A la mañana siguiente de la manifestación organizada por el PP en Madrid, un auto del Supremo ha propuesto un juicio contra el fiscal general del Estado. El delito del que le considera sospechoso el magistrado Ángel Hurtado es el mismo que llevan meses atribuyéndole el PP y la inevitable Ayuso: revelación de secretos. Se supone que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría solicitado, y hecho circular, un correo de la pareja de Ayuso, el ya famoso González Amador, en el que pedía un pacto con la Fiscalía a cambio de reconocer algunas de las actividades fraudulentas con las que se había enriquecido.
El tóxico Miguel Ángel Rodríguez, pionero de la retórica delincuencial y chulesca que se ha impuesto a la política madrileña, ya lo había vaticinado: el fiscal general iba a ir palante. Pues aquí lo tenemos. El Tribunal Supremo no sólo coincide en este caso con la opinión del sicario, sino también con la del jefe de la banda (mira por dónde, hemos ido a parar a un símil con la mafia): todo el mundo tiene presente la orden de Aznar cuando dejó caer aquello de "quien pueda hacer, que haga".
Aplicado, como el que más, el magistrado del Supremo Ángel Hurtado hace lo que puede hacer: esto es, ver indicios de que el fiscal García Ortiz podía haber filtrado un correo que, por otra parte, todo el mundo conocía. Que un Tribunal Supremo busque las cosquillas tan intensamente en un fiscal general del Estado es algo inédito (últimamente la derecha española se ha respaldado, a los hechos inéditos), y si el fiscal llega a ser acusado formalmente y se le sienta en el banquillo, la crisis institucional y la degradación del estado de derecho es lo que verdaderamente preocupa).
Es previsible la tormenta de comentarios sobre si ahora Pedro Sánchez debe convocar o no elecciones, y la multiplicidad de respuestas según la multiplicidad de intereses de cada comentarista. Hay dos cosas seguras: una, no terminar las legislaturas se ha convertido en una costumbre fea, que entre otras consecuencias indeseables, tiene la de interrumpir el normal funcionamiento de la vida pública con excesiva frecuencia. Y dos, duele saber qué calculará Sánchez, pero lo que sí parece, a mi modo de ver, es la voluntad del Supremo de forzar la convocatoria de elecciones.
De la politización de la justicia el PP tiene sus manos muy sucias, pero también el PSOE, que ha jugado a remolque durante décadas. Sin embargo, las consecuencias las pagamos todos los ciudadanos que tenemos nuestras dudas en cuanto a la imparcialidad de la justicia española.
Respecto a este último comentario, me pregunto que deben pensar la mayoría de ciudadanos cuando el juez Hurtado es el que, en su día, intento evitar que Mariano Rajoy compareciera en el juicio de la Gürtel. También es el mismo juez que propuso que el PP no fuera sancionado como participe de la trama a título lucrativo.
La democracia española seguirá siendo deficiente mientras la justicia siga queriendo intervenir en la política y la gobernabilidad a golpe de expedientes, autos y sentencias. La capacidad de la justicia de imponer un relato que desafía la verdad conocida por los ciudadanos es indudable: en el juicio del Proceso pudimos ver cómo desfilaban decenas de policías, de los que habían apaleado a la gente en las calles, diciendo que no habían pasado nunca tanto miedo como durante el 1-O, y ésta no es tan sólo la "ver". Marchena ha publicado un libro reivindicando ese juicio vergonzoso, que él en cambio considera una obra de arte hecha y terminada.
Quisiera recordar que, dos días antes que se hiciera pública la sentencia del Procés, medios de comunicación de la capital la publicaron y no hubo investigación alguna de cómo, quien y de que forma la obtuvieron cuando todavía no era pública. ¿Se investigan estos casos o ... solo según a quienes les interesa?