En España, las demandas y querellas contra Banco Santander o la familia Botín, cuando pueden tener un impacto importante tanto para la entidad como para su presidenta, suelen caracterizarse por el escándalo y el juego sucio judicial. En otros países, con una justicia más independiente, imparcial y que no recibe tantos toques, el Santander se ve obligado a llegar a acuerdos extrajudiciales con los tribunales para no ser condenado de manera severa.
La querella presentada por el abogado Eduardo Martín-Duarte, que también es accionista del banco, con el asesoramiento jurídico de Martín Villa & Asociados, puede tener un fuerte impacto en el Santander, no sólo porque las penas de prisión a las que se enfrentan los querellados, entre ellos Ana Patricia Botín, pueden superar los 10 años, sino porque miles de personas que fueron estafadas con los productos de Madoff a través del Santander o de las empresas asociadas a la entidad pueden personarse en la causa.
En concreto, Martín-Duarte acusa de la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita por la estafa piramidal de Bernard L. Madoff a Banco Santander, Ana Patricia Botín, su hermano Javier Botín, Guillermo Morenés, marido de la presidenta del Santander, Manuel Echevarría Plaza, Optimal Investment Services, Optimal Multiadvisors Limited, Juan Carlos Rodríguez Hergueta, Ramón Suanzes Fernández de Cañete, Ángel Luis Sanz Lázaro, Rodrigo Echenique Gordillo y Javier Marín Romano.
La querella fue presentada el día 2 de diciembre de 2022 y admitida a trámite por el juez Santiago Juan Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, sólo 3 días después por hallar el magistrado que los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito.
Sin embargo, el auto de incoación de diligencias no fue notificado a Martín-Duarte, lo que supone una violación de la ley por parte de la Audiencia Nacional.
En el auto en el que Pedraz rechaza la competencia para instruir la querella se señala que «dada cuenta. Por recibido el anterior Informe del Ministerio Fiscal con Nº Rº 15.829/23 (Acont. 49), de fecha 14.04.2023, únase a los autos de su razón». Es decir, que el juez pidió a la Fiscalía que realizara un informe previo a la instrucción de la causa. Por tanto, hubo, al menos, un informe aportado por el Ministerio Público.
Sin embargo, Martín-Duarte no recibió ningún tipo de notificación hasta el 3 de mayo en que se le comunicó el auto de rechazo de la competencia. Ante esta situación, el querellante se personó en la Audiencia Nacional, dado que no había recibido nada. Ni siquiera sabía que la querella había sido admitida a trámite. Por tanto, el juzgado del que es titular Santiago Pedraz había ocultado durante 5 meses todas las diligencias que se practicaron.
Fuentes jurídicas han señalado a Diario16 que mantener a Martín-Duarte sin conocimiento alguno de las diligencias que se estaban practicando durante todo ese tiempo es ilegal, además de un escándalo judicial supremo. Uno más. Al querellante se le ha impedido durante esos 5 meses estudiar el caso, consultar la documentación aportada, que debió ser mucha porque el auto de rechazo de competencia hace referencia a un expediente aportado por la Fiscalía Anticorrupción y estudiar el informe del Ministerio Fiscal, entre otras cosas. Es decir, se le ocultaron, al menos, una decena de actuaciones. Casualmente, en España sólo pasan estas cosas cuando está el Santander o un Botín involucrado en una causa judicial.
Pedraz, sin embargo, sólo notificó el auto de rechazo de competencia, lo que dejaba al querellante con muy poco margen de maniobra a la hora de recurrir esta decisión.
El escándalo (o el juego sucio) está servido una vez más, no sólo porque se deje en indefensión absoluta a Martín-Duarte, sino porque se ha pretendido cerrar en falso una causa en la que hay miles de afectados por la estafa piramidal de Madoff que pueden personarse en esta causa, sobre todo por la ingente documentación nueva aportada en la querella y que en 2010 no había sido cotejada por la Fiscalía.