Introducción
Nos encontramos en tiempos decisivos. A medida que se acerca la posible fecha electoral de 2027, el pulso entre los actores políticos y los tribunales se agudiza. Lo que podría haber sido una relación institucional normal se ha transformado en una suerte de raid político: una carrera de fondo en la que los protagonistas miden sus resistencias, maniobrando bajo circunstancias cada vez más extraordinarias.
El comportamiento de determinadas Instituciones —como recientemente se ha visto en el caso Badajoz—, unido a una aparente complacencia por parte del Gobierno, continúa debilitando la confianza de muchos ciudadanos. La corrupción, los aforamientos exprés y las maniobras procesales generan escepticismo en una sociedad que, sin embargo, parece resignarse a la falta de integridad, democracia y prosperidad. Un "triángulo de oro" que, lejos de reforzarse, se muestra cada vez más frágil ante los ojos de la opinión pública.
La desafección ciudadana: un reflejo de la inacción política
No sorprende, entonces, la indolencia colectiva: la clase política parece haber renunciado a regenerarse, pese a que no sería tan difícil iniciar ese camino. Lo hemos reiterado en diversas ocasiones: los distintos gobiernos que ha conocido España en las últimas décadas parecen inmunes a los efectos corrosivos de la corrupción, como si esta no atentara directamente contra la equidad, el crecimiento económico y el mismo tejido democrático.
Ningún país está exento de corrupción, cierto, pero su gestión y sus consecuencias marcan la diferencia. Donde esta se tolera, se enquistan las desigualdades; donde se combate, se fortalece la convivencia. En España, la percepción de impunidad no solo hiere a la democracia, sino que mina también la moral colectiva.
Blindajes políticos y aforamientos a medida: el caso Diputación de Badajoz
Resulta especialmente preocupante la facilidad con la que determinados actores políticos maniobran para protegerse. La reciente tentativa del PSOE de promover el aforamiento inmediato del líder del partido en Extremadura —con el supuesto objetivo de frenar un procedimiento judicial vinculado al hermano del presidente Sánchez— es un ejemplo alarmante.
Pese al intento, la jueza Beatriz Biedma decidida a seguir adelante y dictar la apertura de juicio oral. Una decisión que, en nuestra opinión, no debería abrir un dilema judicial, sino simplemente cumplir con la legalidad vigente. Y, sin embargo, el solo hecho de que este tipo de maniobras se hayan normalizado, ya habla de una institucionalidad frágil.
El artículo 14 de la Constitución Española establece el principio de igualdad ante la ley.
El Tribunal Constitucional ha insistido en que este principio obliga tanto al legislador como a los órganos judiciales. Sin embargo, los blindajes políticos —como los aforamientos exprés— contradicen ese principio esencial y consolidan una peligrosa excepción de clase.
Ley de Amnistía y el TJUE: ¿conflicto de legitimidades?
Ya adelantamos en marzo que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abordarían durante 2025 la revisión de los procedimientos vinculados a la Ley de Amnistía. Esto podría retrasar la decisión final sobre los potenciales beneficiados hasta, al menos, 2026.
El hecho de que el TJUE analice la legalidad de esta ley, señala la magnitud del conflicto: no se trata solo de un debate nacional, sino de una tensión jurídica y política de alcance europeo. Casos como el 792/22 (UE), donde se concluyó que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden abstenerse de aplicar resoluciones de sus tribunales constitucionales si estas contradicen el Derecho de la Unión, abren un horizonte complejo y potencialmente conflictivo.
Tema Hidrocarburos
Al finalizar el presente Texto, emergió una nueva trama centrada en los hidrocarburos. Según fuentes próximas al Ejecutivo, se investiga un presunto desvío de fondos vinculados a contratos energéticos en el exterior. El caso salpica a antiguos altos cargos del Ministerio de Industria y podría tener ramificaciones en varias compañías paraestatales. El Parlamento ha pedido comparecencias urgentes, mientras los mercados reaccionan con cautela ante posibles sanciones regulatorias. La Fiscalía ha abierto diligencias preliminares. El impacto político y económico podría marcar un giro inesperado en la agenda gubernamental.
Conclusión: ciudadanía y gobernanza
¡Qué buenos ciudadanos seríamos, si tuviésemos leales gobiernos!
La frase, rotunda y certera, resume un malestar extendido. Puede parecer una proclama emocional, pero encierra una verdad profunda: la calidad de una democracia no se mide solo por la obediencia de sus ciudadanos, sino por la ejemplaridad de sus gobernantes.
El vigésimo verso del Cantar de Mío Cid alude a la pérdida de honor y al deber del líder con su pueblo. Hoy, en pleno siglo XXI, podríamos actualizar su sentido: cuando un político no está a la altura de quienes representa, difícilmente podrá inspirar en ellos el esfuerzo, la honestidad o la confianza necesarias para construir un país mejor.
Y así, la ciudadanía —cansada, escéptica, pero aún vigilante— espera. Espera que alguien esté a la altura del cargo. No del poder.