El Pleno de la Asamblea de Madrid debatió el pasado jueves, una vez más, el tema del Pin Parental, a propuesta de VOX. Teresa Jusdado Pampliega, secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madriddenuncia que Ayuso hace un guiño a la extrema derecha con una manipulación partidista de los contenidos educativos.
Se da la paradoja que el Partido Popular acepta el pin parental lo acepta en Baleares, pero lo rechaza en Extremadura o Cantabria. En Madrid hay cierta semejanza entre los postulados de ambos partidos, pero la mayoría absoluta permite a la presidenta madrileña cierto rodillo para autoproclamarse como la autora programática de toda las propaganda educativa en la región.
El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid lleva años manifestando “su oposición a lo que VOX denomina adoctrinamiento y revisión de los currículos”, algunos de estos temas cuentan con el apoyo del Gobierno Regional del PP.
Los coaliciones formadas por PP y VOX en las diferentes Comunidades Autónomas en las que gobiernan tienen decisiones dispares, pero por lo general la pauta no la marcan desde Génova, sino desde la puerta del Sol. Las exigencias de los ultras de Vox suelen ser aceptadas por los populares, como uno de sus postulados. Pero no en todas las regiones por igual. El pin parental es una muestra de ello.
Los de Santiago Abascal no están dispuestos a renunciar a una de sus principales propuestas que consideran clave en lo que ellos llaman 'batalla cultural'. Y en Madrid, a pesar de su poca relevancia, pueden hacer cierto desgaste a Ayuso si no está alerta. Por qué una manifestación o protesta de la extrema derecha madrileña contra ella, serie muy difícil de rebatir, sobre todo por una populista que a las de cambio apoya al extremista Milei.
Sin duda alguna, los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, así viene contemplado en la Constitución Española. En su artículo 27, reconoce la libertad de la enseñanza, la de recibir una instrucción religiosa y moral de acuerdo con las convicciones de los padres y la libertad de creación de centros docentes, eso sí, dentro del respeto a los principios constitucionales.
En su artículo 1 propugna como un valor superior la igualdad, así como que las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Y, sobre todo, el artículo 14 que indica que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Todo ello establece un bien superior al derecho de los padres a que se contemplen sus singularidades ideológicas, garantizándose, al mismo tiempo, el derecho a la educación, elección de centro, etc.
Pero más allá de estas consideraciones, los contenidos curriculares vienen marcados por la Ley: el 60% por la ley básica de carácter estatal y el 40% por la autonómica. “Lo que no se puede pretender es no dejar en manos de los expertos, es decir, los docentes, la no aplicación contra ley de ese currículo, porque de ser las familias quienes establecen, de acuerdo con su ideología, dicho currículo nos podríamos encontrar con el absurdo de tener 25 o 30 currículos por clase, especialmente en materias relacionadas con Humanidades y Ciencias Sociales, uno por alumno/a”, denuncia Teresa Jusdado.
Y la educación no es un restaurante donde cada uno come a la carta, tiene objetivos muchos más elevados y que deben ser ajenos a los “gustos familiares”. La secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid se pregunta: ¿Puede una familia exigir que no se explique la guerra civil o la II República porque no se ajusta a su opinión? “Eso sí sería adoctrinamiento y el personal docente, como expertos en su materia, estamos por encima de estas consideraciones personales y partidistas”.
La igualdad de derechos que ignora Ayuso
Pero más allá de las cuestiones curriculares están las cuestiones relacionadas con la igualdad de derechos. “Si todos somos iguales ante la ley debemos enseñar, también desde el ámbito familiar, que los diferentes tienen los mismos derechos que nosotros mismos y, por tanto, educar en el respeto a dichos derechos, sea cual sea tu etnia, religión, condición sexual o de género y, por tanto, intentar fomentar una sociedad plural que comprenda y respete al otro u otra. Es una obligación, no una decisión personal”, recuerda Jusdado.
Educación afectivo-sexual y de género
Respecto a la educación afectivo-sexual y de género, otro de los mantras de Ayuso y cuyos postulados es prácticamente calcados a la extrema derecha de Vox. Por eso, la responsable de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid considera “que no educar, en el momento que los expertos, es decir, el personal docente, considere adecuado para el desarrollo personal del alumnado, es un grave error”.
Ayuso ignora la educación contra el acoso
Ningún profesional querría llevar en su conciencia la inquietud de si pudiera haber hecho más, educativamente hablando, “cuando se acosa a un compañero de clase por su identidad sexual o una alumna/o se ve afectado por el SIDA o una enfermedad de transmisión sexual por desconocimiento de los medios para no contagiarse”. O no educar en que la violencia psíquica o física en el entorno familiar no son circunstancias normales ni aceptables e informar de los medios para buscar ayuda. “Temas, todos ellos, en los que las familias deberían colaborar y, la mayor parte, lo hacen, pero que no hemos de dejar a la voluntariedad de estas, porque ello significaría desamparar a los afectados/as”, denuncia Teresa Jusdado.
Por todo ello, la secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid UGT considera que “implementar el Pin Parental o impedir que se impartan los currículos sería una injerencia en la labor educativa que el personal docente tiene encomendada y, lo que es más grave, una dejación de funciones y auxilio al alumnado”.
Vox y el pin parental
De acuerdo con lo expuesto en el ‘Plan para la Libertad, la Pluralidad y la Calidad de la Educación’, presentado por Díaz Ayuso como parte del programa electoral con la que consiguió la mayoría absoluta el pasado marzo. Una de las prioridades en la hoja de ruta de la Administración regional pasa por eliminar de los libros de texto todos aquellos contenidos considerados “ideológicos” o de “ingeniería social”.
Lo curioso es que a pesar de que buscan esos contenidos, todavía no los han encontrado. La Comunidad ha puesto a sus agentes (políticos) de la inspección educativa, que revisan los manuales a fin de detectar tales temas y, en último término, suprimirlos. Pero no con esas consigue una sola línea con la que salir triunfante ante la prensa.
Con el objetivo de recuperar el debate del pin parental y alentar su aplicación, Vox ha registrado una nueva PNL encaminada a “eliminar cualquier tipo de adoctrinamiento”.
La iniciativa constaba de tres apartados. El primero de ellos pasa por el compromiso “inequívoco” de respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos “libremente”.
En el segundo se aboga por la revisión de los currículos educativos, así como por la “inmediata retirada” de todos aquellos libros de texto y otros materiales educativos que supongan “adoctrinamiento” o afecten a la “inocencia de los menores”.
El tercero y último exige “garantizar el conocimiento previo y la aceptación por parte de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”.
Todo ello, en palabras de la líder del partido en Madrid, Rocío Monasterio, para mejorar el nivel de la educación y evitar que “entren en las aulas las activistas trans y LGTB”.