Según un estudio realizado por UGT Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, candidata a la reelección por el PP, ha cedido a la gestión privada 1.600.000 m2 de suelo público. En un total de 80 parcelas, desde que asumió las competencias en materia educativa, en julio de 1999.
Ayuso ha cedido 80 parcelas de suelo público
En el estudio se detallan una por una, las parcelas cedidas a empresas privadas de enseñanza y cooperativas de profesorado, fechas de puesta en marcha de los centros, canon que deben pagar, años de cesión, número de alumnos o grupos por curso, y otras cuestiones relativas a las citadas privatizaciones de parcelas.
El trabajo comenzó a realizarse cuando se inició la citada privatización por parte de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y tuvo un primer estudio en 2007, desde entonces UGT ha seguido recabando la información relativa a dichas cesiones, fruto del ello es este segundo estudio, actualizado, del que destacamos los siguientes datos.
Se han cedido 80 parcelas, con un total de metros cuadros estimados de 1.596.151 m2. El tamaño medio de la parcela cedida es de 19.951 m2, aunque existen algunas que superan ampliamente ese espacio.
Cesiones por 75 años
La cesión puede realizarse a través de un ayuntamiento o de la propia Comunidad de Madrid y suele concederse por 75 años, aunque algunas lo son por menos tiempo, pero no inferior a 40 años. Puede o no haber un período de carencia, que suele ser de 4 años, durante los cuales los adjudicatarios están exentos de pagar canon, los más frecuentes son los establecidos en 8.000€ y 12.000€ anuales. Esto equivale a decir que sale más barato que el alquiler que muchos madrileños y madrileñas deben pagar por un piso para vivir.
El terreno puede utilizarse como aval para conseguir créditos que permitan abordar la construcción de los centros y 18 de estas parcelas (22,5% del total) se han cedido a centros que tienen enseñanza diferenciada por sexo.
Dos tipos de privatizaciones
Asimismo, se analizan los dos tipos de privatización: la que se realiza directamente, mediante concurso, para la selección de una empresa adjudicataria y la que se realizó privatizando el suelo y revendiéndolo para la construcción de centros educativos concertados, entre los que se encuentran los centros afectados por el caso Púnica a través de Alfedel. También se analizan algunos casos que hemos de definir como “situaciones singulares”, que se salen de las pautas generales.
Desde UGT denuncian el nivel de privatización y substracción de bienes públicos de toda la ciudadanía, para enriquecimiento y negocio particulares, por parte del Gobierno de Ayuso y de los anteriores ejecutivos del PP, mediante la cesión de suelo público para la construcción de centros educativos privados, porque hay que recordar que son privados.
El sindicato recuerda a la Administración educativa y a la población madrileña que la Constitución Española no contempla dicha posibilidad, si no la “libertad de creación de centros docentes” privados. Es más, el planteamiento de que para tener libertad de elección de centro debe de existir una oferta pública y privada financiada con fondos públicos es una falacia. Los datos revelan que el desarrollo de la red privada solo garantiza segregación del alumnado por nivel socioeconómico, por un lado, y la creación de una maquinaria para derivar fondos públicos a intereses privados, por otro.
Para finalizar, UGT rechaza la cesión y enajenación de suelo público para negocios privados de enseñanza.