Se han cumplido cinco meses de la DANA que causó la muerte a 227 personas en la provincia de Valencia y provocó daños estimados en más 17.000 millones de euros. La recuperación continúa, pero a un ritmo más lento del deseable. El importante esfuerzo presupuestario del Gobierno central (16.000 millones de euros movilizados) y la Generalitat valenciana (2.364 millones para este año) no llega a la ciudadanía con la fluidez exigible y necesaria para poder afrontar una catástrofe que ha afectado a 306.000 personas (más de la mitad, personas mayores y migrantes).
Las aguas están, simbólicamente, muy lejos de volver a su cauce y los sobrecogedores testimonios de las víctimas en el juzgado reviven diariamente la tragedia del 29 de octubre en medio del enfrentamiento político existente a cuenta de la gestión de las inundaciones, nefastas a medida que se van conociendo datos y las diversas versiones ofrecidas por el propio presidente valenciano.
Todavía no está claro que hacía, donde estaba y con quien (aunque parece que este dato ya ha quedado claro) pero no hasta que hora, dado que Mazón no llegó al centro de emergencias (Cecopi) hasta las 20.28 horas, 17 minutos más tarde de haber hecha pública la alarma y las diversas explicaciones ofrecidas hasta hoy no han convencido a nadie y tampoco a la jueza que investiga el caso, aunque en mi opinión, poco importa a estas alturas.
La jueza de instrucción de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, está avanzando en la investigación para dilucidar las responsabilidades penales de la gestión de la emergencia. En sus escritos no deja ninguna duda sobre la competencia autonómica en la gestión, apoyada en la propia normativa de la Generalitat valenciana. La investigación se centra en el envío “tardío y errado” del mensaje de alerta a los móviles, que llegó a las 20.11, cuando muchas víctimas ya habían fallecido. La desoladora conclusión que se desprende de este dato es que, de haberse enviado antes, muchas vidas podrían haberse salvado. Con sus acciones, la jueza está marcando el paso y amparando a las víctimas. La justicia, tantas veces criticada por su lentitud, está actuando con una celeridad en este caso de gran calado social.
La jueza no solo ha imputado a la exconsejera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas, y al que era su número dos, Emilio Argüeso, sino que ha “invitado” al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a que declare voluntariamente ante ella, ya que al ser aforado no puede obtener su versión de otra manera. Mazón ha ignorado la petición. La jueza Nuria Ruiz ha pedido a la Guardia Civil un informe detallado de la cobertura de las cámaras de seguridad, de las grabaciones y de la telefonía del Cecopi, el centro de mando de emergencias. Lo hizo después de que Carlos Mazón se distanciara respecto a la decisión de enviar el mensaje, al asegurar que llegó al Cecopi a las 20.28, es decir, 17 minutos más tarde.
Ya sabemos el motivo por el cual Mazón no dimitirá. No le importan los fallecidos ni las familias de las víctimas ni las personas que han perdido su casa, negocio o coche y furgón con el que trabajaban. No les importan en absoluto, lo único que le importa es mantenerse en el cargo y garantizarse una buena jubilación. (Despacho, 75.000 euros al año, un par de secretarias y coche oficial) Para ello no ha dudado ni un momento a pactar con VOX y aceptar todas las condiciones que la ultraderecha le ha impuesto para mantenerle en el cargo y aprobar los presupuestos de la comunidad.
En las últimas semanas, Mazón se ha movido para tomar la iniciativa e intentar sacudirse la sombra de sus cambiantes versiones sobre su ausencia durante las horas cruciales de un día marcado para siempre en la historia de la Comunidad que preside. Para ello, se ha beneficiado del apoyo de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, para pactar los presupuestos autonómicos con Vox. Su actuación en las fallas ha sido también curiosa, pero a estas alturas ya nada puede extrañarnos de un ser que no ha admitido ninguna responsabilidad y que, al parecer, no tiene corazón
Pese a la tragedia de hace cinco meses y la evidencia de que tenemos que estar mucho mejor preparados contra las inclemencias, el presidente no ha tenido ningún reparo en abrazar los postulados negacionistas del cambio climático de la ultraderecha o alimentar la xenofobia al reclamar información sobre el país de origen de los supuestos autores de los pillajes que se produjeron en los primeros días tras la Dana. Es el precio de la nueva huida política hacia delante del presidente valenciano.