La reciente decisión de la Comunidad de Madrid de externalizar el diseño de la nueva Estrategia Madrileña para la Igualdad ha generado una oleada de indignación y críticas, particularmente entre las organizaciones de mujeres que históricamente han sido partícipes en la creación de estas políticas. Este movimiento, liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, representa no solo una claudicación en el compromiso con la igualdad de género, sino también una traición a los principios democráticos de participación y transparencia.
El Consejo de la Mujer,
Desde la aprobación de la anterior Estrategia Madrileña de Igualdad en 2018, el Consejo de la Mujer, una entidad asesora clave en temas de igualdad, ha jugado un papel fundamental en la elaboración y supervisión de este plan. Sin embargo, en esta ocasión, la Comunidad de Madrid ha decidido prescindir de su colaboración directa, optando por un proceso de licitación externa para la nueva estrategia. La Dirección General de Igualdad justifica esta decisión alegando insuficiencia de medios materiales y personales para abordar la tarea internamente. Según un informe oficial, los recursos humanos disponibles en la Dirección General no son suficientes ni compatibles con las funciones que desempeñan actualmente.
Pero, ¿es esta justificación suficiente para desmantelar un proceso que ha demostrado ser efectivo y representativo? El presupuesto asignado para la externalización, cercano a los 57 mil euros sin impuestos, no solo es cuestionable por su monto, sino también por lo que representa: una decisión que pone en manos privadas la responsabilidad de diseñar políticas públicas fundamentales. Esta delegación de competencias es, en sí misma, un retroceso en la lucha por la igualdad de género, una lucha que debería ser prioritaria y gestionada con la máxima seriedad y compromiso por parte de las instituciones públicas.
Los falsos argumentos de Ayuso
El argumento de que la Estrategia de 2018 se realizó mediante una "fórmula similar" es, en el mejor de los casos, engañoso. Aunque es cierto que la Universidad Politécnica de Madrid fue contratada para un estudio diagnóstico en aquella ocasión, no se le encargó la elaboración completa de la Estrategia, un detalle que la Consejería de Asuntos Sociales ha preferido omitir en sus respuestas. Este precedente no justifica, bajo ninguna circunstancia, la exclusión de los actores sociales que, hasta ahora, han trabajado mano a mano con la administración para promover la igualdad en la región.
Las voces críticas no se han hecho esperar.
Elena de León, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, ha denunciado la falta de comunicación y transparencia en este proceso. "Ni siquiera nos han avisado. La anterior estrategia, el grueso de la estrategia, lo hicimos en el Consejo de la Mujer. No pueden hacer una estrategia madrileña de igualdad sin contar con las organizaciones de mujeres, ni los miembros del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid", ha afirmado con contundencia. Este sentimiento de exclusión es compartido por muchas otras organizaciones que ven en esta externalización una maniobra para diluir la participación ciudadana y alejar la toma de decisiones de aquellos que están en primera línea de la lucha por la igualdad.
Más allá de las implicaciones prácticas, la decisión de externalizar el diseño de la nueva Estrategia Madrileña para la Igualdad envía un mensaje claro: la igualdad de género no es una prioridad para la Comunidad de Madrid. En un momento en que la brecha de género sigue siendo una realidad palpable, y en el que la violencia machista continúa cobrando vidas, relegar la responsabilidad de una política tan crucial a una entidad externa es un acto de irresponsabilidad política. La igualdad no puede ser subcontratada; es un deber del gobierno, un compromiso que debe ser asumido con todos los recursos disponibles.
Además, la externalización de esta estrategia podría abrir la puerta a intereses privados que no necesariamente comparten la visión de un Madrid más igualitario. En lugar de fortalecer la igualdad, esta decisión podría resultar en un enfoque diluido, menos comprometido y ambicioso. Las políticas de igualdad deben ser diseñadas por quienes entienden la realidad de las mujeres en Madrid, no por empresas o consultoras que ven en este proceso una simple transacción comercial.
Es imperativo que la Comunidad de Madrid reconsidere esta decisión y restablezca un proceso inclusivo y transparente para la elaboración de la nueva Estrategia Madrileña para la Igualdad. No se trata solo de cumplir con un requerimiento de la Unión Europea, sino de garantizar que las políticas de igualdad sean representativas, efectivas y realmente comprometidas con la lucha por la equidad de género.
El gobierno de Ayuso debe entender que la igualdad no es una mercancía que se puede comprar o vender; es un derecho fundamental que debe ser protegido y promovido desde el corazón de las instituciones públicas, con la participación activa de aquellos que día a día luchan por un mundo más justo.
La externalización de la Estrategia Madrileña para la Igualdad no es solo un error político, es una traición a la lucha por los derechos de las mujeres en Madrid. Es hora de que la Comunidad de Madrid recapacite y retome el camino de la verdadera igualdad, un camino que debe ser construido de la mano de quienes más lo necesitan y que no puede ser delegado ni subcontratado.