En alguna ocasión he escrito una obviedad tan palmaria que sonroja recordarla. La Historia es una relación de avatares y decisiones que, para su correcta lectura y comprensión, no puede fraccionarse artificial e interesadamente. Unos hechos explican (aunque no necesariamente justifiquen) los siguientes. Y, por descontado, el discernimiento y aprehensión de la Historia no puede hacerse con la mirada actual sino al albur de las circunstancias coetáneas con los hechos.
La Historia, por su envergadura y únicamente a efectos académicos, ha sido objeto de una partición concordada. Mas esta puntualización no enerva las certidumbres iniciales.
Se colige, en consecuencia, que la situación política actual no se ha gestado por generación espontánea. Si queremos ser justos en el análisis de los hechos y audaces en la búsqueda de soluciones, habremos de bucear en los fundamentos actuales y pretéritos.
Aún a riesgo de ser tildado de derrotista, así percibo la inquietante situación de la democracia española.
La independencia y neutralidad de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Constitucional y del Órgano de Gobierno de los Jueces (C.G.P.J.), están comprometidas por la bochornosa intromisión del poder ejecutivo y legislativo que, a la postre, son una misma cosa.
A la Fiscalía General del Estado le compete la promoción e impulso de la acción de la Justicia, así como el aseguramiento de la legalidad e imparcialidad en el funcionamiento de la misma.
Síganme en el siguiente argumento deductivo:
- El artículo 124.4 de la Constitución preceptúa: “El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey (el Rey sólo refrenda lo resuelto por el Gobierno), a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (audiencia no vinculante de un órgano sobre el que las Cortes Generales nombran a la mayoría de sus integrantes)
- Artículo 2 Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: “El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.
Partiendo de estas premisas resulta fácil llegar al siguiente razonamiento deductivo:
El Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno. Los fiscales están obligados, en atención a su dependencia jerárquica, a acatar las instrucciones de la Fiscalía General del Estado. Luego el Gobierno controla la acción del Ministerio Público.
Los políticos, como todos, piensan en voz alta lo cual es muy de agradecer pues disipa dudas y candores.
“¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?" (inquiría un periodista a Sánchez) El periodista, ante el silencio de Sánchez, responde: "del Gobierno" y Sánchez apuntilla: "Pues ya está".
La realidad, pensada en voz alta y terca como una mula, convierte las bienintencionadas previsiones del legislador en papel mojado. Escrito está que el Fiscal General actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. En todo caso, el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. Bonitas palabras quebradas por hechos reiterados en los que la Fiscalía General del Estado, unas veces por acción y otras por omisión, ha ejercido de ariete del Gobierno y no de garante de la Ley e interés público.
Corría el año 1985. Felipe González Presidía el Gobierno y Ledesma era su ministro de Justicia. Se consumó una de las mayores felonías contra la independencia y neutralidad debidas del Poder Judicial. En virtud de una ley orgánica aprobada al efecto, la composición del Gobierno de los Jueces quedaba así: Un presidente (El Presidente del Supremo) y veinte vocales. Diez vocales serían elegidos por el Senado y los otros diez por el Congreso. En cada terna, seis habrían de pertenecer a la carrera judicial y cuatro podrían ser juristas de reconocido prestigio. Aquí no acaba la cosa. El Tribunal Constitucional, garante de la observancia de nuestra Ley de Leyes, está compuesto por doce miembros: cuatro designados por el Senado, cuatro por el Congreso, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ (del que el Gobierno tiene el control). Su presidente (que también lo será del C.G.P.J) es elegido por el pleno de este tribunal. Y todos sabemos que el TC no sólo tiene atribuida una función de primer orden sino que, en desafortunadas ocasiones, ha ejercido como un tribunal de última instancia enmendando la plana al Supremo.
¿Qué órgano nombra a los respectivos presidentes de los Tribunales Superiores de las CCAA? El Consejo General del Poder Judicial.
Me he tomado la molestia de leer los programas electorales (en lo que concierne a la Justicia) con los que los principales partidos concurrieron a estas pasadas elecciones generales.
SUMAR y PSOE, tanto monta, monta tanto, tras una retórica insustancial y como paradigmáticos partidos de izquierdas, sólo andan interesados en el desbloqueo de los nombramientos pero, por sus clamorosos silencios al respecto, prefieren que el yugo de la política siga maniatando y orientando al gobierno de los jueces y al TC. En cuanto al Fiscal General del Estado, ni mu, luego que siga siendo el Gobierno quien lo nombre.
PARTIDO POPULAR: Por las promesas e incumplimientos reiterados en esta materia, la letra y espíritu de sus compromisos programáticos me suscitan indiferencia pues, con dos mayorías absolutas mediante, NADA HICIERON SALVO REPARTIRSE EL MAYOR TROZO DE LA TARTA. Si quieren honra, que se la ganen pues obras son amores y no buenas razones.
El programa de VOX, en lo que concierne a la Justicia, es otra cosa. Algo así como una rosa fresca y lozana en la aridez de un inhóspito páramo. Y como todavía no ha tenido la oportunidad de faltar a lo prometido, le concederé el beneficio de la duda. ¿Qué propone VOX?
- Que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados.
- La desaparición del TC, tal y como está configurado hoy, para constituirse en la Sala Sexta del Tribunal Supremo.
- Recuperación del delito de sedición y endurecimiento el tipo delictivo de malversación de caudales públicos.
- El gobierno NO podrá conceder indultos para delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial.
- Rechazo de cualquier intento para atribuir la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal. La persecución de los delitos no puede depender del gobierno de turno.
Sólo le ha faltado desvincular el nombramiento del Fiscal General del Estado del gobierno pues, a imagen y semejante de lo propuesto para el CGPJ, debería ser nombrado por los propios fiscales.
Estoy radicalmente de acuerdo con estas medidas y con el resto de compromisos explicitados en el programa electoral de VOX, en lo que a Justicia se refiere. Ojalá algún día tenga VOX la fuerza y memoria suficientes para implementar tales medidas.
A la vista de las propuestas de los partidos, así como de la clarividencia que aporta la experiencia, podríamos sintetizarlas en tres vías:
- Sumar y PSOE ni creen ni quieren una Justicia independiente. Como zurdos ortodoxos, desconfían de todo lo que no pueden controlar y, en consecuencia, conciben las leyes y a sus exégetas como eventuales contrariedades contra su deformada concepción de la democracia.
- El PP representa el cinismo pues sus promesas y los hechos, en lo que a la Justicia se refiere, no maridan bien.
- El partido ultra radical, a la derechísima de la derecha más diestra, sobre el que los demócratas homologados establecen cordones sanitarios, es, a día de hoy, la única esperanza para la Justicia Española. Al menos, desde mi punto de vista. Y, si así lo prefieren, pueden tildar mi posición de ultra radical y derechísima de la derecha más diestra pues determinados oprobios tornan en agasajos cuando son prosélitos abducidos quienes los pronuncian.
Última reflexión: toda democracia, sin una Justicia radicalmente independiente del poder político, está condenada al fracaso. Los poderes ejecutivo y legislativo tienen la potestad (delegada por el pueblo) de convertir las leyes en instrumentos para el bien común. El poder judicial tiene la principalísima tarea de contener los abusos y desviación de poder, la consumación del fraude de Ley y cualesquiera otras extralimitaciones de un poder legítimo pero no omnímodo, democrático pero no licencioso, representativo pero no despótico. Quienes hasta ahora han sido parte del problema (PSOE y PP) difícilmente pueden ser parte de la solución. Y quienes conciben la justicia como una sospechosa camada de personas de negro que anteponen la Ley y su espíritu a la política y su tufo, sólo están en disposición de asestar el descabello definitivo a LA JUSTICIA Y AL IMPERIO DE LA LEY. Cuando el artículo 117.1 de la Constitución del 78 nos recuerda que el pueblo es la fontana de la Justicia, no implica necesariamente la presencia de intermediarios. Creo yo que jueces y fiscales son parte del pueblo, con dilatada formación como para impartir justicia. Además, en la Justicia impera una dialéctica depurada instrumentalizada en procesos garantistas, recursos, apelaciones e instancias superiores.
En un alarde de realismo pesimista, Platón previno que “la justicia es la conveniencia del más fuerte”. Yo, que llevo cincuenta y siete años deambulando por la utopía, aspiro a una Justicia Justa y Libre en el que su Diosa Iustitia jamás, nunca, se quite la venda de sus ojos.