nunca fue, el castellano, lengua de imposición”. Pero, en fin, España es así.
Y es ridículo que alguien en su sano juicio pretenda que todos los ciudadanos que no tenemos el castellano como lengua propia nos sintamos a gusto en un Estado que discrimina y persigue nuestra lengua hasta el punto de prohibirla en una institución que no es de Madrid, sino de España y, por lo tanto, de todos los españoles, sea cual sea su lengua. Como es ridículo que el Estado haya impedido, una vez tras otra y en todas las ocasiones en que se ha intentado, que el catalán fuera lengua oficial de la Unión Europea cuando, por parte de esta institución, no hubiera habido ningún problema en aceptarla como tal. Pero, en fin, España es así.
Como es igualmente ridículo esgrimir supuestas dificultades de comprensión de otras lenguas por parte de los diputados exclusivamente castellanohablantes. Sí, esos que abogan por el bilingüismo de los catalanes para poder, ellos, continuar siendo cerrilmente monolingües. Todo el mundo sabe que, a partir de un determinado nivel cultural, cualquier español, con un poco de voluntad, es capaz de entender catalán y gallego sin dificultad. No así el vasco, efectivamente. Sin embargo, tanto en este caso como en el de los otros dos, existe la posibilidad de la traducción simultánea a través de auriculares para que todos los diputados, sin ser discriminados por su procedencia, se puedan expresar con comodidad. Ah, pero eso no. ¿Y saben por qué no? Pues porque la imagen de diputados españoles escuchando por traducción simultánea lo que dicen otros diputados españoles podría dañar la fraudulenta imagen que se quiere dar de la cultura española como monolítica. Y, sintiéndolo mucho, hay que entender que, por mucho que les escueza a algunos, esa supuesta monolítica cultura española no es tal. Porque están la vasca, la gallega y la catalana. Y van a estar ahí siempre. O, por lo menos, muchísimo tiempo. Dando la lata, aunque ustedes no quieran. Y afeando esa quimera que persiguen de la España una. Porque esa España solo existe en la imaginación de quienes la desean. Se aferran a una cosa que no es real. Y como no es real, les hace aguas por todas partes y, a poco que se descuidan, enseguida se les ve el plumero. Pero, en fin, España es así.
Y precisamente porque es así, hay tantos ciudadanos en Cataluña que no queremos pertenecer a un Estado con esa obsesión por uniformizarse. Un Estado, totalitario e hipócrita en cuanto al tratamiento de su pluralidad cultural. Y digo hipócrita porque no es consecuente con lo que proclama en su Constitución, que, en el artículo 3.3 establece que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Y después, autoproclámense constitucionalistas. De pacotilla, desde luego.
Algunos me dirán que el reconocimiento de que gozan en España las lenguas distintas del castellano es mayor que en muchos países. Quizás, mayor que en Francia o Italia, sí. Pero, por supuesto, mucho menor que en Bélgica, Suiza o Canadá. Y, en cualquier caso, es insuficiente para una comunidad que clama por que le sean respetados sus derechos lingüísticos y de toda índole. En la administración de justicia, en las plataformas cinematográficas y en las salas de proyección, en los juguetes parlantes, en el etiquetado de productos comerciales, en los prospectos de medicamentos, en los documentos de instrucciones, en las compañías de seguros o de telefonía, en las notarías, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en muchos otros ámbitos, el uso del catalán es poco menos que residual.
Y, sin embargo, han ido a fijarse solo en la educación, que es un ámbito donde teóricamente el catalán es mayoritario, pero donde, en la práctica, en muchos casos, el castellano es dueño y señor de la comunicación. ¿Por qué el Estado, en Cataluña, en virtud de ese especial respeto y protección que cacarea la Constitución, no se plantea también establecer unos porcentajes mínimos de uso del catalán en la policía, en el ejército, en los juzgados, etc., como han hecho en la educación con el castellano…?
Imagínense para el castellano un trato como el que España da al catalán. Hagan ese esfuerzo de empatía, por favor. Pónganse en nuestro lugar. Ya sé que a algunos –bastantes…, muchos, de hecho–, de mentalidad poco democrática, centralista y excluyente, les costará un poco hacerlo, intentarlo siquiera, pero les pido que hagan ese esfuerzo por una vez. Y, entonces, piensen: ¿ese trato les bastaría?