En aquellos países donde los gobiernos tienen diseñados una configuración federal, cuentan con cuerpos policiales adaptados a unas consideraciones administrativas, profesionales y judiciales de ámbito plurinacional en sus diferentes territorios. En un futuro en nuestro país, España, se deben acometer mecanismos para garantizar una seguridad ciudadana eficaz y coordinada en todos los rincones donde se deba actuar en materia de seguridad nacional, allí donde se vea obligada atender. Se deben fijar criterios de decisiones concertadas en materia de coordinación, teniendo en cuenta al resto de policías locales y autonómicas, bajo el principio de reciprocidad y justicia universal entre autonomías y el respeto competencial de las administraciones de todos los gobiernos existentes.
La Policía Federal diseñada desde una organización civil, debe disponer de mecanismos de tutela jurídica y proyección profesional de todos y cada uno de sus componentes sujetos a una total dedicación como servidores públicos. Su dotación deberá ser la mejor inversión en centros de formación, materiales adecuados que se distingan proporcionables a los retos que en materia de seguridad ciudadana deban atender. Una organización necesaria interna, capaz de tener un modelo organizativo distinto al actual. Unas aulas de formación atendidas por personal interno y externo, donde se imparta aplicación y conocimiento de las diferentes lenguas oficiales, herramientas y mecanismos necesarios que sirvan desde una óptica concebida en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, deben jugar un papel importante en la tutela de esta formación educativa, que debe ser social y disuasiva, y que, aparejada a la propia formación reactiva, de inteligencia e investigativa propia de una policía civil, debe formar a funcionarios con un nivel superior académico para atender los grandes retos encomendados. Ello, sin lugar a duda, propiciará una formación posgradual que ayudará a una policía incorruptible, neutral y sin condicionantes antisociales.
Este modelo de policía civil con una atención diferente en sectores desprotegidos, términos rurales, sociedad marginal, donde hasta ahora no existen garantías de poder atender con eficacia y prontitud cualquier emergencia, debido a la configuración actual de varios modelos de policías, la militar y la civil, organizaciones que mantienen regímenes de personal bien diferenciados, concebidos para ejecutar los servicios en núcleos dispares y, por tanto, nada coordinados. Mantienen unas disputas por la competitividad entre sus direcciones nacionales, lo que hace, se genere una situación que debe tener un final acorde con la pretendida Policía Federal.
Estamos, por tanto, ante la posibilidad de agrupar y coordinar una inmensa dotación de profesionales, hombres y mujeres, capaces de aportar un despliegue aproximado a los doscientos cincuenta mil seiscientos efectivos. En esa nueva estructura deben incorporarse todos los efectivos del CNI y Vigilancia Aduanera, lo que supondría el más importante medio de seguridad previsto para el estado futuro. Un modelo policial perfectamente eficaz que atienda al conjunto de pueblos y ciudades dependientes del estado central, y se acabe con la desigualdad entre poblaciones en materia de seguridad ciudadana. Las especialidades de ambos cuerpos que hasta ahora han sido diferenciadas por el carácter militar de la guardia civil y un despliegue inadecuado de este cuerpo, nos permite asegurar que no será obstáculo para corregirlo, bajo una estructura jerarquizada de naturaleza civil como corresponde a un país de primer orden social en Europa. En ese estado federalista, no se puede seguir limitando espacios a la seguridad y seguir ofreciendo según el color del uniforme, unos servicios de mejor o peor calidad policial.
Igualmente supondría un ahorro considerable en inmuebles (casas cuarteles) que se encuentran obsoletos, carentes de las mínimas garantías de habitabilidad y privacidad, cosa que no ocurre en Cuerpo Nacional de Policía ni afecta a sus miembros. Se ahorraría en uniformidad, dotaciones y armamento que no cumplen con los estándares de una policía civil. No es de recibo que cada cuerpo actualmente realice gastos acordes con las diferencias descritas que suponen un desembolso duplicado en materia de logística y material. La Administración de un solo cuerpo conllevaría la recuperación de miles de funcionarios para otras tareas operativas y se pondría fin a la desigualdad entre los funcionarios de ambos cuerpos, vieja e histórica reivindicación que merece poner fin a tantos años de incomprensión en materia reivindicativa. Estamos proponiendo una regeneración social y profesional conforme al estado federal del que se viene tratando.
La razón de estado en materia de seguridad exterior y otras misiones internacionales deben ser perfectamente atendidas por otros cuerpos no civiles, adscritos al Ministerio de Defensa, cuyas competencias no deberían recaer en el Ministerio del Interior como hasta ahora. Se liberaría a cientos de funcionarios de policías de Embajadas y Consulados, se atendería por cuerpos adiestrados, con armamento y capacidad de reacción que darían respuesta a actos terroristas como los acaecidos con la muerte de funcionarios policiales en países donde las guerras civiles son conocidas en el marco de las desigualdades y la falta de democracias participativas en muchos lugares donde el estado español, tiene presencia.
En definitiva, consideramos necesario para los próximos meses de legislatura política la definición de los grupos del arco parlamentario español respecto a un modelo policial moderno, eficaz, que sirva de vertebración en todo el territorio nacional, comunidades autónomas y ayuntamientos, respetando y en plena coordinación con las policías Autonómicas; Ertzaintza, Mossos D'Esquadra y Policía Foral de Navarra. Un verdadero modelo policial, donde se pueda tener una matriz legislativa completa y capaz de coordinar la labor de todos los funcionarios de la seguridad.
Una policía civil, próxima al ciudadano de a pie, con derechos de libertad sindical y de afiliación a sindicatos de clase, que darán un plus de seriedad y rigurosidad en lo laboral y en la atención a la ciudadanía. Y por qué no decirlo, pensando en jóvenes de futuras generaciones que, necesitan sentirse protegidos, no vigilados, ni sancionados de forma continua en el ámbito de una ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, de 30 de marzo, que cuyo fin, solo ha servido para crear un sistema de crispación social y de represión sancionadora. Un divorcio existente entre sociedad y su policía, que ha supuesto que la paz social en las calles, plazas y vías transitables se contemple menos agradable, debido a unas actuaciones indiscriminadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, tratando de imponer un modelo de comportamiento a la sociedad civil, bajo la coacción sancionadora.
La criminalidad organizada, es otro apartado que requiere la creación de la Policía Federal, perfectamente coordinada entre el gobierno central y el de las distintas autonomías y territorios con policías propias, para hacer frente a este tipo de organizaciones delictivas. Las competencias en materia de la seguridad interior y exterior en un estado plurinacional, requiere adaptar sus policías a una nueva organización de todas ellas, en el reto de combatir el serio problema de la corrupción en órganos administrativos en los distintos gobiernos: central, autonómicos y locales, que de forma decidida, tengan que erradicar estas prácticas delictivas, que por expansión, afecta al conjunto de la sociedad y ampara a número considerable de organizaciones criminales en el país instaladas en las instituciones.
Aparejado a lo anterior, se debe legislar sin ningún tipo de complejo, unas herramientas suficientemente claras para que el poder judicial y las distintas policías, trabajen con un sistema de contención y rechazo ante cualquier acto punible con las debidas garantías procesales tanto para los funcionarios, como para las personas que incurran en cualquier acto delictivo. Una ley de Enjuiciamiento Criminal y un Código Penal, adaptado a las nuevas prácticas delictivas asociadas a ciberdelincuencia, que desde más allá de nuestras fronteras se detectan, cuya aplicación suponga, rechazar en el territorio nacional, el asentamiento de personas o grupos con historial delictivo en sus países de procedencia.
En el ámbito de nuestro compromiso social, creemos necesario, se debe garantizar a la sociedad civil un reto de imperiosa necesidad, poner fin a un modelo policial que data del año 1986, Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde dos cuerpos bien diferenciados Policía Nacional, Guardia Civil, descoordinados entre sí y con respecto a las policías de ámbito autonómico y locales, sigue siendo un error de todas administraciones. Mantener diferencias en materiales distintos en la contención de los actos violentos en manifestaciones, competencias y bases de datos sin una aplicación común, es una demanda que se debe solucionar.
Se debe acometer un serio trabajo en la presente legislatura que suponga empezar a trabajar en un Estado Federal Policial, acorde con las necesidades de una sociedad europea progresista y sin olvidar al reto de la emigración de los ciudadanos de países próximos, flujos migratorios que igualmente desde los países de origen deben ser atendidos como suma reciprocidad, con el gobierno central y el resto de las comunidades.
Estas reformas se deben atender desde una mayoría de fuerzas políticas con sentido progresistas-reformistas y aquellas otras formaciones con presencia en el marco parlamentario actual, donde la presencia de expertos profesionales de las actuales policías del estado central, autonómicas y locales, así como las organizaciones sindicales de todos los cuerpos que se mencionen a los efectos de las reestructuraciones necesarias en el ámbito organizativo de este importante reto, puedan jugar un papel fundamental.
La seguridad y la libertad deben ser condicionantes imprescindibles para poder conseguir este objetivo que necesariamente tendrá que ser reflejado en una nueva ley de seguridad ciudadana. El actual gobierno, sus socios y la configuración de formaciones progresistas, tienen un ineludible deber democrático de trabajar y ponerla en práctica. La Agrupación Reformista de Policías (ARP), así lo entiende, y por ello, creemos que son necesarias las siguientes reformas legislativas en el ámbito de la Seguridad Ciudadana:
1º Una Ley de Seguridad Nacional, basada en unos principios inequívocos de sus actuaciones, que deberán ser los preceptos de defensa de los derechos y libertades de los españoles y la defensa de los derechos humanos de todos los residentes en territorio nacional bajo el concepto de un cuerpo civil, no sujeto a otras intenciones políticas o de intereses de espalda a la ciudadanía. Es necesaria la aprobación de una nueva Ley sobre Seguridad Nacional que contemple las necesidades de los distintos sectores implicados, en defensa de una legislación moderna y efectiva.
2º La creación de un Cuerpo de Policía Federal que ponga fin a un ciclo de más de cuarenta años que ha venido evolucionando en una sola vertiente de Seguridad del Estado (Cuerpo General Policía, Cuerpo Superior Policía, Policía Armada, Policía Nacional) que como se sabe. han venido transformándose, hasta la actual Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, llevándose a efecto derogaciones en diferentes capítulos, por los gobiernos que han considerado en este tiempo, "parchearla" para adaptarla a oportunistas exigencias sociopolíticas sin un desarrollo profundo.
Por ello, será necesario atender las derogaciones siguientes:
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección Seguridad Ciudadana.
Ley Orgánica 9/2015, de 28 de Julio, de Régimen de Personal de Policía Nacional.
Ley Orgánica 29/2014, de 28 de Noviembre, de Régimen de Personal Guardia Civil.
3º El cuerpo resultante, Policía Federal, lo integrarán la totalidad de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI, y Vigilancia Aduanera, unificando todos estos cuerpos bajo la dependencia organizativa y estructural por parte del Ministerio de Seguridad Nacional, quien dispondrá en casos de inseguridad, atender en un orden de prioridades, las necesidades reales que puedan tratarse de los espacios geográficos diseñados a tal efecto.
4º La implantación efectiva del servicio por parte del Ministerio de la Seguridad Nacional, en las ciudades y zonas rurales, una reorganización de los servicios por parte de la Dirección Única de la Policía Federal , deberá ser una prioridad, para atender una seguridad ciudadana de calidad y de cantidad de efectivos, en evitación de más gastos de los que ya se han realizado por los gobiernos centrales, y que, ha supuesto una clara discriminación de territorios y una distribución dispersa y descoordinada, en recursos humanos. Se eliminaría la duplicidad de altos cargos en la cúpula policial, se acabaría con diferencias profesionales, fuga de información a sectores no proclives a estos cambios y al "celo profesional" entre miembros como ocurre en la actualidad. La Administración de Justicia y las Fiscalías tendrían una sola vía donde recurrir para las tareas propias en ambos Ministerios, lo que supondría unificar trabajo, eficacia y productividad judicial.
5º Como paso previo por parte del Ministerio de la Seguridad Nacional, a la creación de una verdadera Policía Judicial dependientes de Jueces y Fiscales, se debe determinar la adscripción inmediata de Unidades Judiciales de la Policía Nacional y Guardia Civil, en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, a Juzgados y a las Fiscalías Provinciales
6 º La erradicación de la Violencia de Género es una cuestión prioritaria de Estado, y, por tanto, es necesario estudiar la responsabilidad subsidiaria. en este tipo de delitos con ocasión de lesiones o muertes. Entendemos que muchas de las muertes que se producen en España no han sido evitadas una vez denunciadas las situaciones de riesgo por las víctimas, por la situación de precariedad con la que se atiende en las distintas administraciones competentes, pese a la voluntad de los profesionales partícipes del control en el actual sistema de prevención y custodia de personas vulnerables.
7º Se establecerán normas de coordinación y de actuación con otros cuerpos de seguridad que se contemplen en la futura Ley de Seguridad Nacional, que afectarán a policías autonómicas y locales que igualmente suponen un importante número de efectivos que alcanzaría una cifra muy considerable funcionarios, superior a las actuales dotaciones, que deberán tener plena coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, órgano que deberá crearse en clara armonía con el de Justicia.
8º Se debe coordinar con la Administración de Justicia, la elaboración de protocolos de actuación y formación efectiva sobre aspectos de identificación a personas en la vía pública bajo la tutela del Ministerio fiscal, completamente diferentes a las actuales actuaciones de los funcionarios de policía, preservando los derechos y libertades de los ciudadanos, procurando justificar cualquier identificación, previa autorización por el mencionado órgano fiscal de guardia.
9º Se deberá crear Junta Nacional de Seguridad, en las cuales, políticos, juristas y profesionales de la Policía Federal, y de las distintas Policías Autonómicas y Locales, analicen con rigor la evolución de los índices de criminalidad en sus territorios, gastos y necesidades reales de efectivos. Estadísticas reales que podrían deberán ser asumidas por todas las Administraciones, para la configuración y despliegue de unas policías perfectamente coordinadas, respetando la composición de áreas de trabajo, materias y asuntos de cada comunidad. Actualmente estas juntas denominadas, Juntas Locales de Seguridad, son un testimonio simbólico de los cuerpos de seguridad, que sirven para cubrir un expediente burocrático y exponer estadísticas de claro marketing político.
10º Se debe concebir la Legalización y Regulación del uso del Cannabis, en materia de uso medicinal como ya se viene gestando y, de consumo, en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de las drogas y grupos de organizados que atentan desde el exterior a la población carente de una regulación propia en España. Su apuesta perfectamente coordinada con otras administraciones locales y autonómicas, darían respuesta desde el estado plurinacional que en estos momentos carece de elementos y objetivos comunes para erradicar el crimen organizado. La Policía Federal, debe asumir esta competencia fundamental para dar respuesta a millones de consumidores y usuarios de plantas medicinales y uso recreativo, protegiéndoles del submundo ilícito y de grupos de delincuentes de quienes dependen en muchas ocasiones por la falta de atención del estado de derecho.
Estas reivindicaciones se encuentran abiertas a la sociedad plural y, por tanto, invitamos a juristas, profesionales de la seguridad, colectivos sociales, formaciones políticas y sindicales, a su participación y confección de una propuesta capaz de materializarse en propuesta de Ley Orgánica. Es el principio de una idea concebida para afrontar el reto de mejorar la seguridad desde un estado federal, en los diferentes territorios y gobiernos, mediante una concepción de modelo policial que ofrezca garantías a ciudadanos, sus derechos y libertades en la España Multicultural y Diversa, bajo la marca "EMD", seña de identidad que, debería reflejarse en cualquier representación, distintivo, de la futura Policía Federal.