El exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el origen de las filtraciones de documentos y correos privados que le afectan personalmente y a su entorno. En su denuncia, Ábalos apunta directamente a funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al juzgado de la Audiencia Nacional que lleva el caso, bajo el control del magistrado Ismael Moreno.
Las filtraciones
Ábalos ha afirmado que algunos datos y documentos se han divulgado antes de que las partes personadas en la causa tuvieran conocimiento de ellos. Esto, según el exministro, representa una violación grave de la privacidad y del debido proceso. En declaraciones durante una comparecencia en el Congreso, Ábalos desvinculó al PSOE de esta situación, aunque lanzó varios avisos sobre el acoso judicial y mediático que actualmente también afecta al presidente Pedro Sánchez y a otras personalidades del partido.
"Que tome nota el partido del que ahora estoy suspendido. No es mi situación, lo intolerable es estar viendo comunicaciones que afectan a la vida privada de terceros y lo peor aún es que normalicemos todo esto. A estas alturas parece que ya lo entienden (en el PSOE) pero no parecía que lo entendieran en un principio cuando me pasó a mí", recalcó Ábalos.
Espionaje
Durante la jornada del martes, la Mesa del Congreso pidió a Ábalos que reformulara una serie de preguntas dirigidas al Gobierno, cuyo objetivo era investigar si él y su entorno fueron objeto de espionaje irregular por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Mesa tomó esta decisión después de recibir un escrito de los letrados del Congreso que recomendaba la reformulación, considerándolas de "exclusivo interés de una persona singularizada".
En la rueda de prensa, Ábalos denunció estar recibiendo una campaña de acoso, a pesar de "no estar siendo investigado" por el caso Koldo. En su denuncia registrada ante la Fiscalía, especifica que la difusión de material privado que le afecta a él y a su entorno "ha sido consentida" por quienes tienen la obligación de preservar su privacidad, señalando directamente a los funcionarios que han intervenido en la investigación y custodia de estos datos.
Campaña de acoso mediático
El ahora diputado del grupo Mixto también mencionó en su denuncia el espionaje que habrían sufrido diputados de Podemos a manos de una "unidad secreta" de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Explicó que desde 2020 hasta la fecha, tanto durante su etapa como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, como ahora en su papel de diputado, ha estado "sufriendo" la publicación por parte de algunos medios de "datos y detalles" de su vida personal, incluyendo "domicilios, desplazamientos, alojamientos y celebraciones familiares".
Por ello, Ábalos ha formulado cinco preguntas al Gobierno, instándolo a responder por escrito si está siendo investigado y si tiene conocimiento de la realización de "consultas" en las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre su información personal y la de sus familiares. Además, pidió aclaraciones sobre la remisión de documentos incautados por la Guardia Civil a su asesor, relativos a su actividad política y vida privada sin conexión con el caso, y denunció que estos documentos están siendo utilizados en una "campaña de acoso mediático" contra él.
La denuncia de Ábalos llega en un momento de tensión política, no solo para él, sino también para el PSOE, que ha visto cómo varios de sus miembros, incluyendo al presidente Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso Francina Armengol, se ven envueltos en polémicas similares. Ábalos, que fue apartado del PSOE tras el estallido del caso Koldo, ha aprovechado esta situación para advertir al partido sobre los peligros de no actuar con firmeza ante estas filtraciones y campañas de acoso.
"Yo he condenado el franquismo siempre y no necesito pasar exámenes de democracia", defendió Ábalos, en respuesta a las críticas por la ley de concordia valenciana, pactada con la ultraderecha para enmendar la anterior ley de Memoria Democrática. Aunque ha desligado al PSOE de las filtraciones, sus comentarios sugieren un llamado a la reflexión y a la acción dentro del partido.