Pavor en el PP ante una posible comisión parlamentaria por la compra ilegal de mascarillas

Estamos en medio de la cruenta guerra de las mascarillas. Dosieres que circulan por Madrid, papeles ministeriales, secretos que van de un periódico a otro, de un juzgado a otro, de un cuerpo policial a otro. PSOE y PP han desatado las hostilidades, acusándose mutuamente de vergonzantes pelotazos, de fortunas personales y emporios que florecieron con el caldo de cultivo del coronavirus, de corruptelas, de trapacerías, de golfadas de todo tipo, en fin. Estamos conociendo, probablemente, los casos de corrupción más nauseabundos de la historia de nuestra democracia. Gente sin escrúpulos que se llenaba los bolsillos con el negocio sanitario mientras sus paisanos morían asfixiados en los hospitales y en las residencias de ancianos. Gente desalmada que dio rienda suelta a su codicia sin tener en cuenta la ética ni unos mínimos valores humanos. Creíamos que lo habíamos visto todo y nos quedaba lo peor.

Si ponemos en orden el rosario de asuntos judiciales que han ido saliendo a la luz pública, así como la secuencia de acusaciones cruzadas entre populares y socialistas, entenderemos por qué el caso Koldo y la súbita defenestración política de Ábalos. Desde el final de la pandemia, decretado oficialmente el 5 de julio del pasado año, el goteo de escándalos protagonizados por mediadores, comisionistas, negociadores, comerciales y corredores de mascarillas ha sido incesante. Recuérdese el bochornoso affaire de los cazachollos Luis Medina y Alberto Luceño, ambos a juicio por una soberbia estafa. Pero, sin duda, el gran estallido, el big bang, se produjo en febrero de 2022, cuando a Pablo Casado, harto de las intromisiones y del pulso político que le estaba echando Isabel Díaz Ayuso, se le ocurrió irse a la cadena Cope para denunciar públicamente a la presidenta de Madrid por encubrir a su hermano, uno de los supuestos agraciados por el lucrativo negocio de los cubrebocas. Justo es reconocer que Casado le echó valor a la cosa cuando decidió coger aquel toro por los cuernos y preguntarle retóricamente a Carlos Herrera si le parecía lógico adjudicar a un familiar un negocio sanitario, con mordida de 234.000 euros incluida, cuando en España morían 700 personas a diario por el agente patógeno.

Ya sabemos cómo acabó todo aquello: con miles de madrileños pidiendo la cabeza del entonces líder del PP y gritando Ayuso Ayuso frente a la sede del partido. Probablemente, a esta hora el bueno de Pablo todavía esté diciéndose a sí mismo aquello de maldita la hora, al tiempo que preguntándose por qué no se quedaría calladito, que estaba más guapo. Casado jamás llegó a pensar que quien iba para héroe nacional (todo denunciante de corrupción lo es) podría terminar como un villano, ni que sería puesto de patitas en la calle sin solución de continuidad ni derecho a recurso alguno. Al menos tuvo la oportunidad de comprobar en sus propias carnes cómo se las gasta la mafia de la derecha española, que haberla hayla, como las meigas.

Era la primera vez que un político del Partido Popular denunciaba la corrupción interna y probablemente será también la última (no lo volveremos a ver más, el mensaje a navegantes ha quedado meridianamente claro), pero aquello desató una guerra a muerte entre familias genovesas de la que, una vez más, salió triunfante el ayusismo. Finalmente, un pacificador tuvo que desplazarse desde las lejanas tierras gallegas hasta Madrid para poner paz y orden, y de paso tratar de bajarle los humos a la lideresa, aunque esto no lo ha conseguido Feijóo en ningún momento, ya que ella sigue siendo un verso suelto y conspira, hace, deshace, pincha y corta cuándo y cómo le viene en gana. Para más inri, la tajada del hermanísimo quedó en nada, ya que ni la Fiscalía europea ni la española vieron irregularidades en la operación. Se echó tierra encima, a los españoles nos endosaron las “más carillas”, consumándose el fraude, y aquí paz y después gloria.

Pedro Sánchez olió el rastro de la sangre y decidió entrar a saco en aquella guerra sin reparar en que todo aquel que se mete con la Ayuso sale escaldado, corneado, herido o lo que es peor: fiambre. Al premier se le ocurrió mentar al hermano de la señora en una sesión parlamentaria y esta, desde el gallinero donde estaba cómodamente sentada, le respondió airada con un barriobajero “qué hijo de puta”, aunque ella, con su habitual gracejo cañí, lo negó y solo reconoció haber dicho “me gusta la fruta”. Fue una estupidez como muchas de las que suelta a diario, pero el pueblo de Madrid se lo compra todo a la diva y aquella frase pasó a la historia como gran epítome del ayusismo. Sánchez no sabía dónde se había metido. La niña del exorcista le había echado las cruces, dos velas negras como la Pitonisa Lola, lagarto, lagarto, sentenciándolo a una especie de maldición gitana que ahora se materializa en forma de cataclismo para todo el PSOE. Nada es casual, y mucho menos en política.

Hace solo unos días, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, recordaba que en marzo de 2022 llevaron a la Fiscalía Anticorrupción doce contratos de compra de material sanitario por parte del Gobierno central. ¿Fue la venganza de Ayuso contra Sánchez por haberle tocado al hermanísimo? Todo apunta a que sí. “Parece que no íbamos muy desencaminados”, se jacta Serrano en redes sociales tras saltar la noticia del escándalo protagonizado por Koldo García, el asesor y mano derecha de Ábalos. De ser así, el exministro no sería más que un efecto colateral de la reyerta a muerte y sin cuartel entre Sánchez y Ayuso.

El caso Koldo ha vuelto a poner sobre la mesa las golfadas de una minoría de aprovechados y oportunistas de uno y otro partido durante la pandemia. Es evidente que urge luz y taquígrafos para llegar hasta el fondo del asunto y en esas están Congreso y Senado, que se disponen a abrir los archivos y a investigar cada uno de los contratos covid firmados en aquellos años, en los que las diferentes administraciones se gastaron la friolera de 2.000 millones de euros en solo tres meses. Un auténtico dineral que probablemente se malgastó en buena parte y que fue a parar a bolsillos que no correspondían. Curiosamente, Madrid fue el ayuntamiento que más contratos y más suculentos firmó. Quizá por eso, Ayuso ha dado la orden para que el Partido Popular vote en contra de cualquier comisión de investigación, no vaya a ser qué. No quieren ni oír hablar del tema que ha propuesto el PSOE, por algo será. Por tanto, no se crean las peroratas de Feijóo, al que se ve muy crecido y muy gallo en las sesiones de control al Gobierno; ni tampoco las arengas del sobreactuado alcalde Almeida, que exige elecciones anticipadas ya mismo por el caso Koldo. Todos en el PP parecen muy seguros de sí mismos, aparentan gozarlo como niños de teta con la ruina personal y moral de Ábalos y con Sánchez tumbado sobre la lona. Pero, en realidad, están aterrorizados con la sola idea de que puedan abrirse los archivos, rastrearse los ordenadores (si es que no han destrozado ya los discos duros) y levantarse las alfombras, quedando al descubierto toda la podredumbre que acumularon en aquellos años pandémicos.