El descrédito de la Justicia no tiene parangón. Cada día es más impopular y más sesgada. Su forma de actuar es como sigue: se fija en un culpable predeterminado y, a partir de este momento, todas sus actuaciones van en esa dirección. No se trata de encontrar al culpable sino de conseguir demostrar, como sea, que la persona a la que se quiere empapelar es la culpable. Así de claro y simple.
La última actuación del juez Peinado en el caso Begoña Gómez ha sido de auténtica traca. Citó como testigo al ministro de Presidencia y Justicia, Felix Bolaños para, ¡casi nada!, interrogarlo sobre la contratación de la asistente de Begoña Gómez y, como si de una gran causa se tratara, en vez de hacer el interrogatorio por escrito y con la discreción que merece la labor judicial, no, pide que sea en la Moncloa, ¡qué fijación tiene con ser presidente del gobierno!, que se le envíe para recogerlo un coche oficial y que no se le haga esperar en la puerta del Palacio porque su vida puede correr peligro. Pero sin embargo, cuando se le ofrece que le acompañe un policía, lo expulsa del coche. ¿Alguien lo entiende?
A la vez, pide que se le dispongan ordenadores, micrófonos etc. Todo un show para una minicausa que él ha convertido en macrocausa con el objetivo de exagerar la cuestión y que así adquiera tintes altamente mediáticos. Pero más aún, no cansado de pedir, solicita una tarima para que su asiento esté por encima de la silla del ministro. ¿Me pregunto?, ¿no habría sido más fácil hacer una declaración escrita o citarlo en el juzgado? Pero el objetivo ya estaba cumplido, ya le había dado excusas a Cayetana Álvarez de Toledo, una ultraderechista que, como Isabel Ayuso y otros/as resiste en el PP, para pedir la dimisión del ministro Bolaños. De momento, misión cumplida.
Pero lo que es más grave, es que los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, que son sus superiores jerárquicos, le consientan a este individuo, 1) que en su día aceptara una demanda basada en recortes de prensa en contra de la doctrina del Tribunal Supremo, 2) que con dos informes negativos de la UCO dejara que siguiera con su investigación prospectiva, 3) que después de haber interrogado a decenas de personas y con un año de instrucción haya solicitado otros seis meses para ver si caza lo que no ha conseguido hasta ahora.¡Ridículo!
En paralelo, el juez Hurtado, que se ha inventado otra causa contra el Fiscal General del Estado por no sé qué filtración en el caso de la pareja de Ayuso, Alberto Quirón, que es como lo tiene agendado Miguel Ángel Rodríguez, también se ha empeñado en que de los 500 que tuvieron acceso a un email, tenga que ser a la fuerza el Fiscal General el que lo ha filtrado. Y para ello se pasa por el arco las opiniones de numerosos periodistas que han declarado como testigos, con obligación de decir la verdad, que tuvieron acceso a ese correo antes de que fuera filtrado.
Es evidente que, en ninguno de los dos casos, nos encontramos con una justicia ciega que investiga, sino con otra que tiene un ojo abierto y sabe muy bien lo que busca y lo que quiere. Es decir, que hace trampas con el objetivo de conseguir “su” verdad.
Y de lo del hermano del presidente Pedro Sánchez no merece la pena seguir. Obtuvo su plaza en la diputación de Badajoz, en un concurso público al que concursaron once personas más, y que se resolvió sin mediar recurso, ¿alguien se ha molestado en ver el CV del hermano de Pedro Sánchez? Mucho mejor que cualquiera de los dirigentes actuales del PP.
Lo triste es que el lawfare es una práctica extendida, y si no que se lo pregunten a los dirigentes de Podemos y su experiencia con la Policía Patriótica.
Así no.