Excelentísimos señores responsables y representantes municipales de todo el territorio nacional:
La presente es para transmitirles mi más enérgico desacuerdo, así como mi más profunda preocupación con relación a lo que han dado en llamar “Zona de Bajas Emisiones” (ZBE). Me inquietan las normas y actuaciones actuales y futuras que, con respecto a los vehículos de los ciudadanos, ya están o estarán en breve en marcha amparadas bajo el paraguas de varios planes tipificados como “medioambientales”.
Ustedes deben ser conscientes de que existen millones de ciudadanos que, como yo, son propietarios desde hace ya años de un vehículo de combustión. En su día se tuvieron que abonar, entre otros, el “impuesto de matriculación” (en cuantía ajustada a las emisiones oficiales de dióxido de carbono “CO2” que emitía el vehículo) y el “permiso de circulación” exigido y otorgado por un estamento a nivel nacional como es el Ministerio de Industria. El objeto de este permiso de circulaciónes certificar que el vehículo cumple con unos requisitos (potencia, elementos de seguridad vial, emisiones, etc.) que lo acreditan para PODER CIRCULAR en el ESTADO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO.
A día de hoy, dichos vehículos continúan cumpliendo rigurosamente con los estándares, condiciones y parámetros en su día exigidos por aquella homologación. Prueba irrefutable y certificada de ello es el resultado de todas las “Inspecciones Técnicas del Vehículo (ITV)” que el propio Ministerio de Industria y bajo la supervisión de la DGT (ambos entes nacionales) obligan a pasar y abonar con carácter anual y, sin las cuales, el vehículo no podría circular.
Por todo lo expuesto, entenderán que no puedo estar de acuerdo con que un estamento de carácter municipal o autonómicocomo pueda ser el Ayuntamiento de Madrid, Barcelona, etc., decida ahora suspender o anular dicho permiso de circulación expedido por una institución a nivel nacional y sancione a los ciudadanos que, en poder de dicho permiso de circulación y con todas sus inspecciones técnicas realizadas, quieran, necesiten o se vean obligados a circular por dicho municipio de la nación.
De la misma forma, aprovecho para comentarles otra discrepancia respecto a la forma de tratar un asunto que sí es de índole municipal. Me refiero al IVTM o “Impuesto a Vehículos de Tracción Mecánica”, lo que antiguamente se conocía como “impuesto de circulación” y que, en un alarde de intentar desvincularlo del término “circulación”, ahora han decidido enmascarar bajo estas nuevas siglas.
Llámenlo como ustedes quieran, pero lo que no se puede pretender es que los ciudadanos tengan que abonar anualmente el IVTM por disponer de una máquina de tracción mecánica, cuando no se puede hacer uso de esa tracción (acción y efecto de tirar de algo para moverlo o arrastrarlo. Según la RAE) sin ser sancionado. No obstante, por mucho que intenten manipular el lenguaje, en el portal del contribuyente del Ayuntamiento de Madrid se indica que el IVTM es un impuesto que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circular por la vía pública. Si a partir de enero de 2025 los vehículos de los residentes en la capital no van a poder circular por la vía pública en todo Madrid y desde enero de 2024 ya no lo pueden hacer los residentes de la comunidad que no pagan este impuesto en la capital, no pueden pretender que los ciudadanos sigan pagando por algo que no pueden usar.
Plan Medioambiental SÍ, pero NO de esta forma.
Hay muchas más formas viables de conseguirlo y para eso están ustedes, para encontrarlas y llevarlas a cabo sin que ello implique la coacción o sanción al ciudadano, que es el camino fácil pero no precisamente el más adecuado.
No quiero profundizar en el análisis de los nada despreciables problemas generados por la fabricación y utilización del nuevo parque de vehículos eléctricos y de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento (para ello, ya hay publicados concienzudos estudios como el publicado recientemente en diario 16 por Dña. Susana Monsalve), pero sí que quiero hacer hincapié en que “Implementar planes para mejorar la calidad del aire” o “reducir la contaminación medioambiental”no debería de implicar generar miles y miles de toneladas de residuos nocivos de millones de vehículos de combustión para sustituirlas por otras tantas de vehículos eléctricos o híbridos que habrá que achatarrar mucho antes (la vida útil de un vehículo impulsado eléctricamente es mucho más corta). A toda esa chatarra se añaden toneladas y toneladas de baterías de última generación mucho más contaminantes que, para su fabricación, requieren de unas materias primas escasas y muy costosas, con un dudoso y difícil reciclado y que, adicionalmente, resultan mucho más peligrosas.
Estoy totalmente convencido que las medidas que se están adoptando se encuentran amparadas en una serie de leyes y normativas preestablecidas y debidamente aprobadas (como no podía ser de otra forma), pero no por ello exentas de posibles modificaciones o adaptaciones según evolucionen sus resultados y, sobre todo, según las necesidades de los ciudadanos a los que deben servir.
Comento esto porque el cariz que están tomando estas nuevas normas empieza a resultar discriminatorio para la ciudadanía. Estas normas solo pueden cumplirlas aquellos con un poder adquisitivo que les permita deshacerse de un bien adquirido (en muchos casos con esfuerzo y durante años) y que continúa dando un buen servicio y cumpliendo con los estándares fijados en el momento de su adquisición, para sustituirlo por otro nuevo. Este nuevo vehículo será mucho más caro y difícilmente amortizable dada su corta vida útil, ya que las baterías, … son las baterías…, y su coste es la parte más importante del vehículo (en muchos casos sustituirla supone más del 40 % del coste del vehículo) y su vida media por rendimiento y seguridad no debe exceder de 3000 cargas, 8 años o 150 000 km(en el mejor de los casos y si no se someten a ciclos de carga rápida). Pasada esa vida útil, debemos volver a realizar un importante desembolso económico, a no ser que antes (no más de 4 a 5 años) nos hayamos desecho del vehículo y adquirido otro nuevo o que hayamos optado por una fórmula de renting, leasing, etc., que no solo supone hipotecarse de por vida con un vehículo, sino que fomenta un continuo recirculado de toneladas de vehículos (más chatarra y más residuos) cada poco tiempo.
¿ESTAMOS SEGUROS DE LO QUE ESTAMOS HACIENDO? ¿O ESTO NO ES MAS QUE UNA HUIDA HACIA DELANTE?