Increíble pero cierto. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Juan Pedraz, ha admitido a trámite una querella contra Banco Santander y Ana Patricia Botín por la estafa piramidal de Bernard Madoff. El historial del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 respecto a la entidad cántabra hace que sea noticia que admita a trámite una causa con las graves consecuencias que pueden derivar de ella.
La querella fue interpuesta por el abogado Eduardo Martín-Duarte quien, además, es accionista de Banco Santander y cuenta con el asesoramiento jurídico de Juan Martín Llopis, presidente de Martín Villa & Asociados.
Los presuntos delitos que se presentan en la querella, a la que Diario16 ha tenido acceso, son los de estafa, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Los acusados son Banco Santander, Ana Patricia Botín, su hermano Javier Botín, Guillermo Morenés, marido de la presidenta del Santander, Manuel Echevarría Plaza, Optimal Investment Services, Optimal Multiadvisors Limited, Juan Carlos Rodríguez Hergueta, Ramón Suanzes Fernández de Cañete, Ángel Luis Sanz Lázaro, Rodrigo Echenique Gordillo y Javier Marín Romano.
Los hechos por los que se presenta la querella se fundamentan en documentación e información de la empresa de Bernard Madoff que fue intervenida por las autoridades judiciales de los Estados Unidos por estafa piramidal. Además, se utilizan datos de resoluciones judiciales en Suiza y en el país norteamericano y en las demandas presentadas, entre otros, por el administrador judicial de Madoff, Irving H. Picard.
Bernard L. Madoff Investments Securities (BLMIS) fue la protagonista de una de las mayores estafas piramidales de la historia. La querella señala que en dicho fraude fueron presuntamente partícipes tanto Banco Santander como su gestora de fondos Optimal, la banca privada BANIF y entidades relacionadas con la familia Botín como M&B Capital Advisers (M&B), dirigida y participada por Guillermo Morenés, Javier Botín y Ana Patricia Botín.
«Tanto el Banco Santander, como Optimal, Banif y M&B, con la ayuda de Manuel Echeverría participaron directamente en la estafa piramidal con pleno conocimiento del fraude al tener el Sr. Echeverría relación directa con Bernard Madoff y disponer dichas entidades de diferentes informes de sus empleados –v. g. Sra. Courvoisier, Sr. Atkins, Sr. Jaitly y Sr. Clark- y de entidades bancarias –v. g. UBS- que les advirtieron repetidamente del fraude piramidal», señala la querella.
Sin embargo, a pesar de las advertencias, tanto Ana Patricia Botín, Guillermo Morenés, Javier Botín y el resto de querellados presuntamente «participaron a sabiendas en el mismo `colocando´, con conocimiento de que estaban participando en un fraude piramidal, cerca de 4.000 millones de dólares de sus clientes cometiendo: (1) un delito continuado de estafa, (2) un delito continuado de falsificación en documento mercantil, (3) un delito de blanqueo de capitales y (4) un delito de asociación ilícita», señala el documento.
Hay que tener en cuenta que las penas de más de 10 años de prisión e inhabilitación que llevarían aparejadas los supuestos delitos cometidos por Ana Patricia Botín, su marido, su hermano y el resto de querellados, el número de afectados, la dinámica comisiva desplegada y su agravación por el volumen de dinero estafado implican que estos presuntos delitos aún no han prescrito.
La querella fue presentada el 2 de diciembre de 2022 y fue admitida a trámite por el juez Pedraz sólo tres días después considerando que los hechos podrían ser delictivos, por lo que el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional decidió incoar diligencias previas.
Sin embargo, según un auto al que este medio ha tenido acceso, cinco meses después de la admisión a trámite, Pedraz volvió a ser quien es habitualmente cuando está Banco Santander de por medio y notificó que la Audiencia Nacional no era competente, hecho que sorprende por la naturaleza de los delitos incluidos en la querella, el número de afectados y el volumen de dinero supuestamente estafado, delitos que, según muestra la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, deben ser instruidos por la Audiencia Nacional. Esta declaración de falta de competencia será recurrida, según ha podido saber Diario16.