Comenzar la lectura de la Constitución española del 78 es un oasis de placer y optimismo, redactada según la tradición liberal lleva implícita un idealismo bello y un enfoque social que obliga a la aceptación incondicional hasta a los espíritus más reticentes. El primer artículo versa así:
“España se constituye en un Estado Social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Y en su segundo punto agrega: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes de Estado”.
No me digan que no es como para enmarcarlo y tenerlo presente a todas horas. Resulta que vivimos en un Estado democrático, libre, justo e igual y se proclama con gran entusiasmo el pluralismo político, dando cabida a cualquier nuevo planteamiento e idea que el conjunto de la ciudadanía consideremos interesante y válido. Además, el mismo artículo nos dice que la soberanía, es decir el poder, nos pertenece a todos los ciudadanos, que es la suma de todas nuestras conciencias, de nuestros deseos y el resultado de nuestra elección. No debe haber un mundo mejor que el reflejado aquí en el primer artículo, en aproximadamente cincuenta palabras.
Sin embargo cuando sometemos la carta magna a la práctica (al menos en lo que se refiere a los dos primeros puntos de este artículo) lo que encontramos es un panorama muy diferente. La crisis financiera del 2008 nos puso ante los ojos el gran poder soberano que habíamos cedido a la Unión Europea y sus próceres, quienes nos exigieron sin pudor todos los sacrificios necesarios y lograron que en el 2011 -sin problema alguno por la mayoría de los grupos parlamentarios- se llevara a cabo un cambio constitucional en el artículo 135 de la Constitución estableciendo el concepto de “estabilidad presupuestaria” donde “(…) los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones (…) incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozarán de prioridad absoluta” es decir, el pago de la deuda pública será lo primero a saldar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, “sin ocasión de enmienda o modificación posible”. Este cambio constitucional, que necesitó un amplísimo consenso dio muestras claras de cuál es el poder que finalmente todos acatan en nuestro parlamento; el poder organizado del dinero. El PSOE justificó entonces la reforma alegando que no había otra opción o la presión de los mercados obligaría a hacer más recortes.
Pero el ataque a nuestra soberanía no se ha quedado ahí, en estos dos últimos años caracterizados por la pandemia ha crecido un nuevo competidor a esa soberanía primigenia de la carta magna, se trata del poder de los organismos internacionales. En este caso al haberse proclamado una urgencia sanitaria estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud cuyas recomendaciones se han tornado directrices incuestionables por parte de los estados de todo el mundo, recomendación suya fue el confinamiento y las restricciones de movilidad, por poner algunos ejemplos significativos, obviando que detrás de sus decisiones está la influencia de sus sponsors privados con sus intereses propios.
Así pues podemos gritar desaforadamente que vivimos en una democracia y que por eso nuestros derechos fundamentales están garantizados por la Constitución, que este hecho nos diferencia de otros países menos afortunados en términos de democracia y libertad pero la verdad es que nos encontramos ante un desequilibrio grandísimo entre la letra de nuestras normas constitucionales y la ejecución práctica de las mismas.
Nos hemos acostumbrado a lidiar con un lenguaje grandilocuente que parece garantista pero que nos conduce a un estado cada vez más autoritario. Quizá nuestro pecado fue creer, creer y creer las buenas palabras y quedarnos con ellas siendo incapaces de vislumbrar sus intenciones aviesas, es decir, su capacidad de decir una cosa y llevar a la acción otra muy distinta.
Estamos inmersos en una crisis como nunca antes tuvimos en nuestra vida, políticas incomprensibles nos han metido en una guerra ajena que ni sentimos ni entendemos realmente y que, incuestionablemente, nos empobrece cada vez más, además el Banco Central Europeo acaba de anunciar el cese de compra de deuda por la inmensa inflación existente en nuestro país, lo que amenaza con una estanflación, y mientras tanto las políticas sanitarias continúan rozando la esquizofrenia. Como resultado, en una parte cada vez mayor de la población crece la sensación de estafa múltiple y mantenida en el tiempo por parte de los distintos poderes públicos.
Nuestro poder simbólico representado en el voto cada cuatro años ha quedado como la única prueba de una soberanía mermada hasta la extenuación siendo percibida por una gran parte de la sociedad como la excusa que aún mantenemos para blanquear las opciones políticas a la caza de la mayor representación posible y que en las cuestiones esenciales se diferencian cada vez menos, además de estar -como no podía ser de otra manera- bendecidas por el poder del dinero a quien sirven pleitesía cada vez que este se lo solicita.
Nuestra soberanía nacional primigenia -esa que se aprobó en el contrato constitucional- ha sido sustraída de su unidad para regalarla entre diferentes actores que hacen y deshacen a su antojo, erigiéndose como los verdaderos soberanos de los nuevos tiempos. Nosotros no somos soberanos, las cosas claras.