Se acerca la fecha para la siguiente vuelta de tuerca de un sinsentido consentido totalmente intencionado.
Si a quienes les tiene que entrar la cordura, no les entra, a partir del 1 de enero de 2024, en muchas ciudades de España, nos van a traer los “Reyes Majos” nuevas restricciones de movilidad. ¿Con qué argumento?
Pues el de que la causa de la contaminación son los vehículos antiguos, sin haber hecho público ningún estudio técnico contrastado más allá de los discursos de los políticos de turno o de los análisis incompletos que aparecen en algunos medios de comunicación. En este tema al menos, la inmensa mayoría son poco dados a informar exhaustivamente y sí a replicar “la voz de su amo”.
Si tomamos como ejemplo la ciudad de Madrid, vemos que no existe ningún aeropuerto ni privado ni público con uno de los mayores tráficos de Europa que haga que la atmósfera empeore, tampoco tenemos calefacciones de gas ni de gasoil (aunque estas tienen los días contados, 2035 es la fecha para su desaparición), ni un macro vertedero cerca de núcleos urbanos. No, en Madrid y otras grandes ciudades, los causantes de la contaminación son los vehículos antiguos, así lo dice el discurso oficial y ese es el dogma que se debe extender.
Vamos a suponer que esto fuera así y los vehículos fueran la causa más significativa de la contaminación o que, por el contrario, no lo fueran, pero se quisieran eliminar las emisiones contaminantes que es evidente que sí generan en mayor o menor medida en función de su uso. Pues bien, atajen de una vez el SUPUESTO PROBLEMA, que parece lo más lógico y normal y tomen el ejemplo de algunos países como Alemania. Allí, incluso en las mismas estaciones de ITV, el Estado subvenciona la colocación de unos filtros de partículas nocivas con un coste inferior a 500€ que resuelve la situación y los vehículos pueden seguir circulando cumpliendo la normativa. Sin embargo, en España esto no es posible puesto que, incluso si se realiza esta modificación, la DGT no otorga pegatina a los vehículos de gasolina anterior a 2006 o diésel anterior al año 2000, ni se puede optar a una pegatina de categoría superior. Esta norma tendría que ser modificada para que esta opción fuera posible.
¿Qué pasa en España, acaso nuestros coches son diferentes? El mío, casualmente, es de fabricación alemana, un Volkswagen Golf del año 2023 euro 3 diésel que, sin filtro ni nada, dio hace poco en la ITV una opacidad de 0,04 frente a los 0,70 permitidos. Entonces ¿qué me están contando? ¿Cuántos coches nuevos superan estas cantidades, pero pueden circular porque tienen etiqueta B o C?
¿Y si resulta que la contaminación de los coches no es lo suficientemente significativa y hay que tomar otras medidas? ¿Qué hacemos? ¿Y si nos cargamos el dogma? ¿Y si nos tenemos que meter con el tráfico aéreo e impedir vuelos privados de nuestros políticos, empresarios, deportistas o de nuestra clase social alta? ¿Y si tenemos que decirle a la Casa Real que, por ejemplo, la Princesa Leonor tiene que venir en AVE desde la Academia de Zaragoza los fines de semana en lugar de en el helicóptero Super Puma que emite tres toneladas de CO2 por viaje para ahorrar tan solo 15 minutos con respecto al viaje en AVE, según se indica en el artículo de Juan Teixeira publicado en Spanish Revolution?
Es mejor echarle el muerto a los ciudadanos de a pie con menos recursos, el rebaño de ovejitas cuyas protestas no se oyen. Piensan que somos como los metales: dúctiles y maleables. ¡¡¡Mira tú que si un día la población espabila y se levanta…!!!
Es mejor que cambie su coche de toda la vida el jubilado o los jóvenes, total para que lo quieren si no tendrán dinero para moverse, ni para comprar casa propia y harán coliving, que es el compartir piso de toda la vida. Por cierto, me pregunto por qué ahora se utiliza esta palabra inglesa que suena tan bien y no la han aplicado antes para referirse a los inmigrantes que llevan años y años viviendo hacinados compartiendo pisos de alquiler. Pero ¿y si nuestros, ya “ochocientoeuristas” o jubilados no tienen derecho a la movilidad? Pues qué más da, total la idea es recluirlos en ciudades de 15 minutos.
Que cambien de coche los padres y madres de familia que después de varias crisis, pandemia, inflaciones, etc., se las ven y se las desean para llenar la cesta de la compra. Inmovilicemos el único medio de transporte que tienen para realmente poder ganar tiempo con el que conciliar la vida familiar y laboral, algo que es cada día más difícil en las grandes ciudades y que nos quieren poner aún peor.
Veamos el caso de un trabajador que tarda en ir en coche al trabajo unos veinte o veinticinco minutos. Este mismo trayecto en autobús duraría en torno a una hora y cuarto, a lo que hay que añadir el tiempo de espera que se puede alargar hasta media hora. En total serían una hora y tres cuartos por trayecto que, multiplicado por el tiempo invertido a lo largo del año, sumarían más de quinientas horas perdidas de nuestra vida al año. Unas horas que se pierden para el ocio o la conciliación familiar y el tiempo, amigos, no tiene precio y no puede recuperarse.
Los trabajadores y los estudiantes son los que sacrifican su tiempo, al parecer menos valioso que el de nuestros dirigentes, desplazándose en un transporte público que es sostenible gracias a ellos que son los que lo usan. Nuestros políticos piensan que son demasiado importantes para utilizar el transporte público, necesitan un coche oficial que les permita “ganar” tiempo en sus desplazamientos, aunque no estaría de más que lo probaran y echaran cuentas sobre el ahorro de tiempo y de dinero para los contribuyentes. Al menos así sabrían de qué hablan cuando se refieren al transporte público.
En resumen, quieren que prescindamos de nuestros vehículos, aunque hagan su servicio y funcionen correctamente como atestigua que pasen la ITV correspondiente; son demonios contaminantes con ruedas.
Da igual si varias sentencias o algunos políticos reconocen que se están violando derechos como:
o La libertad y la igualdad de los españoles ante la ley y el derecho a protección contra toda discriminación
o El derecho a circular por el territorio nacional
o La libertad de circulación de personas, bienes y mercancías
o La libre circulación de los trabajadores
o El derecho a la propiedad privada y a su uso y disfrute
o La violación de los principios de legalidad, jerarquía normativa o libertad económica
Da igual si pierden el juicio y el recurso ante el Tribunal Supremo, como ha pasado recientemente en Barcelona, lo recurren con el dinero de los contribuyentes, y mientras, los ciudadanos afectados de la ciudad condal, siguen sin poder circular con sus vehículos hasta que llegue otra nueva sentencia. Y si hay que devolver multas, pues no pasa nada porque tampoco lo van a pagar quienes toman decisiones conscientes de su ilegalidad, se usa el dinero de los contribuyentes y problema resuelto.
Antes hice mención a un término anglosajón, pero ahora me viene a la mente otro muy español: “estafa” cuya definición de la RAE es: “provocación de un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro” y que, como he oído decir a José Ramón Ferrandis, en este tipo de situaciones tiene la clara intencionalidad de provocar el empobrecimiento de muchos.
En Madrid concretamente, aunque los hechos demuestran que la contaminación es la menor de los últimos años, la ordenanza municipal de 2021 establece que a partir del 1 de enero de 2024 los coches que carezcan de etiqueta medioambiental y cuyos dueños no estén empadronados ni paguen el IVTM en el municipio de Madrid, no podrán circular en ninguna via pública urbana de titularidad municipal. Solamente podrán circular por vías como la M-40, la M11, la M12 o la M13, que son de titularidad estatal. Ya se están colocando los respectivos carteles de ZBE en las correspondientes salidas y entradas para que todos aquellos que viven en ciudades de los alrededores y vienen a trabajar a Madrid, acuden a los hospitales o van a ver a sus familiares sean multados si intentan acceder con su vehículo sin etiqueta medioambiental, y no son pocos, unos 440 000 turismos.
Dice la ordenanza también que, desde el 1 de enero de 2025, los madrileños que posean vehículos sin etiqueta, aunque estén empadronados en Madrid capital, pasen la ITV y paguen el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (antes llamado impuesto de circulación y que, curiosamente, ha cambiado de nombre para que haya que pagarlo, aunque no se pueda circular), no los podrán ni siquiera mover. Aquí estaríamos hablando de unos 352 000 turismos, 36 600 motocicletas, 39 300 furgonetas, 23 300 camiones y 950 autobuses Si a estos datos le sumamos el resto de vehículos de residentes en la Comunidad de Madrid, arrojaría un total cercano a los 900 000 vehículos.
Estimados alcaldes, alcaldesas, presidentes y presidentas y, en general, responsables de movilidad ¿han pensado quién va a pagar los daños y perjuicios de todas estas medidas que se toman con el dinero de los ciudadanos el día en el que la Justicia se pronuncie? ¿O la que se puede montar si, en esta otra vuelta de tuerca, los ciudadanos se dan cuenta de que, por ejemplo, la palabra coliving y la palabra “engaño” no difieren tanto? Lo mismo entonces ya no se muestran tan sumisos como con las medidas anteriores, se espabilan y se rebelan.
Lo dicho, un sinsentido consentido e intencionado.