La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), Adriana Lastra, ha denunciado que el presidente del PP, Pablo Casado, “ha sido un irresponsable” durante toda la pandemia, “porque no le ha interesado luchar contra la pandemia, sino contra el Gobierno”.
En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, y preguntada por la finalización del estado de alarma, Adriana Lastra ha recordado, como también lo hiciera Pedro Sánchez, que el PP votó dos veces en contra de la aprobación de este instrumento, y se abstuvo en el que se aprobó en otoño y que concluyó el 9 de mayo. La vicesecretaria general del PSOE ha denunciado que la irresponsabilidad del PP le ha llevado a oponerse “sistemáticamente a todas las medidas adoptadas por el Gobierno”, que han sido ratificadas en el Congreso. “Me gustaría que, por una vez, se pusiera del lado del Gobierno de su país, no del PSOE, sino del Gobierno de su país”, ha pedido.
EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA, UNA BUENA NOTICIA
En opinión de la portavoz, la finalización del estado de alarma es “una buena noticia” que permite abrir una nueva etapa tras catorce meses “muy duros” que requirieron una situación de excepcionalidad mediante la aplicación de este instrumento jurídico, cuyo empleo por parte del Gobierno fue “un acierto”. El fin del estado de alarma se ha hecho posible por los buenos datos del proceso de vacunación y por la fase en la que se encuentra la pandemia.
La también vicesecretaria general socialista ha insistido en que esta buena noticia representa que “lo peor de la pandemia ha pasado” y la excepcionalidad ya no es imprescindible. “De hecho, el Ejecutivo tiene la obligación de garantizar, en cuanto se pueda, que los ciudadanos y los poderes públicos vuelvan a la normalidad”, ha abundado.
Mecanismos jurídicos suficientes
La portavoz ha explicado que, aunque el estado de alarma desaparece, el ordenamiento jurídico “tiene mecanismos suficientes para hacer frente a esta situación, adecuados a la fase de la pandemia en la que nos encontramos y menos lesivos para los derechos fundamentales”. Estos son la Ley general de salud pública, la Ley de medidas especiales en materia de salud pública y la Ley de seguridad nacional.
En segundo lugar, ha proseguido, se cuenta con el papel de los jueces. “Allí donde sea necesario adoptar disposiciones que restrinjan derechos fundamentales, se deberá recabar autorización judicial. Este sistema está vigente en nuestro país desde el año 2000, sin que nadie se haya cuestionado hasta hora la constitucionalidad del procedimiento, ni que se judicializaba con ello la lucha contra la pandemia”, ha reseñado.
DOS MEDIDAS DEL GOBIERNO
A pesar de disponer de estos mecanismos, el Gobierno ha continuado adoptando medidas, que la portavoz ha sintetizado en dos:
- La reforma del procedimiento de autorización judicial para atribuir la competencia a los Tribunales Superiores de Justicia y a la Audiencia Nacional cuando los destinatarios de las medidas sanitarias no estuvieran identificados individualmente.
- La aprobación la semana pasada de un Real Decreto, en vigor desde ayer mismo, para que el Tribunal Supremo pueda revisar las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de cada Comunidad Autónoma y sea quien unifique los criterios utilizados para ratificar o denegar las medidas sanitarias.
Lastra ha sido contundente al afirmar que “no se está preparando ninguna norma, ni ningún cambio normativo, porque ya existe el arsenal normativo suficiente que permite tomar las medidas necesarias en cada territorio”. Además, las comunidades pueden solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma en sus territorios. “Lo que no vamos a hacer es modificar una ley ordinaria para convertirla en excepcional y limitar derechos fundamentales con carácter general, porque para eso está el estado de alarma”, ha zanjado.