Dos interrogantes de hace unos pocos días ya han obtenido respuesta: sí, la ley de amnistía ha empezado a aplicarse, hay que decir que sin dilación. Y sí, se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una demora de poco más de cinco años, algo insólito, que pone todavía en entredicho el estado de derecho en este país. Aun así, siempre es mejor un acuerdo mediocre que ningún acuerdo, y, aunque sólo sea por eso, debemos celebrarlo. Sólo por eso, porque el acuerdo ha llegado tarde y mal.
Se ha derrochado la ocasión de reflejar la pluralidad, con la que se llenan la boca los socialistas, en un acuerdo de estado. Por mucho que lo nieguen, el acuerdo entre PSOE y PP (alcanzado con arbitraje europeo, una figura que para el PP supone un ultraje a la soberanía española cuando se trata de dirimir un conflicto territorial como el de Cataluña) no es otra cosa que ser un reparto de sillas entre los dos grandes partidos, prescindiendo de los partidos minoritarios, así como de los partidos catalanes y vascos, mal llamados nacionalistas, como si los dos grandes partidos no fueran los grandes nacionalistas. Precisamente por ello, y concretamente por nacionalismo español, se niega la presencia a estas fuerzas, que no son extraparlamentarias (tienen representación en el Congreso), pero sí, en muchos casos, son extra madrileñas. Y el propósito, la declaración que se hace con este acuerdo, es que la política hispana se hace en la capital, aunque Madrid pueda trasladarse, en su caso, a Bruselas.
A Feijóo este acuerdo le cae como una bendición del cielo, porque le permite exhibir dos cosas que no había mostrado anteriormente desde convertirse en líder del PP: moderación y capacidad de liderazgo. Llegar a un acuerdo con el PSOE, en vez de optar por volar la legislatura al precio que sea, es un golpe de autoridad frente al sector más duro del PP, Ayuso y compañía. O un golpe de autoridad, al menos, porque el mal ya está hecho, y el mal son las autonomías donde el PP gobierna con Vox, consintiendo todos los atropellos de la extrema derecha. Mientras Bolaños y González Pons anunciaban el acuerdo para renovar el CGPJ, el PP de Baleares rechazaba con malos modales el ofrecimiento de Francina Armengol de poner sus votos a disposición para sacar al patético Gabriel Le Senne de la presidencia del Parlament y poner al menos a alguien del PP. Los peperos baleares no se atrevieron. Y, además, ya les está bien tener en las instituciones hooligans fascistas que digan las cosas que ellos también piensan, pero que lo disimulan.
Pero, mira por dónde, en un último intento, la negociación presidida por el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons, logró alcanzar el desbloqueo judicial. Sin embargo, los más beneficiados por este pacto son el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y tanto o más que él el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, porque con el acuerdo consolida su liderazgo. Feijóo habría tenido que propiciar el acuerdo hace tiempo. Y no lo permitió porque esperaba el momento más idóneo, alejado de las confrontaciones electorales. El jefe de filas del PP habrá hecho bien si estos días ha destapado una botella de cava, porque ha logrado un objetivo importante, consistente en que nadie haya levantado la voz en su partido para cuestionar su decisión.
Para Pedro Sánchez, evidentemente, el acuerdo también es un éxito, porque se produce bajo su presidencia y porque llega justo antes de que expirara el plazo que él había impuesto. Él sabía, como todo el mundo, que al PP no le convenía ninguna renovación que pudiera acarrear una pérdida de control de la sala segunda del Supremo, donde se juzgan los casos de corrupción. Aun, así y todo, en el congreso ambos se han enfrentado como queriendo otorgarse el mérito del acuerdo obtenido, en especial Feijóo que presume que se han aceptado la mayor parte de sus propuestas de años antes. Si es así ¿Por qué ha tardado cinco años en aceptar el acuerdo?
La presidenta de la Comunidad de Madrid, que tan clara había dejado su posición contraria a cualquier acercamiento de su partido al gobierno de Sánchez, ha aceptado el pacto desde el silencio. Esta vez se ha mordido la lengua y se ha concentrado en lo que es su propósito principal en estos momentos, dirigir la presión hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El motivo de esta ofensiva, contrarrestar el asedio de la Fiscalía a la pareja de la propia presidenta madrileña, Alberto González Amador, por delitos fiscales inicialmente reconocidos por la defensa de este empresario.
Tampoco el expresidente José María Aznar ha puesto en cuestión el acuerdo que ha permitido el desbloqueo judicial sin que el PP haya logrado de entrada, como pretendía, el cambio en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Aznar dio su bendición al pacto por medio de la Fundación FAES, que consideró "equilibrado" el acuerdo. Por cierto, la escena de la firma, frente a la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, que apenas se aguantaba la risa, tuvo algo de exagerada teatralidad.
Aznar, en todo caso, no se privó de lanzar una advertencia, tanto a Sánchez como a Feijóo. Al presidente de su partido le dijo que no bajara la guardia, que estuviera vigilante de que no le hubieran colado moneda falsa. Es decir, que no perdiera de vista a los socialistas para hacerles cumplir el compromiso de cambiar el sistema de elección del CGP. Cuánta comedia con ello de modificar el papel de los jueces y del Parlamento para escoger a los integrantes de esta institución. Creo que no es solo el PSOE el que no está interesado en tocar la forma en que se compone el pleno del Consejo, sino que el PP, en el fondo, tampoco lo desea.