Un jurado del condado de Morton (Dakota del Norte), ha emitido un veredicto en la demanda de la empresa de oleoductos Energy Transfer contra varias entidades de Greenpeace en EE UU, declarándolas responsables de más de 660 millones de dólares. Una sentencia que supone un durísimo golpe para la ONG ambiental y para el movimiento ecologista en general. En ese sentido, Greenpeace España ha declarado: “Los abusos de las grandes petroleras de todo el mundo seguirán intentando silenciar la libertad de expresión y las protestas pacíficas, pero la lucha contra la demanda de Energy Transfer no ha terminado”.
Es mi deseo, mostrar mi solidaridad y total apoyo a la organización ecologista Greenpeace, y hacer mía la intención de no ceder ante la criminalización, judicialización y represión contra el movimiento ecologista. “Las protestas contra el oleoducto Dakota Access son legítimas y necesarias. Se trata de un oleoducto de 1.770 km que transporta más de 500.000 barriles de crudo diarios desde Dakota del Norte hacia el este y sur de Estados Unidos, lo cual tiene graves consecuencias sociales, culturales y ambientales. Por tal motivo, hace una década, se generó un importante movimiento internacional de oposición, liderado por la tribu Sioux de Standing Rock, apoyada por los gobiernos tribales de más de otros 280 pueblos y con aliados en todo el mundo.
Para la organización ecologista, la condena a Greenpeace no se trata de un caso aislado: “La criminalización, judicialización y represión contra el movimiento ecologista forma parte de una tendencia global. Las movilizaciones en defensa del territorio se enfrentan al auge de la extrema derecha y gobiernos totalitarios vinculados con grandes empresas. Dichas empresas utilizan las SLAPPS o ‘demandas mordaza’ como arma jurídica que silencia, castiga y acalla a defensoras ecologistas de todo el mundo”.
En este sentido, procede destacar que no solo se están intentando imponer los intereses económicos sobre los del bien común, del territorio y la ciudadanía, sino que, en este caso, también opera la “peligrosa alianza” entre la extrema derecha y las empresas: No es casual en esta sentencia que Energy Transfer está presidida por uno de los principales donantes de Donald Trump.
La lucha por la que ahora se condena a Greenpeace tampoco es nueva. La organización ecologista recuerda cómo ya en junio del 2017, desde otras organizaciones ecologistas, se acompañó a las activistas del movimiento Standing Rock en su gira ‘Stand Up With Standing Rock‘. En ese momento, estas organizaciones expresaron su solidaridad a los “protectores del agua”. Una solidaridad que hoy recalcan: “Igual que hace una década, hoy seguimos defendiendo el derecho de la población local a proteger y defender su territorio”.
Esta sentencia supone un ataque a Greenpeace, a los habitantes de Standing Rock y a todo el movimiento ecologista. La judicialización y represión de la protesta nos afecta a todas las personas que trabajamos por un mundo más habitable, más justo y más sostenible. Por ello, también ahora, nos mantenemos unidos en torno a Greenpeace, que no se merece la sanción de la justicia estadounidense, que pretende que esta pacífica organización, pague por un desaguisado promovido des EEUU, con la ayuda de la administración trumpista, y de la extrema derecha de este país que, en los últimos años, ha crecido como la espuma.
Y que no pare aquí la cosa.