Santander conspiró junto con Ausbanc en perjuicio de los deudores hipotecarios de toda España
02
de Agosto
de
2018
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
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Cuando Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central Penal nº 1 de la Audiencia Nacional, empezó a recibir la documentación que estaba recabando la UDEF sobre las actividades de Ausbanc, le llamó la atención unos dípticos que anunciaban jornadas y foros judiciales. Y se quedó boquiabierto cuando, al examinar la relación de participantes, vio los nombres de jueces que no trabajaban precisamente en pequeñas localidades. Todo lo contrario: jugaban en primera división y algunos en la Champions. De magistrados de Audiencia Provincial hasta vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.En sus manos tenía un bombazo que si estallaba haría mucho daño al Estado. Ya no estaba sólo el caso de la Infanta. Ahora se ponía en juego toda una estructura básica de funcionamiento del aparato judicial.Fue el momento en que Santiago Pedraz decidió llamar a capítulo a los jefes policiales y al fiscal. Se decidió el secreto de todas las investigaciones llevadas a cabo. Nadie debería revelar lo que se estaba haciendo. Incluso había que advertir a los testigos, denunciantes y perjudicados que estaban declarando en las dependencias de la UDEF de las consecuencias de una indiscreción.Al final, tal indiscreción se produjo. Pineda se enteró y, paralelamente, algunos medios de comunicación. Pedraz, resignado, no tuvo más remedio que detener a los principales investigados y el sumario empezó a conocerse hasta su levantamiento del secreto.Fue entonces cuando se supo que Pineda tenía “comprados” a jueces, supuestamente, claro está, que, aunque se está perdiendo el respeto a la Justicia, todavía hay clases.Interviene LesmesEse mismo día, Cristina Ónega, periodista que había empezado haciendo información en la Audiencia Nacional para los telediarios, palideció cuando vio la cara de su jefe, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Como directora de comunicación, la había llamado a su despacho. Había que difundir un comunicado muy importante. A la prensa había que transmitir que “la participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible”, según dice la Ley Orgánica del Poder Judicial.Estaban en juego muchos nombres de vocales que habían pertenecido o seguían perteneciendo al órgano de gobierno de los jueces, como Rafael Valverde, Fernando de Rosa, entre otros y otras, que, además, llegó a ser presidente en funciones del Consejo cuando dimitió Carlos Dívar, desde el 29 de junio al 21 de julio de 2013, y Manuel Almenar, ahora presidente de la poderosa Asociación Profesional de la Magistratura (APM).Y otros, como el vicepresidente del Tribunal Supremo, Miguel Juanes, o el magistrado de esta alta institución, Antonio Salas. A ellos hay que añadir presidentes de tribunales superiores de justicia autonómicos, uno especialmente controvertido y señalado por la prensa, Pascual de Riquelme, cuyo nombramiento fue revocado por el Supremo, y volvió a ser designado por el Consejo en contra de dicha decisión.Empezaban a circular actas de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, como una del 16 de marzo, cuyo acuerdo 60 dice textualmente: “conceder, con efectos retroactivos, a doña María José Rivas Velasco, magistrada con destino actual en el juzgado nº 4 de Primera Instancia de Granada, licencia por razón de estudios relacionados con la función judicial a disfrutar los días 11 y 12 de marzo de 2010 para asistir al Foro de la Justicia organizado por Ausbanc Consumo en Marbella”.Se trataba de la Jornada inaugural de los Cursos de Ausbanc, que tuvo lugar en Marbella los días 11 a 13 de marzo de 2016.En esta primera Jornada se promocionaba el “Foro de la Justicia” y las actividades de “Consumeralia”; y se dedicaba una mesa redonda a la “Nueva Oficina Judicial y Otras Reformas de la Justicia”, que era el tema “estrella” del CGPJ en aquella época liderado por su Vicepresidente Fernando de Rosa Torner.De hecho, quienes participaron en esa mesa redonda como Ponentes fueron dos miembros del Tribunal Superior de Justicia de Murcia; Tribunal que sorprendentemente ganó meses después uno de los accésits al Premio a la Calidad de la Justicia; que fue organizado, también por primera, por el CGPJ de la mano, otra vez, de la mano de Fernando de Rosa Torner. “Nuevos horizontes del poder judicial”La segunda jornada del Foro Jurídico patrocinado por Ausbanc se celebró en Madrid el día 18 de julio de 2010 bajo el lema “Nuevos Horizontes Del Poder Judicial: Reforma Del CGPJ y Modernización De La Justicia”. El acto inaugural, y también el acto de clausura, corrieron a cargo de vocales del CGPJ, que además eran miembros de su Comisión Permanente, Manuel Almenar Belenguer.La sensación que tenían todos los Jueces de España era que esas jornadas estaban organizadas o al menos bendecidas por el propio CGPJ, que era además quien, a través de su Comisión Permanente autorizaba a asistir a ellas con todos los gastos pagados, poniendo además un sustituto.“Por esa razón —dicen fuentes judiciales— no se comprende por qué ahora se niega el CGPJ a que se investigue su participación en la organización de esos Foros Jurídicos, si como resulta del sumario del Caso Nelson pueden estar relacionados con la extorsión que supuestamente se llevó a cabo desde Ausbanc, y con el posible blanqueo de capitales”.Siguen diciendo las mismas fuentes que “con independencia de que los vocales del CGPJ tuvieran conocimiento o no de las posibles actividades ilícitas de Ausbanc, es lo cierto que con su participación y actuación institucional dieron la apariencia de que las Jornadas estaban organizadas y bendecidas por ese órgano Constitucional; y aunque se tratase solo de un terrible error los ciudadanos se merecen una explicación”.Está claro, tal y como dice el Consejo, que las asistencias a foros y conferencias son compatibles con el ejercicio de la función judicial. Y que el Consejo conocía la asistencia de los jueces a foros, conferencias y cursos organizados por Ausbanc.Entonces nada ilegal. El problema es que existe la sospecha de que algunos de estos jueces, fiscales y funcionarios judiciales hubieran podido ser utilizados por Pineda. El presidente de Ausbanc ha presumido de “tener importantes contactos en la judicatura” a la hora de llevar a cabo sus “actuaciones”, que Pedraz califica de “extorsiones”. La consigna era y es, que cuanto menos se hable de los jueces mejor para todos. Y en esas estamos. El Santander entra en acciónMientras tanto, el juez Santiago Pedraz se muestra cauto ante la impresionante lista de colegas suyos que cobraron por impartir conferencias y cursos con Ausbanc, organización que ha calificado de “criminal”.Pero la “pieza” más importante con la que se ha encontrado en sus pesquisas el instructor de la operación Nelson es con el Banco de Santander, la entidad que tiene a su cargo los depósitos judiciales de toda España.El Magistrado dispone de indicios que apuntarían a que la falsa asociación de consumidores pudo cobrar del Banco de Santander a cambio de retirarse como acusación en la causa de las cesiones de crédito, el escándalo que sentó en el banquillo a Emilio Botín y por el que el ya fallecido presidente de la entidad financiera estuvo a punto de ser condenado.Es un hecho notorio que, desde la causa de las cesiones de crédito, Pineda pasó de ser el acusador de Botín a convertirse en su amigo personal, y defensor en los medios de comunicación; y que, tras esa buena relación, se estaba produciendo un incremento exponencial de los pagos que Santander realizaba a Ausbanc por anunciarse en sus diarios y revistas y patrocinar sus eventos.Sin embargo, no parece que todos los pagos que se pudieran haber realizado fueran debidos a la extorsión, sino que hay indicios que apuntan a que, después de la retirada de la acusación en el caso de las cesiones de crédito, hubo una estrecha colaboración y una coincidencia de intereses entre Luis Pineda y Emilio Botín.El ya fallecido presidente de la entidad cántabra, Emilio Botín, estaba realmente obsesionado con la importancia que se le estaba dando a la dación en pago desde algún sector de la judicatura, y en concreto los jueces de lo Mercantil. No soportaba que las jornadas, conferencias, y encuentros de jueces tuvieran como temática central y casi exclusiva, una solución que a él le parecía un auténtico error, y que, además, colocaba a la banca —a su Banco— al borde del precipicio. Le daban igual las bondades que la dación en pago suponía para los deudores hipotecarios, o para la economía en general. Acató a regañadientes el 'Código de Buena Práctica' para aceptar la dación en pago en el caso de familias empobrecidas que no pudieran pagar y tuvieran a todos sus miembros en paro. Pero se opuso con todas sus fuerzas a la dación en pago obligatoria que, para determinados supuestos, exigían los jueces de lo Mercantil.Por su parte, Luis Pineda, que tenía todas las bendiciones por parte del Consejo General del Poder Judicial para sus jornadas, quería más. Quería monopolizar la formación de administradores concursales para entrar en el mundo de la insolvencia, por la puerta grande. Quería estar en los grandes concursos de toda España y cobrar por ello. Quería el Master del Juez Fernando Presencia, el mayor experto en Derecho Concursal de toda España…, por las buenas, o por las malas.La ambición de ambos personajes les convirtió en presuntos “conspiradores” de una traición, en perjuicio de los consumidores que Ausbanc decía defender, y de los deudores hipotecarios de toda España.El Santander presuntamente puso el dinero, y Ausbanc puso en marcha una verdadera campaña de desprestigio en contra de los jueces de lo Mercantil, con el CGPJ mirando ‘convenientemente’ a otro lado.Al final, el Servicio de Inspección de los jueces abrió unas diligencias informativas en masa. El Pleno del CGPJ, del que formaban parte Fernando De Rosa Torner y Manuel Almenar Belenguer, entre otros y otras, sancionó al Juez Presencia, cerró su Master, y lo desterró a Talavera de la Reina. De esta forma entendieron que quedaba ‘desmantelada’ definitivamente cualquier enseñanza o aplicación institucional de la dación en pago.Afortunadamente no ha sido así.
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