El problema de la vivienda ha llegado a situaciones limites, como se está comprobando con lo que está ocurriendo con cerca de 500 personas que se están viendo obligadas a pernoctar cada noche en el Aeropuerto de Barajas. Se da el caso de que muchas de ellas disponen de trabajo, pero sus ingresos no son suficientes para hacerle frente al pago de un alquiler.
La única solución que han visto para hacerle frente a su muy grave y acuciante problema, ha sido utilizar las instalaciones públicas de Aena propietaria de los aeropuertos diseminados por los diferentes territorios de nuestro país. Las competencias en materia sociosanitaria las tiene las comunidades autónomas y sus respectivos ayuntamientos. Pero estas dos instituciones presididas en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso y en el ayuntamiento por José Luís Martines-Almeida respectivamente, han hecho dejación de sus responsabilidades y por el contrario, una vez más de forma burda y populachera se han enfrentado al gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Por la aparatosidad del problema y viéndose en tiempo real, no se percibe que actualmente el tema de la vivienda es el que más preocupa a las españolas y españoles. El articulo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Sin embargo, este derecho sistemáticamente no se viene cumpliendo.
La necesidad habitacional en nuestro país se estima en 600.000 viviendas y sin embargo, existen más de 4.000.000 desocupadas. Significa que tendría que ser por aquí donde de forma ágil, eficaz y a precios razonables se debe acometer la compra o alquiler de las viviendas. Para esto habría que motivar a sus propietarios y sin que puedan especular, las saquen al mercado o de lo contrario y al respecto, se les aplique un impuesto disuasorio.
Dedicarse por mediación del Estado a través del gobierno central, los de las comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos a resolver este muy grave problema es una autentica odisea, máxime al estar gobernadas todas estas instituciones por organizaciones políticas de diferentes signos políticos, e involucrar a los propietarios de los terrenos, empresas constructoras y un largo etc.
Con el problema de los sin techos en el Aeropuerto de Barajas, lo que es evidente es que aparte de al respecto, tener la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, todas las competencias que les obliga a hacerle frente y resolver esta dramática situación, igualmente tienen todos los recursos que se lo posibilita. Está ocurriendo con las comunidades autónomas gobernadas por el PP con este problema, igual que el de la negación para la acogida de un mínimo cupo de migrantes, establecidos en Canarias.
Con el tema de lo que vienen padeciendo los vecinos de La Cañada Real, no tienen ninguna excusa y es que, en este caso las responsabilidades de Isabel Díaz Ayuso y José Luís Martínez-Almeida, como regidor del principal municipio que tiene conjuntamente con los de Coslada y Rivas-Vaciamadrid, son más que evidentes y desde sus respectivas instituciones deben darle la oportuna y pronta solución. Son muchos (demasiados) los años que estos vecinos vienen padeciendo vivir en una zona que no tiene las mínimas infraestructuras y equipamientos necesarios para poder vivir de una forma mínimamente digna. Inconcebible e inaceptable que esto venga ocurriendo, en esta zona del país y en pleno siglo XXI.
Su población estimada es de 8.628 habitantes y de éstos 2.500 niños todos viviendo en condiciones infrahumanas. En 2017 los tres municipios mencionados llegaron a un pacto para resolver este grave problema, pero por insensibilidad o falta de voluntad política el problema persiste, agravado porque 4.500 personas, entre ellos 1.800 niños y niñas, carecen de electricidad desde hace más de cuatro años. El pasado 27 de febrero el Comité Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ha condenado esta situación por vulnerar hasta 10 derechos básicos de la población.