La democracia no consiste solamente en participar en un periodo de tiempo determinado, votando en elecciones generales, autonómicas o municipales. La democracia es participación, y cuanta más participación, mayor calidad adquiere el Sistema. Protestar contra las injusticias es una forma de participación. Hay muchas razones para protestar y no quiero dejar de hacerlo por ninguna. Hoy protesto por las pensiones, contra la injusticia en la Justicia, la sanidad y por la indecencia de la corrupción.
Cuando se producen injusticias, es el tiempo para la protesta, reivindicación y exigencia de medidas políticas, que eliminen aquello que perjudica y discrimina a la mayoría social. Conocemos, por formar parte del todo, que una buena parte de la población española está al borde de la pobreza, sufriendo sus consecuencias y no se están ejecutando las acciones sociales, políticas y económicas necesarias para superarlo. La situación clama Justicia.
La Constitución mandata a los poderes públicos que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
La ciudadanía que se sienta afectada por las decisiones de los poderes públicos, tiene derecho a manifestar públicamente sus disgusto o malestar, a través de asociaciones, sindicatos o partidos políticos; pero también a ejercer ese derecho por si misma, sin intermediarios que la represente, en manifestaciones y reuniones.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política; como los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, y asociaciones empresariales que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
Pero ¿qué ocurre cuando un gobierno amparándose en la legalidad de una mayoría absoluta parlamentaria, ataca, con su política, la raíz misma del Estado y los valores que le identifican, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político? o ¿qué ocurre cuando ese gobierno se desentiende del mandato constitucional de promover los llamados principios rectores de la política social y económica?
Tras unas elecciones generales, un partido que consigue una mayoría absoluta parlamentaria, no tiene mayoría social; y quién no tiene mayoría social, en mi opinión, no está legitimado socialmente para abordar unas reformas estructurales que afecten a valores y principios del Estado.
Dice la Constitución que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. También establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
También se reconoce el derecho a la protección de la salud y que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios; que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho y que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Harán, promoverán, fomentarán, establecerán, organizarán, pero si no se hace nada de lo que se dice, nada ocurre, porque se está sometido a la voluntad del poder, sometido todo a los recursos económicos y a la voluntad política.
Dice la Constitución que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad y promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Todo parece escrito en papel de fumar.
Ya se que los derechos anteriormente mencionados no tienen la consideración de derechos fundamentales y que por tanto no están protegidos constitucionalmente; ya se que solo son mandatos orientativos, principios rectores, que los poderes públicos tendrán en cuenta, regularán o no regularán siguiendo su voluntad, o lo que es peor eliminarán algunos de los que ya estaban reconocidos y regulados, como así está ocurriendo, a favor de otros intereses particulares, que no generales.
Cuando un gobierno no tiene la legitimidad de la mayoría social y además se desentiende de proteger y regular derechos que la Constitución promueve; la ciudadanía desprotegida adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada.
Yo protesto por la situación en la que se encuentra las pensiones y su futuro. Hay que promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa que impida a los gobiernos tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente el sistema público de pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables. Protesto y exijo que se blinden las pensiones en la Constitución. Tocar las pensiones es cruzar una línea roja que no debemos permitir.
Hay que protestar por el deterioro que sufre la sanidad pública. Desde 2009 se vive un continuo proceso de recortes, deterioro y privatizaciones que ponen en peligro el sistema a medio plazo. Los recortes, significan disminución del personal sanitario, el cierre de camas, quirófanos, consultas, aumento de las listas de espera y empeoramiento de la calidad de la asistencia. Las privatizaciones que han aumentado, encarecen los costes del sistema sanitario y empeoran la calidad de las prestaciones. Lo estamos viendo con la política de atención primaria en la Comunidad de Madrid.
Y protesto contra la corrupción generalizada que estamos soportando y me sumo a todas las iniciativas que se promuevan para finalizar con esta lacra. Por eso me sumé a la reivindicación de los denunciantes de casos de corrupción. España es el único país de los 37 de la OCDE que no tiene prevista ninguna protección específica para los denunciantes de corrupción.
La pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación de pobreza que se ha convertido en estructural por su extensión y persistencia. La transmisión intergeneracional está dando lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella.
Se ha subvertido el sistema democrático; se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Se han roto las reglas de juego y se pretende que solo una de las dos partes las siga respetando. Cuando esto es así, es que el Sistema ha abandonado a la ciudadanía y es cuando cabe la protesta, por justicia social.