No puedo sino volver sobre el asunto de la UCI Pediátrica del Hospital La Paz: no es caso cerrado, sino abierto y bien abierto. Punta del iceberg de cómo una normativa obsoleta puede convertirse en un problema de vida o muerte para el usuario.
Ya lo saben todos los interesados en el tema: el reciente auto del TSJM avala el cese del Jefe de Servicio de la UCI Pediátrica del Hospital La Paz. No entro en valorar la noticia, de cuyos pormenores se hacen eco tantas cabeceras. Quiero limitarme a reflexionar sobre algunos aspectos profesionales y humanos del problema.
La sentencia del TSJM no es firme; al doctor de la Oliva le cabe el recurso de casación. Lo ignoro todo acerca de los tiempos judiciales madrileños, pero asumo que corren en contra del susodicho, cuya edad le aproxima a la jubilación. De ganar el recurso, es probable que sea una victoria pírrica, válida solo para negociar una indemnización con la Consejería de Salud de la CAM. De perderlo, acentuará la tristeza al momento de dejar la profesión.
Gane o pierda, la suerte parece echada para el doctor de la Oliva. Un ejemplo para tomar nota, y no en el sentido positivo. Creo que a muy pocos profesionales de la medicina les apetece dejar décadas de estudio y trabajo enredados con un gran escándalo como este, que viene a tildar al doctor, cuando menos, de poco apreciado por su equipo de trabajo.
Debo advertir, sin embargo, sobre el riesgo de tomar la solución provisional de este conflicto como una victoria. Como he escrito recientemente, este país está repleto de situaciones como esta. Servicios clínicos, cátedras o departamentos de las administraciones públicas; la lista sería inacabable. Todos son lugares clave para el funcionamiento de la cosa pública y, por tanto, para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos pronto y con eficacia. Se trata de puestos que parecen blindados por una normativa obsoleta y anquilosada, capaz de generar auténticos chiringuitos, cortijos o castillos medievales.
He leído en varios lugares que parte de la maldad de las dictaduras o los regímenes autoritarios es crear un marco o caldo de cultivo en el que ciertas personalidades predispuestas — que en otro contexto se quedarían de tímido vecino — desarrollen al torturador o el delator que llevan dentro.
A distancia de lo anterior, podríamos plantear que una normativa rígida y obsoleta es el marco o caldo de cultivo ideal para que algunos tarados desinhiban ciertos instintos y, sabiéndose impunes, se líen a gritar, amenazar, acosar, insultar o descalificar a cualquier alma que ose atravesar sus dominios.
El funcionamiento institucional interno no da para más. Si el tipo o la tipa en cuestión son suficientemente listos, nunca habrá la menor prueba de nada. De este modo, el régimen de terror se extiende y fortifica. Y es muy poco probable que las instancias rectoras quieran tomar cartas en el asunto. El calvario de la UCI Pediátrica de La Paz atestigua que hay solución, sí, pero solo después de una ardua batalla. A ver quién aguanta más.
La salida provisional de este conflicto deja, pues, el sabor agridulce del precedente. Agrio, por la dureza y la duración del conflicto. Dulce, porque la salida, al fin, se apunta en el sentido del cese del jefe de servicio.
Pero dejarlo aquí sería un cierre en falso.
Sé que muchas empresas solventes hace décadas que se han dotado de poderosas herramientas para advertir precozmente el problema y resolverlo, en la medida de lo posible. La encuestas periódicas de «clima interno» — de respuesta anónima, por supuesto —, permiten detectar estos «agujeros negros» laborales y reemplazar a los causantes. La solvencia de quien las redacta permite advertir la concentración de «silencios sospechosos» o «respuestas poco coherentes» en un determinado lugar. La investigación posterior permite arreglar muchas cosas. Así lo hacen, ya digo, empresas que no pueden permitirse tener un energúmeno en un puesto de importancia.
Me pregunto si, avanzado el siglo XXI, podemos permitirnos tener uno a la cabeza de un servicio clínico, un juzgado o un departamento.