Dos cambios de base ética y moral que se retroalimentan, son los motores generadores del ambiente irrespirable, desquiciante y pueril que se ha adueñado del debate público, con el efecto perverso de debilitar la democracia por la vía de degradar sus instituciones, y de alejar al ciudadano de la política hartándole de mensajes repetitivos y machacones, sobre temas que le afectan poco, o nada, para salir adelante en su día a día.
Esos dos cambios son el populismo disruptivo que pone en duda el sistema democrático cuya base es el estado del bienestar que detestan, porque reparte poder y riqueza con los que menos tienen; y la degradación del periodismo convertido en espectáculo informativo. El efecto: normalizar el discurso de la mentira y el bulo en la descripción de la realidad que expanden los medios — analógicos y digitales— con titulares hiperbólicos y estruendosos que magnifican la importancia de aquello que se cuenta, abdicando de su función verificadora de la veracidad de lo que afirma el o la vocera de turno.
Discurso populista estructurado sobre la ucronía que reconstruye la historia y la realidad sobre datos hipotéticos, sin orden lógico, surgidos del interés espurio que recurre a lo imaginario y fantástico, para escapar de una realidad que les disgusta y molesta porque les desmiente y no quieren reconocer. Ejemplo: aunque el Alcalde de Springfield ha desmentido que los inmigrantes haitianos se comen las mascotas de los vecinos, D. Trump, y sus secuaces, siguen empeñados en dar verosimilitud a la mentira. En la misma línea de elevar el absurdo a categoría está la decisión de su clon en España, ID Ayuso, de crear la oficina de atención a los hombres abusados por sus compañeras, para equiparar un problema inexistente al de las mujeres asesinadas por su parejas y exparejas: una media de 40 al año.
Falsedades y bulos que difunden a diario para enredar el debate público, desgastar al oponente, y ocultar la falta de proyecto para solventar los problemas reales de los ciudadanos o, peor, esconder las sentencias judiciales que siguen cayendo a sus correligionarios por corrupción y malversación. La última, la condena a siete años de cárcel a Alfredo Prada por malversar 200 millones de euros en la construcción fracasada de la Ciudad de la Justicia, y por prevaricación al gastarse 40 de ellos en concesiones a dedo, cuando era consejero del ramo en el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Sentencia que han recogido pocos medios al quedar opacada—¡oh casualidad! — por la moción presentada por el PP en el Congreso, que el Pleno aprobó, para exigir al Gobierno que reconozca al opositor venezolano Edmundo González, como vencedor de las elecciones celebradas en ese país y, por tanto, Presidente in pectore. Moción que ha desatado un conflicto diplomático inexistente, que numerosos medios han calificado de grave crisis diplomática, con titulares hiperbólicos que dieron verosimilitud a la mentira de qué Maduro había expulsado al embajador español, cuando había sido llamado a consultas. Es así como los medios acrecientan la gravedad de los hechos, por falta de criterio periodístico, bisoñez o interés espurio, que estiran como un chicle con argumentos clónicos o convierten la información en espectáculo en tertulias televisivas eternas de todólogos, que les salen más baratas que producir periodismo de calidad e investigación real.
De este modo la retroalimentación entre el discurso populista disruptivo de la post verdad, y los medios que no aplican la regla básica del periodismo verificar la veracidad de lo que se cuenta, generan en el destinatario la percepción de un futuro negro, y la inutilidad de la política convertida en un escándalo constante que no soluciona sus problemas. Caldo de cultivo del que emana la maligna idea de que todos los políticos son iguales y van a lo mismo: ¡a robar! Círculo vicioso del que solo se sale con una actitud crítica respecto de lo que leemos, escuchamos o vemos a partir de la pregunta ineludible que abre la reflexión: ¿a quién beneficia todo éste guirigay?