Todo comenzó entre el 6 y 9 de noviembre de 1975. El príncipe Juan Carlos asumía en funciones la jefatura de Estado, ante la debilidad física de Franco; las reivindicaciones que llegaban desde el Sáhara requerían la intervención de la máxima autoridad nacional. El rey Hassan II de Marruecos había diseñado una invasión sobre el territorio, que pretendía la anexión a su país, a la que bautizó con el nombre de la Marcha Verde.
Desde entonces, las traiciones al pueblo saharaui han sido continuas hasta la actualidad, cuando el gobierno de Pedro Sánchez deja definitivamente a su suerte a los saharauis. Un 14 de noviembre de 1975, cinco días antes de la muerte del dictador, en Madrid, se firmaron los Acuerdos Tripartitos, por los cuales el Reino de España entregaba unilateralmente la administración del Sáhara Occidental a una administración formada por España, Marruecos y Mauritania. Se abría una de las páginas más negra de la política exterior española.
El objetivo de los Acuerdos Tripartitos de Madrid fue legalizar la ocupación marroquí del Sáhara, una ocupación que ya estaba hecha. La Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó de forma determinante los hechos y presentó una resolución en la que se exigía el respeto a la legalidad internacional y reconocía el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Hasta la fecha nadie ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Marruecos ni cumple con la legislación internacional ni reconoce las resoluciones de la ONU.
Pero todo ha cambiado, desde que España ratificó en la declaración final de la XII Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat su apoyo al plan de autonomía de Marruecos para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. "España reitera la posición expresada en la declaración conjunta adoptada el 7 de abril de 2022, con motivo del encuentro entre el Rey Mohamed VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lee en la declaración conjunta publicada, la cita más importante ente los dos países en los últimos ocho años.
En aquella declaración de abril de 2022, que puso fin a la crisis diplomática entre los dos países que duró un año. Se afirmó que España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos y que considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo. Esto supuso un giro en la postura histórica española de neutralidad respecto a su excolonia, que está desde 1975 bajo la administración de facto de Marruecos y reclamada por el saharaui Frente Polisario.
Ahora, con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, todo se presenta más favorable para Marruecos. La incertidumbre sobre qué políticas llevará a cabo en pleno auge de la extrema derecha se cierne sobre la Unión Europea y a nivel global. En el plano internacional se mira especialmente a Ucrania y Oriente Medio. Pero hay una derivada muy preocupante en el conflicto del Sáhara Occidental. Los hechos hasta la fecha son los siguientes: En diciembre de 2020, cuando estaba a punto de terminar su primer mandato, Trump anunció que había firmado una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, Marruecos tendrá un poderoso aliado en el Sáhara Occidental, ya que el expresidente fue el primer líder occidental en reconocer la marroquinidad de ese territorio. Recientemente, el presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó el plan de autonomía de Rabat. Durante su visita al reino alauí, aseguró que Francia estará del lado de Marruecos en todas sus cuestiones existenciales, incluyendo el futuro del Sáhara Occidental.
Para Bernabé López, especialista en el mundo árabe y Magreb contemporáneo de la Universidad Autónoma, la carta de Donald Trump del 10 de diciembre de 2020, reconociendo la marroquinidad del Sahara abrió el camino para que países como España, Alemania y recientemente Francia, se acercaran a las tesis de Marruecos. La victoria electoral de Donald Trump permite pensar a Marruecos que el presidente electo culminará la política que él inició, haciendo realidad lo que quedó en suspenso durante el mandato del presidente Biden, con la apertura de un consulado en la ciudad sahariana de Dajla, la antigua Villa Cisneros. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto a la resolución para un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental ha demostrado ser una inoperatividad absoluta. Si EEUU y Francia actúan al unísono, todo está perdido en el Sáhara Occidental.
El movimiento solidario español comprende y entiende que España debe tener unas buenas relaciones con el vecino del sur, al igual que con el resto de los países vecinos. En el caso de Marruecos, lo que se pide a España es que estas buenas relaciones no se hagan a costa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. El PSOE reconoce que las relaciones con Marruecos son fundamentales para la integridad territorial incluyendo Ceuta y Melilla. Es sabido que Marruecos reivindica Ceuta y Melilla y abre la frontera a su antojo, provocando que incluso la Unión Europea adoptara una Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el uso de menores por las autoridades marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta.
Insiste el PSOE en su argumentario tras mencionar la importancia de las empresas españolas que operan en Marruecos y que más de 800.000 marroquíes viven en España, que lleva meses trabajando con un objetivo: que la defensa de la ciudadanía española, de los intereses de España, en especial, nuestra seguridad, nuestra soberanía, nuestra prosperidad y nuestra integridad territorial, incluyendo Ceuta y Melilla. El argumentario es alarmante ya que si no se hubiera producido el cambio de postura o venta del Sáhara a Marruecos la integridad territorial de España, no estaría en peligro.
Según el art. 73 de la Carta de Naciones Unidas, España tiene como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales, el bienestar de los habitantes de esos territorios y además: asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso; desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento de sus libres instituciones políticas; promover la paz y la seguridad internacionales; y cooperar unos con otros para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, económico y científico.
El cambio de postura del Gobierno de España en el plano internacional, no afectará a la resolución del conflicto, porque España no tiene la capacidad de dar efectividad a esa declaración. No debe firmar ningún acuerdo con Marruecos que sea aplicable al Sáhara Occidental, porque estaría incurriendo en responsabilidad internacional, y podría ser llevada ante la corte internacional de justicia sí concluyera un acuerdo para delimitar las aguas jurisdiccionales de Sáhara Occidental con Marruecos. España ha apoyado siempre de forma tácita la ocupación del territorio. Nuestros gobiernos nunca han sido neutrales ni han mediado entre las partes. Se han limitado a ceder al chantaje marroquí (Ceuta, Melilla, inmigración organizada desde y por Marruecos). De otra parte España ha intervenido en los juicios ante el TJUE frente al pueblo saharaui y al Frente Polisario, por que hace años que se ha deslegitimado como posible mediador.
El Sáhara Occidental sigue siendo un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y como tal, todos los actores del escenario político internacional tienen la obligación de contribuir a una República Árabe Saharaui Democrática libre e independiente (o al menos no obstaculizar su consecución). Un momento oportuno, procedente y justo hubiese sido el reconocimiento del Estado saharaui por parte de España el pasado mes de mayo, cuando reconoció al Estado de Palestina. Sin embargo, su Gobierno se decantó por seguir relegando los derechos del pueblo saharaui, entre otras excusas, a una supuesta excelente relación de vecindad.
Contra todo pronóstico y pese a los numerosos intentos, el pueblo saharaui sigue decidido a luchar con plena convicción y determinación por ejercer de manera efectiva su derecho a la autodeterminación e independencia. Aquellos que crean que los saharauis van a ser víctimas del paso del tiempo, no conocen la naturaleza del desierto. Podemos morir, otros continuarán (Bujari Ahmed).
Conviene recordar que aunque el Gobierno de España insista en considerar la propuesta de Marruecos como una base realista, ello no altera de modo alguno la naturaleza jurídica de la cuestión del Sahara Occidental, habida cuenta de que se trata de un proceso de descolonización inconcluso, que debe regirse por lo establecido por el Derecho Internacional, en un proceso político en el seno de Naciones Unidas así como de la Unión Africana. Tras la reafirmación del Presidente del Gobierno, España renuncia definitivamente a la asunción del rol prominente que le correspondería en el proceso de descolonización del Sahara Occidental, el Frente POLISARIO manifiesta que seguirá instando al respeto al Derecho Internacional en todos los lugares del mundo.
Por la autodeterminación e independencia del Sáhara Occidental, no a la traición del Gobierno de España al pueblo saharaui, es necesario reconocer la naturaleza política del exilio saharaui: forzado por el abandono de la administración española y la invasión militar marroquí que la acompañó; así como atender a las necesidades reales de la población refugiada.