Residiendo fuera de España he vivido lo ocurrido en Cataluña desde un prisma diferente del que la gente de España haya podido vivir, pero soy español y eso hace que lo haya visto de diferente forma que mis vecinos ingleses, a los que veo cada día y me preguntan asombrados por lo que la prensa internacional publica.
Aún estoy sobrecogido por la cantidad de incidentes que se produjeron, el sufrimiento de los inocentes que les pilló en las cargas policiales, la impunidad de los hostigadores del proceso ilegal, la desvergüenza de los manipuladores que hicieron falsas denuncias y con falsas imágenes para sembrar odio con su vomitivo sensacionalismo y por la imagen nefasta que hemos dado al resto del mundo.
Creía que éramos un país desarrollado, un país democrático con madurez suficiente para poder evitar lo evitable: linchamientos a inocentes e impunidad para vulgares delincuentes que se amparan en una ley que no temen violar si no les conviene.
Cómo se nos vio desde el extranjero
He podido leer en la prensa internacional cosas como que “la policía golpea brutalmente a unos manifestantes pacíficos que querían ejercer su derecho al voto”. Frases de este tipo manipulan la imagen que los extranjeros se hacen de lo ocurrido el domingo 1 de octubre. Y en parte fue cierto, si analizamos la frase y vemos sólo ciertas imágenes. La policía se excedió en unos casos, que quiero creer que fueron aislados pues los testimonios de ambas partes se contradicen. He visto como los cuerpos de seguridad del estado (Policía Nacional y Guardia Civil) arrancaban a las personas que se aferraban a barandillas, y he visto a gente ensangrentada.
Por otro lado debo decir que también he visto policías ensangrentados y agredidos con piedras, palos y butacas plegables, por lo tanto, no podemos decir que hubiese exclusivamente manifestantes pacíficos. He visto como las cuerpos de seguridad del estado (Policía Nacional y Guardia Civil) pedían a la gente que desalojasen los colegios electorales que por ordenamiento judicial debían acatar, y he visto como esos manifestantes pacíficos en unos casos y violentos en otros, se negaban, desobedecían una orden judicial, obligando a los cuerpos de seguridad del estado (vuelvo a repetir, Policía Nacional y Guardia Civil) a actuar por la fuerza ante un acto de desobediencia civil. Por lo que tanto Policía Nacional como Guardia Civil solo cumplían ordenes de un juez, cumplían con su deber. Fueron los Mossos d’Escuadra quienes no cumplieron con su deber haciendo caso omiso a lo que el poder judicial ordenaba. Y no es valido decir que los Mossos d’Escuadra fueron rectos y leales a su pueblo y que nunca agredirían a los catalanes pues hemos visto en innumerables ocasiones como golpeaban a manifestantes con la misma brutalidad o más, que la ejercida por los antidisturbios, en manifestaciones de menor importancia que la de este fin de semana. Lo cierto es que el cuerpo de seguridad autonómico es un cuerpo de seguridad politizado, que cumplía las ordenes del ejecutivo regional desoyendo la orden de pasar a la tutela del Ministerio de Interior tal y como Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado (1986) dispone en los casos previstos.
¿Qué hemos conseguido?
Hemos conseguido que ambos bandos (gobierno central y regional) mientan sobre los datos. Hemos conseguido que los cuerpos de seguridad del estado sean criminalizados cuando solo cumplían ordenes, unas ordenes que se podrían haber evitado si el gobierno central hubiera actuado cuando debía. Hemos conseguido que esos cuerpos de seguridad del estado sean expulsados de los hoteles donde estaban alojados, bajo presión de los ayuntamientos a los propietarios de los hoteles con el chantaje de cerrarles los hoteles si no expulsaban a esos huéspedes que resultaban ser policías y guardias civiles. Hemos conseguido hacer creer que desobedecer la ley e incumplir una orden de un juez son un derecho, son libertad de expresión. Hemos conseguido crear dos tipos de delincuentes, por un lado los que por robar comida para sus hijos pueden ir a la cárcel y los que por violar la constitución siguen sin ser detenidos. Hemos conseguido que se convierta en mártires a quienes buscaban el enfrentamiento exponiendo a sus hijos y ancianos en un lugar que se preveía que sería tenso con la presencia de antidisturbios, y todo para defender ¿el qué? ¿un referéndum ilegal sin garantías donde la gente podía votar hasta cuatro veces o donde las urnas llegaban llenas de votos antes de la apertura de los colegios o donde se contaban más votos que personas censadas? Hemos conseguido dividir a un país ante las falsas promesas de unos políticos egoístas que no han sido capaces de dialogar manteniendo a un lado sus pretensiones personales sin pensar en la ciudadanía.
La Constitución Española prevé la convocatoria de un referéndum, con garantías y con transparencia. Siempre de acuerdo a las normas que nos hemos dado para convivir en paz. ¿Estoy a favor de que los catalanes voten sobre su independencia? Por supuesto que sí, votar nunca debería ser un problema, siempre que se haga con garantías y conforme dispone la ley, pero también estoy a favor de que el resto de españoles vote sobre la independencia de Cataluña. Si voy a perder parte de mi territorio nacional, quiero poder decidir, porque yo soy español en toda España, desde Galicia hasta Almería, desde Cadiz hasta Lleida, pasando por Ceuta y Melilla y por los archipiélagos de Canarias y Baleares. Soy español en todo este amplio territorio, no solo en la Comunidad Autónoma donde haya nacido.
Lo que estaba en juego este 1 de octubre
Lo que estaba en juego no era solo si Cataluña se independizaba o no, estaba en juego el estado de derecho, la constitución española, la igualdad de todos los españoles y la democracia. Porque lo grave no era que se celebrase un referéndum, se puede celebrar en el futuro si así se decide en las Cortes Generales conforme a la ley. Lo grave era que se celebrase un proceso ilegal, es decir, un proceso no aprobado por el poder legislativo, condenado por el poder judicial y que debía haber sido evitado por el poder ejecutivo. Eso era lo que estaba en juego. No podía quedar impune un acto provocativo, de rebeldía, de desobediencia y de sedición por parte de unos políticos mentirosos que primero dicen que “España les roba” cuando no es cierto, pues España está rescatando de la banca rota a Cataluña mediante el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) desde 2012, luego dicen que si se independizan seguirán siendo miembros de la Unión Europea, cuando la propia UE ha desmentido dicha afirmación y la normativa comunitaria apoya la postura de la Comisión, y por ultimo se amparan en que son una mayoría, cuando no lo son, pues según los datos, poco fiables, de la Generalitat, aproximadamente dos millones de personas han votado que sí a la independencia pero no cuentan a los más de cuatro millones que no han votado en el referéndum ilegal.
Nuestros políticos son unos aficionados
Que el gobierno central no ha estado a la altura y no ha sabido actuar no lo niega nadie, que el gobierno de la Generalitat ha actuado de modo ilegal tampoco lo niega nadie. Ni el gobierno central iba a impedir las votaciones, no impidió el referéndum, únicamente no dejo que se desarrollase completamente; ni la Generalitat iba a aceptar otro resultado que no fuese el favorable para intentar proclamar unilateralmente su independencia. El ridículo ha sido enorme, de un aficionado novato. Ni Rajoy ni Puigdemont han actuado como se esperaba. El primero ha permanecido inmóvil, si usar el poder que como presidente del gobierno tiene, gastando una cantidad ingente en un dispositivo policial que podría haberse evitado sin exponer ni la seguridad ciudadana, ni el prestigio y respeto del que gozaban nuestras fuerzas de seguridad del estado. Mientras que el segundo ha actuado con un poder que no tiene al saltarse la ley y azuzar como a animales a sus ciegos seguidores que creyendo sus mentiras pensaban que actuaban lealmente hacia Cataluña.
La inacción del presidente del gobierno debería ser pagada con su dimisión o destitución mediante una moción de censura. Y la actuación del presidente de la Generalitat debería ser pagada por prisión e inhabilitación por sedición, rebelión e intento de secesión, como dispone la ley. El imperio de la ley debe prevalecer para garantizar todos y cada uno de nuestros derechos.
Por otro lado, cabe mencionar que la tibieza y tardanza con la que el rey, nuestro jefe de estado, ha respondido ante la enorme crisis por la que pasa nuestra democracia, hace que nos cuestionemos si de verdad es útil y necesaria la monarquía en el siglo XXI. Su discurso ha dejado mucho que desear, haciendo mención sólo a cuestiones historicistas y constitucionales sin detenerse ni un segundo en hablar del pueblo al que representa. Los datos históricos y las leyes son importantes, pero son solo herramientas, primero son las personas.
Saquen sus propias conclusiones. Como toda historia, siempre es bueno escuchar todas las versiones. El lobo feroz siempre será el malo si sólo escuchamos a Caperucita Roja.