Cuando se produce ingresos económicos fraudulentos por parte de personas con responsabilidades institucionales, es lógico que se abra las diligencias oficiales oportunas por parte del Estado, para en su caso si procede depurar responsabilidades.
Eso es lo que se ha producido con el caso denominado Koldo. Ese es el nombre del protagonista con apellido García. Una persona que como suele ocurrir de un tiempo a esta parte “aterrizo" en el PSOE y llegó a cotas muy altas de poder, como “asesor” del ministro José Luís Ábalos y secretario de organización federal del PSOE.
Su pinta de matón y extorsionador ya le delataban y perfectamente podría protagonizar una película de Torrente. Estuvo durante muchos años, grabando a todo quisque con el que se reunía. El comisario Villarejo al lado suyo, podría ser prácticamente un aprendiz.
Aparte de grabar a su jefe, al ser éste destituido como consecuencia de investigaciones que le realizo la UCO (Unidad Central de Operaciones), perteneciente a la “insigne” Guardia Civil (de civil no tiene nada pues está militarizada y sino habría que preguntarle al teniente coronel Tejero, protagonista principal del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, afortunadamente fallido debido a que fue una auténtica chapuza, de lo contrario, podríamos estar sufriendo las consecuencias),
La Guardia Civil es una organización aun inexplicablemente existente, cuando desde hace mucho tiempo ha quedado manifiestamente obsoleta y desfasada, debido a que en sus orígenes se dedicaba a combatir los delitos cometidos en caminos rurales, sobre todo en Andalucía por los que, en aquella época, se les conocían como bandoleros. Fue creada el 28 de marzo de 1844 por Francisco Javier Giron Ezpeleta, II duque de Ahumáda y llegó a prestar su apoyo en el siglo XIX y principios del XX en los conflictos civiles (de ahí su denominación) que vivía el país.
La Guardia Civil está adscrita al Ministerio del Interior y cuenta con cerca de 99.000 agentes. La mayoría disponen de alojamiento en las casas cuárteles. En sus puertas de entrada suele figurar la celebre frase: ”todo por la Patria”. Pero, ¿qué patria?. Si nos atenemos al informe de principios de este año redactado por el INE, una de sus últimas estadísticas contempla que el 47% de los policías y militares, simpatizan con Vox, si se le añade el PP, esa cifra se incrementaría extraordinariamente.
En ese contexto, se encuentra la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y no es casualidad que, dentro de todo el entramado de la operación Koldo, no haya registrado a la empresa constructora corruptora Acciona. Precisamente tiene desde el 2021 en su nómina utilizando las puertas giratorias a quien fue máximo dirigente de la UCO Manuel Sánchez Corbí. Por supuesto, debe recaer todo el peso de la ley en los corruptos, pero lo mismo debería ocurrir con las empresas corruptoras.
En la trama Koldo, la UCO viene realizando un trabajo de investigación con resultados muy contundentes, No ocurrió así cuando tuvieron que hacer el mismo trabajo con relación a otros casos como el de la Gurtel, hasta el extremo de no haber especificado hasta ahora, quien es la persona que aparece en los papeles de Bárcena con el nombre de M. Rajoy. De la operación Kitchen o popularmente llamada “coaclas del Estado”, urdida y puesta en marcha en 2013, por el que fue ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz y con la presunta complicidad de la exsecretaría general del Partido Popular María Dolores de Cospedal.
En esta referida operación jugaron un gran papel tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. Lo cierto es que, los responsables hasta el día de la fecha, no han sido juzgados. Con esto hay que llegar a la conclusión de la existencia de dos varas de medir, según los casos y a las organizaciones políticas afectadas. En este sentido, lo que faltaba, era la aparición y puesta en escena de la Iglesia, con su máxima representación al frente como es la Conferencia Episcopal, que, haciéndose eco del PP y Vox, reclaman elecciones generales.
Los casos de corrupción de miembros destacados del PP y del PSOE, se han venido afrontando de diferentes maneras. En el caso del Partido popular, no tomando decisiones de medidas internas y obstaculizando la acción de la Justicia. Sin embargo, por parte del Partido Socialista, las acciones disciplinarias con la expulsión del partido han sido fulminantes y de forma inmediata. Mucho más en el caso de Santos Cerdán, abandonando este su acta de diputado. No así en relación a José Luís Ábalos que se tardó en llevar a efecto el expediente de expulsión 16 meses y sigue sin dimitir, ocupando su escaño en el Grupo Mixto.