La derecha no tiene el gobierno (sólo le falta controlar el Boletín Oficial del Estado), pero si tiene el poder mediante los poderes facticos: Iglesia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Judicatura, grandes empresas entre otras las integradas en el Ibex 35 y muchos de los principales medios de comunicación.
Destaca la Iglesia con tantos y variados privilegios, entre otros los más de 300 millones de euros que recauda todos los años por mediación de la declaración del IRPF, tantas propiedades inmatriculadas siendo muchas de ellas ilegales y alguna, ”aparatosamente legal”, como es la Mezquita de Córdoba, vendida a la Iglesia por Aznar en su etapa de presidente del Gobierno, por el “astronómico” precio de un euro.
Dispone igualmente la Iglesia de los capellanes del ejército, párrocos en hospitales públicos, monjas gestionando centros sociosanitarios públicos, radios y cadenas de televisión. Como así mismo Caritas. Todos estos servicios son subvencionados a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Pero sobre todo tiene especial relevancia seguir disponiendo de una parcela tan importante como es la educativa. Desde el advenimiento de la democracia, contamos nada menos que con ocho leyes educativas, siendo la última aprobada en diciembre de 2020 la LOMLOE o Ley Celaá en reconocimiento a la que fue ministra de Educación y que está plenamente en vigor.
A través de todas, se han mantenido los privilegios de la Iglesia en el sistema educativo. Esto es algo heredado del franquismo que, dejó este sector con tantas repercusiones en la Sociedad en manos del nacional-catolicismo, para inculcar y aleccionar a las/os niñas/os y jóvenes en la religión católica
En cada una de las leyes se contempla la injusta y discriminatoria enseñanza privada concertada. Algo que Felipe González ya desde las primeras elecciones generales de junio de 1977 prometió erradicar con aquella célebre frase: ¡y quien quiera enseñanza privada, ¡que la pague!. Sin embargo, al llegar a la Presidencia del Gobierno por mediación de las elecciones generales de octubre de 1982, se reunió con la Conferencia Episcopal y acordaron la primera ley educativa denominada LODE (Ley Orgánica Derecho a la Educación).
Son muchos los dirigentes “socialistas” que, despreciando a la enseñanza pública, tienen o han tenido a sus hijos en centros educativos privados de elite, o se vienen aprovechando de la arbitraria enseñanza privada-concertada, pagada a través de los Presupuestos Generales del Estado y a la que no pueden acceder, niños y niñas de familias humildes o migrantes.
Por supuesto, la ministra Celaá como buena católica fue premiada con la Embajada de España en el Vaticano, cargo que ostenta desde enero de 2022. Lo había ocupado anteriormente entre febrero de 2006 y abril del 2011 Francisco Vázquez, quien fue alcalde de La Coruña católico practicante y vinculado al Opus Dei.
La Educación es la parcela más importante de la Sociedad, mediante la misma, y si hubiera igualdad de oportunidades, erradicándose la enseñanza privada-concertada y potenciando la pública, con toda seguridad, tendríamos una Sociedad con más libertad y justicia social.