Entre los españoles, hay quienes entienden que el catalán, como lengua oficial de Cataluña, no merece un trato igualitario con el castellano porque esta es la lengua oficial en todo el Estado, mientras que el catalán es oficial solo en determinados territorios. No me dirijo a ellos en este artículo porque les considero incapaces de entender la posición que me propongo exponer. Pero, al contrario, hay también quien cree que el catalán sí debería estar al mismo nivel que el castellano, ya que es la lengua de muchos catalanes y no parecería justo que los ciudadanos de habla castellana tuvieran ventajas lingüísticas con respecto a los de habla catalana.
En este artículo, quiero dirigirme, sobre todo, a aquellos españoles que, sin prejuicios culturales contra todo lo que huele a catalán, entienden que la convivencia exige igualdad y, por tanto, estarían de acuerdo en que ambas lenguas convivieran en armonía en un territorio en el que, por bien o por mal, por razones históricas y demográficas, están condenadas a ceder espacios o a que una de las dos termine por engullir a la otra.
Pues bien, vamos a ver cómo podríamos plantear llegar a esa igualdad, naturalmente, sobre el supuesto de que, si hay que llegar a una igualdad, debe de ser porque esa igualdad no existe hoy en día y que, por consiguiente, habrá que ver cuál de las dos lenguas se encuentra en peor situación. Analicemos, pues, unos cuantos datos a partir de estudios realizados por la ONG Plataforma per la Llengua y el Institut d’Estadística de Catalunya.
Estas son las cifras que se registran sobre el conocimiento de las dos lenguas por parte de la población mayor de 15 años, según el estudio realizado en 2018 y no rebatido por nadie:
Naturalmente, estos datos se refieren al conjunto de Cataluña. En determinadas regiones o barrios las cifras pueden ser notablemente diferentes, pero, en cualquier caso, si aceptamos las cifras globales como punto de partida, observamos que ninguna de las cifras sobre conocimiento del catalán alcanza el 95% y, sin embargo, en algunos casos, está notablemente por debajo, mientras que las de conocimiento del castellano están todas por encima del 97%. De ello, se puede extraer una nueva tabla que deduzco de la anterior:
Hay que entender que las cifras de esta segunda tabla referidas al castellano corresponden, muy probablemente en su totalidad, a la población procedente de fuera del Estado español que todavía no se ha integrado lingüísticamente. Porque lo que sí es cierto es que no hay ni un solo catalanohablante que no sea también castellanohablante. Sin embargo, sí hay castellanohablantes, en Cataluña, incapaces de expresarse en catalán y, según estas cifras, también los hay incapaces de entenderlo. Una primera desigualdad que habría que corregir para que pudiéramos tender, en un futuro, a esa igualdad deseada entre las dos lenguas. Y eso exige, por de pronto, un esfuerzo para discriminar positivamente el catalán sin que, por ello, algún castellanohablante sienta que, en Cataluña, se trata injustamente su lengua.
Permítame, en este punto, amigo lector, una aclaración sobre el concepto de bilingüismo que tan alegremente se vende a menudo como la panacea para la buena convivencia en Cataluña. Una convivencia, por cierto, que ya es inmejorable por mucho que, desde ciertos sectores, se quiera hacer creer lo contrario. Pues bien: resulta que ciertos defensores a ultranza del bilingüismo pretenden, sin decirlo abiertamente, que los bilingües seamos solo los catalanohablantes. ¿Y para qué? Pues para que los castellanohablantes a los que no les apetezca aprender la otra lengua oficial del país puedan mantener cómodamente su ultramontano y montaraz monolingüismo. Un monolingüismo, por cierto, vetado absolutamente a los catalanohablantes, que obligatoriamente hemos tenido que aprender castellano tanto si queríamos como si no.
Otro detalle a tener en cuenta si se trata de llegar a la igualdad de las dos lenguas pues, una vez instalada nuestra sociedad en la evidencia que todo el que es competente en catalán lo es también en castellano, pero no a la inversa, es urgente disponer de algún dispositivo eficaz a través de cual el monolingüismo sea imposible para todos y ambas lenguas puedan, así, convivir en estricta igualdad. Y eso nos lleva nuevamente a tener que ofrecer al catalán algunos recursos adicionales que le permitan llegar a ser, igual que lo es el castellano, una lengua conocida por todos los habitantes del país para que todos seamos capaces de usar cualquiera de las dos indistintamente. De este modo, nadie podrá sentirse discriminado por razón de lengua.
Naturalmente, uno de esos recursos es la escuela, que debería asegurar el conocimiento del catalán igual que asegura el del castellano, como demuestra el hecho de que, hoy por hoy, todavía salen de la enseñanza obligatoria alumnos incapaces de expresarse en catalán y, en cambio, no sale ni uno solo que no pueda hacerlo en castellano. Quizás esto explique el porqué de la insistencia de ciertos sectores, en Cataluña, en que la escuela debe, inexcusablemente, utilizar el catalán como lengua vehicular de la enseñanza. Y es que, de otro modo, el catalán no se aprende. Y no se aprende, precisamente, por la desigualdad existente entre ambas lenguas en amplias capas de la sociedad y por una legislación española concebida para mantener la desigualdad y la hegemonía del castellano. La escuela, pues, lejos de ser una institución que se use para imponer de manera ilegítima la lengua propia del país, como se quiere hacer creer desde algunos sectores, debe ser un elemento regulador de esa desigualdad entre las dos lenguas oficiales existente hoy por hoy en Cataluña y que tienda a ofrecer a todos los ciudadanos su derecho a aprender ambas lenguas por igual. Y, como he dicho antes, eso no se consigue en la escuela si la lengua catalana no es la lengua vehicular de la enseñanza.
Ningún alumno que termina su período de escolaridad obligatoria en Cataluña sale sin saber castellano. Hay que tener en cuenta, además, que el 93,1% de la población de Cataluña opina que hay que hacer políticas para que los niños dominen el catalán al acabar su escolaridad obligatoria. Y dentro de ese 93,1% hay, naturalmente, mucha población de lengua primera castellana que entiende que vive en una tierra donde coexisten dos lenguas y que no es normal que haya una parte de la sociedad que tenga la desfachatez de permitirse ignorar completamente la existencia de una de las dos, gracias a que la otra parte ha optado por aprender la suya, en algunos casos de buen grado y, en otros, simplemente, por imposición del Estado.
A propósito de la posición de los catalanohablantes con respecto a las dos lenguas, observemos cuál es su actitud lingüística ante un desconocido que es castellanohablante, incluso si este entiende el catalán, según estudio de 2018:
Como se puede observar, hay una actitud sumisa claramente mayoritaria ante el uso del castellano, en detrimento del catalán, contrariamente a lo que mucha gente piensa, seguramente de buena fe, gracias a la intoxicación informativa que se lanza desde ciertos sectores del periodismo y de la política. Y, a continuación, permítame, amable lector, unos cuantos datos sobre el uso del catalán en determinados ámbitos:
Según informe de 2023, la fiscalía de Barcelona solamente tramita un 10% de escritos en catalán. El resto se hace en castellano; el porcentaje de documentos notariales que se extienden en catalán es, sólo el 8,1% y, en el caso de los documentos mercantiles, únicamente alcanza el 6,9%.
Por otra parte, los juzgados de Cataluña desatienden el 81,3% de las peticiones que solicitan documentación en catalán y el 73% de los fiscales que ejercen en Cataluña no poseen acreditación alguna sobre conocimiento del catalán ―no lo olvidemos―, una de las dos lenguas oficiales en Cataluña e, históricamente, lengua propia del territorio.
En el ámbito de la sanidad, el 30,9% de los médicos de Cataluña no sabe hablar catalán y el 13% ni siquiera lo entiende, por lo cual hay una parte de pacientes que, si desea ser atendida, tiene que expresarse en castellano tanto si quiere como si no.
Si hablamos de espectáculos, hay que decir que las distribuidoras de películas de Madrid han recibido centenares de millones de euros para doblar al catalán y, a pesar de eso, la oferta de películas que se pueden ver en catalán, en Cataluña, no alcanza el 5%. Por consiguiente, los catalanes pagamos más para poder ver cine en catalán, pero no es posible ver más que ese pírrico 5%.
Y si hablamos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, huelga decir que, a pesar de trabajar en Cataluña, son muy pocos los que son capaces de interactuar con normalidad en catalán y existe, además, entre la población, un temor nada infundado a posibles reacciones digamos dudosamente constitucionales de determinados agentes ante un ciudadano que se atreva a expresarse en lengua catalana y a intentar mantenerla en una interacción. Como no se necesita requisito lingüístico alguno para ser destinado a Cataluña, el administrado se puede encontrar con que un agente de policía no le entienda en catalán y le pida que le hable en castellano. E, incluso, como ya ha sucedido en alguna ocasión, que lo denuncie por desobediencia a la autoridad.
Lo que he expuesto en las líneas precedentes no es más que una mínima parte de la desigualdad de trato que sufre el catalán en Cataluña. Si todavía hay quienes quieran creer que es el castellano la lengua que está discriminada, precisamente porque desde la escuela se prioriza el catalán para intentar alcanzar esa deseada igualdad entre ambas lenguas y que el bilingüismo sea realmente universal en la sociedad catalana, haría bien en reformularse sus planteamientos y cuestionarse si no es que debe de estar claramente influenciado por un cierto sentimiento nacionalista de matriz castellana, ciertamente excluyente y muy arraigado en ciertas capas de la sociedad española.