El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha admitido públicamente en el pleno celebrado este jueves lo que hasta ahora era una sospecha ampliamente extendida en los círculos políticos de la provincia: que la expulsión de Miguel Ángel Jiménez y Ernesto Abel Herrera del Grupo Popular se produjo como consecuencia de un acuerdo alcanzado entre él mismo y la dirección provincial del Partido Popular. La confesión, pronunciada durante el debate plenario, confirma punto por punto las denuncias que el antiguo portavoz del PP ha venido realizando en las últimas semanas.
“Nos han expulsado por un pacto con el alcalde”. Esta era la tesis que Miguel Ángel Jiménez defendía desde hace días, y que algunos sectores del PP intentaban desacreditar como una lectura personal. Sin embargo, el propio Bella ha despejado cualquier duda con sus palabras en sede plenaria: sí existió ese pacto, sí fue negociado con la cúpula del PP en Huelva, y sí tenía como objetivo quitarse de en medio a un adversario político incómodo.
Una confesión que confirma una denuncia grave
El ahora concejal no adscrito y hasta hace poco presidente del PP en Almonte ha defendido con firmeza que su expulsión responde a razones estrictamente políticas: su labor de oposición activa y crítica, su negativa a someterse a imposiciones del partido y su resistencia a pactar con el gobierno de Ilusiona. El día que se hizo pública su expulsión, Jiménez afirmó que habían sido expulsados “por defender a los ciudadanos de Almonte”, una acusación que ahora cobra fuerza al ser reconocida por el propio regidor.
Un partido entregado y una oposición silenciada
Lo que parecía un pulso interno ha resultado ser una operación política en toda regla. Las palabras del alcalde en el pleno no solo confirman la existencia de ese acuerdo, sino que evidencian hasta qué punto el PP provincial, bajo el liderazgo de Manuel Andrés González, ha cedido a las presiones de un alcalde independiente para mantenerse en el poder en otras instituciones.
Bella ha desempeñado un papel clave en la conformación de los gobiernos en la Mancomunidad de Servicios (MAS) y en la Mancomunidad del Condado, donde los votos de Almonte han resultado decisivos para que el PP adquiera la presidencia. Y el precio de ese apoyo ha sido la cabeza del principal opositor en su propio pueblo.
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Con esta maniobra, la dirección del PP lanza un mensaje demoledor a los futuros candidatos del partido en la provincia: si son incómodos, serán sacrificados sin miramientos. Un precedente que erosiona la confianza en las estructuras internas del partido y en la autonomía de sus agrupaciones locales.
Una democracia local en entredicho
Más allá de las siglas, este episodio abre un debate mayor sobre el funcionamiento de la política local. Que un alcalde admita haber pactado con otro partido para expulsar a los concejales que le fiscalizaban supone un golpe directo a la democracia representativa. No se trata solo de la libertad de conciencia de los cargos públicos, sino del derecho de la ciudadanía a ser representada por voces críticas y activas en el seno de las instituciones.
“Lo que no han conseguido con argumentos lo han logrado con despachos”, denunciaba Jiménez, quien ha anunciado que continuará su labor como concejal no adscrito con la misma firmeza. “No necesito siglas para defender a mi pueblo”, ha dicho.
La política convertida en tablero
Almonte se ha convertido así en símbolo de una deriva política en la que los acuerdos entre cúpulas aplastan las decisiones locales. En palabras de Jiménez, lo ocurrido “es un ataque a la democracia y una traición a los votantes del PP”. Pero también es el reflejo de una lógica extendida: la de una política que premia la obediencia y castiga la autonomía, que privilegia los pactos a puerta cerrada por encima de la legitimidad popular. La confesión pública del alcalde deja poco margen para la ambigüedad. El relato de los expulsados ya no es solo una versión; es un hecho confirmado por quienes lo orquestaron.