Vivimos en una sociedad plenamente consumista que para vivir genera ingentes cantidades de residuos de todo tipo. El “progreso” y la vida urbana han dejado atrás, entre muchas cosas, los pequeños comercios de venta a granel, los envases retornables y por el contrario ha favorecido las grandes superficies, Amazon y todo tipo de plataformas de venta online. A través de estos canales los productos que se venden precisan ser plastificados, encapsulados, enlatados, embotellados, empaquetados, etc. Este tipo de negocio sustentado en el usar y tirar genera astronómicos beneficios, pero al mismo tiempo está acabando con las materias primas y destruyendo el planeta.
Cada día se generan millones de residuos de todo tipo de envases; para hacernos una idea en 2023 los europeos generamos más de 2.200 millones de toneladas de basura doméstica. Según la Comisión Europea, más del 60% de estos residuos fueron a parar a vertederos, mientras que una parte aún muy residual se recicló. Otra parte la “exportamos” a países pobres, con gobiernos corruptos y que, con menos medios que nosotros, se quedan con la basura del mundo “civilizado”, lo que acaba provocando un sinfín de problemas de salud en las personas, cuando no multitud de desplazados como consecuencia de problemas ambientales.
En España, desde hace años el sistema de gestión de residuos de envases, en concreto del contenedor amarillo y del azul, está controlado por Ecoembes, una entidad que se presenta como “una organización sin ánimo de lucro que cuida del medioambiente a través del reciclaje” cuando en realidad es una empresa privada: Ecoembes, Ecoembalajes España S.A., con accionistas tan poderosos como Bimbo, Pascual, Campofrío, Capsa, Cerveceros de España, Codorniu, Colgate-Palmolive, Danone, Freixenet, Gallina Blanca, Henkel Ibérica, L'Oreal, Nestlé, Nueva Pescanova, Alcampo, Carrefour, Dia, Coca-Cola, El Corte Inglés, Lidl, Mercadona, entre otros. Entre sus miembros también están los fabricantes de envases de plástico: Tetra Pak Hispania, Ciclopast, Ecoacero.
Como nos explica Manuel Rico en Investigate Europa, Ecoembes es la compañía que montaron las principales empresas del sector consumo para cumplir con lo que la ley denomina “responsabilidad ampliada del productor” (RAP), que es una manifestación del principio “quien contamina, paga”. La idea de la RAP es que quien hace negocio vendiendo un producto es responsable de lo que le ocurra hasta que lo compra el consumidor y esa responsabilidad se amplía hasta la fase en que se convierte en residuo. Por eso, los fabricantes tienen la obligación de hacerse cargo de la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado.
El poder de Ecoembes no deriva solo de quiénes son sus accionistas, sino de la posición dominante que tiene en las diferentes etapas de la cadena de reciclaje, lo que convierte esta empresa en un extenso monopolio, con falta de transparencia y con mucho dinero en juego.
Para conocer más detalles de esta “asociación sin ánimo de lucro” nos ha parecido interesante el artículo publicado en Okdiario.com en el que se informa, según la memoria de 2019, de que los diez altos cargos que conformaban la alta dirección cobraron en conjunto la escandalosa cantidad de 2,29 millones de euros, un 40% más de los 1,61 millones que percibieron en 2015.
De acuerdo a la ley, los fabricantes de envases han de cumplir con la obligación de pagar por la responsabilidad ampliada del productor (RAP), pero debido a la condición de monopolio que se da y la no existencia de un organismo público regulador son los propios fabricantes los que acaban fijando las tarifas del Punto Verde (logotipo que llevan los envases con un círculo y una fecha). Por consiguiente, son ellos mismos los que deciden cuánto van a pagar por reciclar los envases que fabrican. Este dinero es el que gestiona Ecoembes con el objetivo de sufragar los costes de la recogida de selectiva de los envases.
Según la ONG Rethinking, el Observatorio de Residuos y Greenpeace, de todos los envases que los fabricantes ponen en circulación solo se hacen cargo de los que se depositan en el contenedor. Como Ecoembes recibe dinero por todos los envases que llevan el logotipo del Punto Verde, lo que acaba ocurriendo es que los que se han tirado a otro contenedor o al medio ambiente los acaban pagando nuestros ayuntamientos con nuestro dinero. Según el observatorio, esta perversión del sistema en 2021 supuso para estas corporaciones un ahorro total de 1.700 millones, por lo que es fácil concluir que cuantos más envases de usar y tirar se produzcan y más queden fuera del contenedor más aumenta su negocio.
Ya en el año 2020 una investigación internacional publicada en El Salto señaló a Ecoembes como un lobo con piel de cordero del reciclaje en España. El trabajo demostraba que las grandes empresas de bebidas, alimentación, supermercados, petroleras o petroquímicas que conforman Ecoembes aprovechan su condición de monopolio para actuar como lobby de presión para eludir su responsabilidad directa en la contaminación que estas corporaciones producen, convirtiéndose con ello en el principal problema para que se pueda instaurar el uso de envases retornables o la eliminación de plásticos de un solo uso.
Las prácticas monopolísticas de Ecoembes en las subastas de material de residuos la han llevado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La CNMC investiga si al menos desde 2004 Ecoembes “ha procedido de forma arbitraria en las citadas subastas, no garantizando la transparencia ni la trazabilidad e integridad de las ofertas presentadas”. Y también si ha establecido ”barreras de acceso para participar y resultar adjudicataria en dichas subastas, que no estarían justificadas por razones técnicas, medioambientales o económicas.”
Ante tal lodazal por resolver que arrastramos de años, España ya ha empezado a instalar contenedores con apertura con tarjeta de usuario como “solución” al anonimato, que comprensiblemente genera inquietud sobre el derecho a la protección de datos y a la intimidad de la ciudadanía.
Un ejemplo son los ya instalados en Premià de Mar (Barcelona), los cuales cuentan con la oposición de un buen número de vecinos. El ayuntamiento de este municipio ha adjudicado el servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de playas por importe de 18,1 millones de euros a Acciona, una empresa con 30.000 empleados y presencia en más de 30 países de los cinco continentes. A la cabeza encontramos a José Manuel Entrecanales que, según información obtenida en www.elsiglodeuropa.es , en 2020 destacó por ser el mejor pagado del Ibex. En este año el empresario consiguió ganar la friolera de 35 millones de euros, frente a los 3,4 millones de un año anterior, lo que le supuso en aquel momento multiplicar por ocho su sueldo.
Viendo el poder de las empresas que forman Ecoembes y las que gestionan la recogida, nos podemos hacer una idea de cómo de importante es para las mismas que el negocio de usar y tirar y la consiguiente generación de residuos se mantenga. Del mismo modo que lo es que para algunos de nuestros “servidores públicos”, llegar a obtener un sillón en alguno de sus consejos de administración.
Esto explica que las medidas que toma la administración se presenten usando argumentos de sostenibilidad y solidaridad social difíciles de objetar, apoyándose en cifras que no podemos contrastar debido a la situación de monopolio que acabamos de comentar. Lamentablemente trasladan su propia responsabilidad y la de las grandes empresas fabricantes al ciudadano, culpabilizándolo, cuando en realidad este consume lo que está permitido comprar; si determinados productos desaparecieran el consumidor no podría acceder a ellos.
Todo ello acaba dificultándole su vida diaria, cuando no le aumentan sus cargas con nuevas tasas; es el caso discriminatorio del doble impuesto de residuos que se está aplicando en varios municipios de la comarca del Vallés Occidental. En último término se expone a que lo multen si por cualquier motivo se desvía de la norma, sin tener en cuenta los inconvenientes que puedan reportarle ni los sesgos sociales, de edad, discapacidad y género que la nueva gestión implica.
Estos contenedores no evitarán que se generen residuos, que es el principal problema que habría que atajar, ni que queden fuera del contenedor o se tiren al monte. Tampoco que sigamos alimentando un modelo de negocio que está destrozando el planeta. Pero sí serán un paso más en la deriva de control social en la que nos hallamos debido a la aplicación de los objetivos supuestamente “positivos y para el bien común” de la Agenda 2030. Una vuelta de tuerca más en crear una sociedad sumisa que vaya asimilando y aceptando todo tipo de controles por parte de la máquina del estado, de los mandamases de las comunidades autónomas y de sus delegaciones en los ayuntamientos.
Una estrategia que no es más que el progresivo desmantelamiento de nuestros derechos y libertades que ya empezó bajo supuestos argumentos de salud, seguridad y solidaridad durante la etapa Covid y que causalmente tanto benefició a las grandes corporaciones (farmacéuticas, alimentación, telecomunicaciones, transportes… y también fabricantes de envases), por no entrar en la opacidad y los graves escándalos en torno a toda la gestión.
Nuestro apoyo y felicitación a los vecinos de Premià de Mar y de los municipios afectados del Vallés Occidental que no se han creído la propaganda y el maquillaje “ecológico” con el que se venden las medidas implantadas, y por atreverse a mostrar su discrepancia.