Los números de la economía real nos golpean a la cara un día sí y otro también. Por no hacerlo demasiado largo, hace unas semanas, el Tribunal de Cuentas cifró el coste que el proceso de rescate o reestructuración del sistema bancario ha tenido para las arcas públicas españolas entre 2009 y 2015 en 60.718 millones de euros. Esa cifra es el dinero que el Estado no va a recuperar, muy interior a los otros 122.122 millones de “recursos comprometidos en el proceso de reestructuración” por las entidades fiscalizadas y más distante todavía del monto global de los fondos públicos movilizados desde el inicio de la crisis. A esto hay que añadir las maniobras del gobierno para salvaguardar a los bancos de los más de 50.000 millones que les reclaman los impositores por las preferentes, las subordinadas, las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios… ¿por estafas?
Junto a eso podríamos hablar también del rescate a las grandes empresas -tan bien arropadas en el palco del Bernabéu como estos días ha señalado Bárcenas en el juicio de la Gürtel- que contratan obra pública con el fabuloso método de que si pierdo dinero el Estado paga (autopistas, Castor, túneles)… ¿por amiguismo?
Sin olvidar los despropósitos de la legislación favorable al oligopolio energético que consiguen que tengamos la energía más cara de Europa en el país que más sol, viento y otras posibilidades de energías alternativas tiene… ¿por a los 133 millones de euros que estas entregan cada año a los políticos ocupan puestos en los consejos de administración? ¿Por las puertas giratorias?
Al lado de esta pantagruélica orgía de expolio de las arcas públicas nos encontramos con el Informe Foessa de Cáritas que nos indica que hay, en España, 720.000 hogares sin ningún ingreso, que la precarización de las condiciones laborales sitúa en el 15% el porcentaje de trabajadores pobres, que la tasa de pobreza entre las personas en paro se sitúa en el 44,8%, que 7 millones de españoles tienen problemas para hacer frente a las facturas energéticas este invierno y que, actualmente, uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social.
En esta situación, uno de los colectivos más damnificados por esta gran crisis ha sido el de las personas mayores de 55 años que, expulsados del mercado de trabajo prematuramente y con un sistema de protección social desplomándose, son el síntoma más evidente de la descomposición de nuestro Estado del Bienestar: son "pobres actuales" y "pobres futuros". Y, además, víctimas de una gran deslealtad institucional: cuando más se ensañaba la crisis con ellos, el Gobierno del Estado cambió las reglas del juego a la mitad de la partida, variando las reglas de acceso al subsidio y endureciéndolas. Hoy, ocho de cada diez personas mayores de 55 años en situación de paro, cobra 426 euros (o 213 los del medio subsidio) o nada. Así, tenemos toda una generación que malvive y sobrevive. Se estima que una persona en edad activa que a los 55 años deja de trabajar pierde el 80% de poder adquisitivo por término medio. Pobres del presente, como se puede ver, pero, también, pobres del futuro. A los mayores de 55 años se los obliga a jubilarse prematuramente y, con largas carreras de cotización (hablamos de la generación que trabajaba a los 14 años ya), ven disminuida la pensión en un 30%.
Junto a este colectivo, tenemos, también, el de los jubilados que, a pesar de haber trabajado desde temprana edad, no reciben la pensión que les corresponde por la falta de cotización de sus empleadores en su momento o de las maniobras que se hicieron para evitarlo en zonas como Melilla con el colectivo musulmán.
Solo falta conocer que los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado que más del 90% de la evasión fiscal no fue detectada en 2015 por la Agencia Tributaria (AEAT). Así, Gestha indica que España tiene margen para aumentar la recaudación tributaria hasta 75.500 millones para equiparar la presión fiscal en España del 34,6% del PIB en 2015 al 41,4% de la Eurozona, especialmente, cuando Montoro ha reconocido que la recaudación de impuestos y tasas gestionadas por la AEAT estará. En 2016. unos 13.000 millones por debajo de la recaudación de 2007, especialmente, por el desplome continuado del Impuesto sobre Sociedades. Y que el 72 % del fraude fiscal lo realizan las grandes empresas.
¿Y si ponemos orden, le devolvemos el poder a los ciudadanos, paramos las estafas, recaudamos lo que corresponde, evitamos los fraudes y rescatamos a las personas de una vez?