La propuesta del PSOE para introducir modificaciones en el articulado de las Leyes del Poder Judicial y Enjuiciamiento Criminal con una Ley Orgánica, que por serlo deberá ser debatida, probablemente enmendada, y aprobada en el Congreso, supone abrir el melón de inicio del proceso nunca llevado a término —no hubo transición democrática en el Poder Judicial—, de reconducir y acotar el poder de una casta judicial que se considera intocable. Jueces que juegan a la política con declaraciones públicas o concentrándose ante Audiencias y Tribunales Superiores, para protestar contra leyes y normas aprobadas por el poder Legislativo, como las concentraciones de jueces y fiscales en contra la reciente Ley de Amnistía.
Por eso, solo la presentación de la propuesta ha incendiado a las asociaciones judiciales y próceres de la toga que teledirigen la justicia como un coto privado, temerosos de que, al fin, se pongan límites al poder omnímodo de los togados que instruyen sumarios con investigaciones prospectivas sin fin para favorecer la condena mediática de los investigados, convirtiendo sus juzgados en altavoces de la estrategia política de la derecha de acoso y derribo del Gobierno. Por eso, lógicamente, y sin conocer el alcance de las reformas propuestas el PP dijo no, desde el minuto uno, a negociar y participar en su debate parlamentario. Otra vez, y no es casualidad, el PP olvida que cuando les apretaba el caso Gürtel, 2017, propuso medidas muy similares a través de su portavoz Rafael Hernando.
Las presentadas por el PSOE incluyen convertir en norma legal, de obligado cumplimiento, el dictamen del Tribunal Supremo de 2014, para que no se instruyan procesos judiciales con recortes de prensa como elementos probatorios de un presunto delito; y para que un juez pueda ser recusado, si se ha pronunciado políticamente sobre responsables públicos o medidas aprobadas por el Legislativo, que afectan a los procedimientos que instruye.
Medidas que buscan proteger los derechos fundamentales de las personas frente a acciones judiciales abusivas, entre las que figuran tres que ya han levantado ampollas. La primera, impedir que la acusación popular pueda ser ejercida por partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos, para evitar la politización de la justicia o la judicialización de la política: el law fare, que utilizan sin fin organizaciones de ultraderecha con el único objetivo de deteriorar el espacio político y el sistema democrático. La segunda, una disposición transitoria para que una vez aprobadas sean de aplicación en los procedimientos judiciales abiertos, que deja en nebulosa si podrían aplicarse a los procesos en curso contra la mujer del Presidente, su hermano, y el fiscal general del Estado. Y una tercera, la derogación del artículo 525 del Código Penal que establece multas de ocho a doce meses para quienes ofendan los sentimientos religiosos, que ha levantado ronchas de indignación en los sectores tridentinos del catolicismo.
A falta del proceso de negociación parlamentaria, la casta judicial ya ha puesto pie en pared no vaya a ser que su poder prepotente se vea limitado y no puedan seguir haciendo de su capa un sayo en sus juzgados. ¡Ya es hora!, de que el poder judicial se adapte a los estándares democráticos europeos en cuanto a su capacidad para convertir los sumarios que instruyen en una caza de brujas inquisitorial del oponente político o en un acoso a los investigados.
No se trata de que los jueves no puedan tener ideología, pero ésta no debe definir su acción judicial, porque el efecto es el descredito del papel de equilibrio que es la guía social de la Justicia. Que el PP se muestre indignado, en este caso porque con estas medidas se limita la capacidad actuación de su brazo judicial, es una constante en su ejecutoria política. Solo se ha abierto un melón que ya huele a podrido y que ahora, con el debate que se plantea, debería volver a ser comestible. Solo se abre un debate necesario, por lo que no hay que tirarse de los pelos. Veremos en qué depara.