Esta es una máxima de la iglesia, cuando Roma hablaba se ha acababa la discusión. La idea la he sacado de un magnífico artículo de Vicente Villatoro, publicado en el ara el pasado día 16. Cuando una instancia superior que tiene la última palabra, dice la suya, la causa se ha acabado.
Teóricamente, cuando un Tribunal europeo ha dictaminado la suya, resultaría lógico pensar que los tribunales de los países que forman la UE darían por acabada la causa y asumirían, como propia, la sentencia proveniente de un estamento superior. No es el caso del estado español como se ha comprobado con la decisión del tribunal Supremo sobre la causa de Arnaldo Otegi ya juzgada en su momento.
Hay reductos que se resisten a que Europa tenga la última palabra y que, esta, sea suya en exclusiva, El Supremo español quiere hacer repetir el juicio contra Otegi y otros vascos, cuando el anterior había estado anulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recordemos que las penas de prisión ya se habían cumplido en su totalidad.
Este es un hecho sin precedentes. España, en aquello que le interesa, quiere reservarse la última palabra, España locuta, causa finita, mientras tanto en Europa ya pueden cantar misa.
Vean la intervención sobre el tema del representante de Bildu en el Congreso de Diputados.
En pocos días se han producido una serie de circunstancias dignas de destacar. Al día siguiente de aprobarse los presupuestos, el tribunal Supremo ha revocado el 3º grado y el artículo 100.2 a los políticos catalanes en la prisión por el proceso. También ha decidido ignorar a la justicia europea y ordenar repetir el juicio a Arnaldo Otegi. ¿Se considera normal, dentro de la justicia internacional, juzgar dos veces por el mismo delito? Y todavía más difícil de entender aun, cuando ha sido considerado nulo el anterior juicio y se han cumplido las pena a la que fue condenado.
No ha dicho nada la justicia sobre los militares “patriotas” que, para salvar España quieren fusilar 26 millones de hijos de puta, en cambio el Constitucional (dividido pero con mayoría conservadora) ha manifestado que el derecho a la libertad de expresión no ampara, en España, el ultraje a la bandera y por tanto, el ultraje se tiene que seguir persiguiendo como delito. Se trata, una vez más, de utilizar el poder judicial con una finalidad descaradamente política.
No tendríamos que extrañarnos en exceso a sabiendas de cómo son elegidos los miembros del CGPJ que serán los que después designarán los jueces del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de justicia de las CCAA y de las Audiencias Provinciales. Los partidos políticos quieren nombrar aquellos magistrados que tengan una ideología similar a la suya y esto comporta que exista un rifirrafe entre partidos y que esto suponga, como ahora mismo, que el Consejo del Poder Judicial esté caducado hace dos años y no se renueve incumpliendo la propia Constitución, a la que tanto dicen querer los partidos cuando les conviene.
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿No es una vergüenza la actual situación? ¿Qué credibilidad nos merece la justicia si esta forma de hacer nos indica abiertamente la politización de la justicia igual que la judicialización de la política? ¿Cuántas veces me han leido manifestar mi desconfiando en la justicia? ¿No creen que tenga motivos suficientes para desconfiar?