La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se presentó ante el Senado con cifras que son, a la vez, defensa y advertencia. Desde 2018, el presupuesto del Gobierno para prevención y extinción de incendios ha aumentado un 50%. Solo entre 2024 y 2025 pasó de 107 millones de euros a 134 millones, de los cuales 108 se destinaron a la extinción y 26 a prevención. La ministra subrayó que los medios desplegados han intervenido ya en 14 comunidades autónomas y 29 provincias. Y, sin embargo, pese al mayor músculo presupuestario y operativo, la estadística de este verano confirma lo que ecólogos y bomberos forestales repiten hace años: España sigue perdiendo terreno frente al fuego.
Verano devastador
La oleada de incendios de agosto ha dejado hasta ahora unas 160.000 hectáreas de espacios naturales protegidos arrasados por las llamas. La Red Natura 2000, columna vertebral de la conservación ambiental europea, ha sufrido daños considerables, y con ella, la supervivencia de 395 especies vulnerables o en peligro de extinción. Entre las más afectadas figuran el urogallo, con más de 2.400 hectáreas de su hábitat destruidas; la cigüeña negra, con 773; y el oso pardo, con 1.751.
La ministra advirtió que esta ola de incendios tendrá un “efecto amplificador” sobre la crisis de biodiversidad. Es un fenómeno que no se limita a España: desde Canadá hasta Grecia, pasando por el Mediterráneo oriental, los incendios forestales están alterando paisajes y acelerando la pérdida de especies. Pero España es particularmente vulnerable: combina veranos más largos y secos, un territorio despoblado en amplias zonas rurales y un tejido de protección medioambiental que cubre más del 30% de su superficie.
Ciencia, bomberos y política
Aagesen destacó la contribución de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en las labores de predicción y extinción, recordando que la ciencia climática se ha convertido en una herramienta crucial para anticipar riesgos y coordinar despliegues. También insistió en la profesionalización de los bomberos forestales, que cuentan desde 2024 con una ley básica que regula sus condiciones y que ha mejorado la dignidad de un colectivo históricamente precarizado. “Hay que cuidar a los que nos cuidan”, resumió la ministra.
Sin embargo, en la retórica se esconde una tensión estructural: el grueso del presupuesto sigue concentrándose en apagar fuegos más que en prevenirlos. De los 134 millones de euros disponibles en 2025, apenas una quinta parte se dedicó a medidas preventivas, como la gestión forestal, la creación de cortafuegos o la restauración de ecosistemas degradados. En un país con casi 18 millones de hectáreas forestales, la prevención sigue siendo el punto débil.
El coste de la emergencia permanente
España no está sola en este dilema. Italia y Portugal enfrentan problemas similares: territorios con alta densidad de masas forestales, climas cada vez más extremos y poblaciones rurales en retroceso. El resultado es una combinación explosiva: bosques más secos, más combustibles y menos gestionados. Mientras tanto, las ciudades, donde reside el grueso del electorado, solo perciben el problema cuando el humo oscurece el horizonte.
El Gobierno insiste en que acompañará a las comunidades autónomas en la restauración de las zonas afectadas. Pero las promesas de reforestación y recuperación del suelo chocan con realidades incómodas: desertificación acelerada en el sureste peninsular, abandono agrícola en el interior y un mercado laboral que expulsa a los jóvenes del campo. La “España vaciada” es, también, una España más vulnerable al fuego.
Una crisis de largo plazo
El discurso de Aagesen refleja una paradoja. España ha invertido más recursos que nunca en combatir incendios, ha reforzado el reconocimiento a los bomberos forestales y ha dotado de un marco legal a quienes arriesgan la vida cada verano. Pero el problema no se mide en helicópteros ni en brigadas de refuerzo: es estructural y climático.
El país se enfrenta a veranos cada vez más parecidos a los de Oriente Medio, a especies amenazadas cuyas áreas críticas de supervivencia se evaporan en semanas y a un modelo de protección ambiental que, sin una estrategia seria de prevención y gestión forestal, puede convertirse en papel mojado.
La ministra tiene razón en señalar que “queda mucho trabajo por hacer”. Lo que está en juego, sin embargo, no es solo la capacidad de apagar incendios, sino la resiliencia de España frente a un clima que no volverá a ser el de antes.