El grado de politización al que ha llegado el caso Begoña Gómez resulta tan preocupante como intolerable. Recordemos que el asunto comenzó con la querella de una organización ultraderechista, Manos Limpias, y que más tarde el magistrado abrió la puerta a otros grupos neofranquistas, entre ellos el partido Vox, que se han personado como acusación popular en la causa. Con semejantes mimbres resulta imposible no pensar en que el sumario ha sido completamente instrumentalizado por intereses partidistas, no ya para acabar con la esposa del presidente del Gobierno, sino con el propio Sánchez.
El último paso en un asunto que huele a lawfare por los cuatro costados es la decisión del PP de Isabel Díaz Ayuso de elevar al juez Peinado y a la Fiscalía el dictamen de la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid sobre el presunto trato de favor dispensado por la Universidad Complutense a la mujer del líder socialista, tal como informa Libertad Digital. Este medio de la caverna añade que a la comisión “estaba citado el propio Pedro Sánchez, que ha declinado asistir”. Además, “Moncloa envió a la Cámara autonómica su respuesta el pasado lunes en la que aludía a los informes que en este sentido han emitido en otras ocasiones el Consejo de Estado en los que, básicamente, se establece que los Parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado”.
Lo que le faltaba a este sumario es una supuesta prueba de cargo innecesaria desde el punto de vista del derecho procesal que no tiene otra función más que consumar una presión política de Ayuso para que el instructor abra auto de procesamiento, cuanto antes, a Begoña Gómez. Pocas veces se ha visto un intento tan descarado del poder Ejecutivo, en este caso del poder Ejecutivo autonómico, para llevar a cabo una poco elegante injerencia en las decisiones de un juez.
“Ahora la comisión queda en suspenso a la espera de que dicho Consejo de Estado emita el dictamen que le han solicitado Vox y el PP sobre la obligatoriedad o no que tiene Pedro Sánchez de comparecer. El máximo órgano consultivo tiene quince días para enviar su informe. La comisión esperará a conocer su contenido para decidir cuál será su siguiente paso, aunque todo apunta a que no aceptará la tesis según la cual el presidente puede dejar de serlo durante unas horas y acudir únicamente en calidad de marido de Begoña Gómez”, añaden las citadas fuentes.
Este medio recuerda que este mismo miércoles sí asistió “la asesora de Moncloa imputada, Cristina Álvarez”, que se acogió a su derecho a no declarar y no contestó ninguna de las cuestiones que le plantearon PP y Vox. PSOE y Más Madrid no le formularon pregunta alguna pues decidieron hace unos días abandonar la comisión como señal de protesta por haber citado a la misma al presidente del Gobierno.
La separación de poderes es un pilar básico del Estado de derecho. Ambas jurisdicciones tienen sus ámbitos de competencia, el juez investigando y juzgando, las comisiones parlamentarias tratando de depurar responsabilidades políticas. Resulta preocupante que ambas esferas se combinen, a plena luz del día y ya sin tapujos, en una especie de pinza para derribar gobiernos. Pero estamos en plena ola ultra y cada vez son más los países democráticos donde la independencia judicial se encuentra gravemente amenazada. Lo estamos viendo en Estados Unidos, donde algunos magistrados se han convertido en el último bastión o parapeto contra las órdenes ejecutivas de Trump que tratan de acabar con los derechos humanos, con el sistema democrático y el Estado de derecho. El alud de decretos presidenciales se ha topado con decenas de demandas y ha abierto un debate jurídico: ¿se desliza EE.UU. hacia una crisis de separación de poderes o se extralimitan los jueces al ralentizar la agenda de la Casa Blanca? Y la respuesta es clara: los jueces tienen la obligación de fiscalizar la actividad política en previsión de que se puedan vulnerar derechos fundamentales; los políticos no deberían inmiscuirse en procesos judiciales.
El lawfare se ha convertido en un grave problema para nuestro sistema democrático. Lo que estamos viendo con el caso Begoña Gómez no se había visto nunca. Una instrucción tan al límite de la ley que hasta la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que decirle a Peinado que no atraviese la delgada línea roja que separa un proceso penal con todas las garantías de un juicio sumarísimo/inquisitorial más propio de otros tiempos.