La reapertura por el Juzgado número 3 de Madrid del sumario de los protocolos de la vergüenza que causaron la muerte de 7291 personas por no recibir asistencia sanitaria en residencias públicas de la Comunidad de Madrid durante el COVID, es un rayo de esperanza para los familiares de las víctimas en su peregrinar, de cinco años, en busca de justicia. Reapertura a petición de la Fiscalía, tras la demanda presentada por 109 familias de fallecidos. El efecto inmediato ha sido citar como imputados al firmante de los protocolos, Carlos Mur, Coordinador socio sanitario en el Gobierno de IDA, y a su segundo, Javier Martínez Peromingo, por un presunto delito de denegación de asistencia sanitaria por razón de edad, que puede suponer hasta dos años de cárcel. Declaraciones de las que podrían salir procesados lo que supondría un golpe moral, además del judicial, para quién con desparpajo insolente quiere desligarse de las muertes provocadas por su gestión política sin conciencia. Fallecidos que la persiguen y perseguirán, haya condena o no, toda su vida.
Otra causa convertida en fragua de revuelo judicial y mediático constante, es la que instruye el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, contra el Fiscal General del Estado, acusado de filtrar el correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso ofrecía un pacto a la Agencia Tributaria para evitar el juicio por fraude fiscal que podría llevarle a la cárcel. Magistrado cuyas decisiones no dejan de sorprender. La última, aceptar la petición de la defensa del Fiscal General de volver a citar a los cuatro periodistas cuya declaración previa desechó, en la que confirmaron —y ratificaron días después ante notario—que tuvieron acceso y difundieron ese correo, veinticuatro horas antes de que la Fiscalía General emitiera una nota de prensa en la que se desmentía que hubiera ofrecido ningún acuerdo a González Amador. Nota origen de la causa por presunto delito de revelación de secretos, denunciado por el novio de Ayuso.
Correo electrónico del que G. Amador se desligó en la declaración ante el magistrado Hurtado el pasado viernes, en la que afirmó que no tuvo conocimiento ni consintió a su abogado el envío de un pacto de conformidad al fiscal anticorrupción, Julián Salto, reconociendo la comisión de un fraude de 350.000 euros y la oferta del pago de una sanción cercana a los 500.000 euros, para no pisar la cárcel. Declaración que pasa la pelota a su abogado Carlos Neira, en el que, de manera sorprendente, dijo seguir confiando. Conocido en el ambiente judicial por estar en todas las salsas, Neira, es el propietario y casero del ático dónde viven Ayuso y Amador, por el que pagan 5000 euros mensuales; y está acusado por la Fiscalía anticorrupción de un presunto delito de manipulación de cuentas de Rodrigo Rato en el extranjero, para exculparle de fraude fiscal por el que finalmente fue condenado.
De ahí, al cacareo continuo de IDA sobre una presunta trama de corrupción entorno al Presidente Pedro Sánchez, para opacar que ella es el vértice de una concatenación de denuncias judiciales en sus años de mandato que, por ahora, han salpicado a su novio al convertir un caso de fraude fiscal en acoso político hacia ella a través de su pareja en su primera declaración indignada e incendiaria, lo que ha permitido descubrir el alto tren de vida que llevan. Previamente, su padre y su hermano han estado en el ojo de huracán de la corrupción. El primero, por el impago de un crédito de 400.000 euros a Avalmadrid, dependiente de la CAM, y el segundo por cobrar comisiones exageradas por la venta de mascarillas a la Comunidad. ¡Oh casualidad!, los dos han salido de rositas.
Marasmo político judicial es la imagen que se traslada a la ciudadanía que se pierde ante tanto tejemaneje, del que son actores principales jueces que abren procesos con titulares de prensa desoyendo las resoluciones del Tribunal Supremo, o que parecen tener decidido de antemano el resultado de sus investigaciones —varios voceros judiciales ya han anunciado que Hurtado tiene firmada hace semanas la apertura de juicio al fiscal General—; y el escuadrón mediático y de youtubers dedicados a generar bulos y mentiras que el PP, sin importarle si hay pruebas o no, utiliza como herramienta política para celebrar sus ordalías inquisitoriales. La última, la sufrida en el Senado por la Ministra y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a cuenta de una inexistente fiesta en el Parador de Teruel, protagonizada por Ávalos y Koldo, acompañados de señoritas de compañía. Evento del que no hay más prueba que titulares de pseudomedios y el empeño del PP de buscar donde no hay para expandir la condena mediática.