La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso pretende que los jueces oculten la información de las muertes en las residencias, Por eso desde la Viceconsejería de Interior no se quiere aportar los datos que le piden los ciudadanos. Durante los primeros meses de la pandemia en 2020, las residencias de mayores en Madrid enfrentaron una situación crítica, con un elevado número de fallecimientos.
Víctimas mortales sin atención hospitalaria
De los 9,468 decesos reportados, 7,291 ocurrieron sin que las víctimas recibieran atención hospitalaria, destacando la falta de medicalización en estas instalaciones y la limitada coordinación para traslados hospitalarios. La gestión de esta crisis ha sido objeto de análisis y controversia, impulsando debates sobre la necesidad de mejorar la respuesta sanitaria y los mecanismos de supervisión en situaciones de emergencia.
La restricción de acceso a las residencias, excepto para cuerpos de seguridad como la Policía Municipal de Madrid, complicó la evaluación directa de las condiciones internas durante el pico de la crisis. La reticencia a divulgar las actas de inspección ha alimentado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la crisis por parte de las autoridades competentes.
Actas de Inspección de Residencias de Mayores
Un ciudadano, en busca de claridad y entendimiento sobre las acciones tomadas durante este periodo crítico, solicitó acceso a "las Actas de Inspección de Residencias de Mayores y otros centros residenciales", a través del Portal de Transparencia. La negativa inicial de la administración a proporcionar esta información, argumentando potenciales conflictos con la Ley de Protección de Datos, destaca el delicado equilibrio entre la privacidad individual y el derecho público a la información.
La respuesta de la Viceconsejería de Interior del Gobierno de Ayuso fue rechazar esa petición al entender que podría chocar con la Ley protección de datos. Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, en una resolución a la que ha tenido acceso ‘La Cadena SER’, obligó a la administración a remitir "la información solicitada por el Reclamante, en el plazo máximo de 20 días". Una decisión que Gobierno Regional ha recurrido por la vía de los contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ayuso no quiere transparencia
La intervención del Consejo de Transparencia y Participación, que instó a la administración a compartir la información solicitada, subraya la importancia del escrutinio público y la transparencia en la gestión de situaciones de crisis. La decisión de recurrir esta orden mediante acciones legales pone de manifiesto las tensiones entre las obligaciones de privacidad y la demanda de transparencia.
La resistencia a la divulgación de las actas, por parte del Gobierno de Ayuso basada en la preocupación por el volumen de información y la presencia de datos personales, refleja los desafíos técnicos y éticos asociados con la gestión de información sensible. Sin embargo, la insistencia en el acceso a esta información refuerza la demanda de una mayor transparencia en las actuaciones de las instituciones públicas, especialmente en momentos de crisis.
El reclamante presentó la solicitud en febrero de 2022 citando las actas realizadas “por la Sección de Inspección y Evaluación de Servicios de Policía Municipal desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 1 de agosto de 2020”. Tras ser denegada esa solicitud por parte de la Viceconsejería, del gobierno de Ayuso, este particular presentó, en abril de 2022, una reclamación ante el Consejo de Transparencia en la que insiste en el acceso a la información solicitada alegando que los argumentos de la Comunidad no serían validos “si se efectúa la previa disociación de los datos de carácter personal”, sin que se pueda identificar a las personas afectadas. Ante este nuevo escrito, el Consejo admite la reclamación instando a la Viceconsejería a presentar alegaciones.
Derecho a la privacidad
Este caso evidencia la complejidad de equilibrar los derechos a la privacidad con el imperativo de transparencia en la gestión pública. La búsqueda de un equilibrio adecuado es crucial para garantizar que las respuestas a futuras crisis sean tanto efectivas como transparentes, asegurando que las lecciones aprendidas mejoren la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias. La discusión sobre cómo mejorar la atención en las residencias y asegurar una adecuada supervisión continúa, destacando la necesidad de estrategias más robustas y transparentes en el cuidado de los más vulnerables.
Además, el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, reveló en su libro, la existencia de una "mano negra" en la presidencia buscando culpables de la situación en las residencias. Criticó la gestión de la pandemia y la falta de atención médica adecuada a los mayores, un problema que persiste sin cambios significativos en el modelo de cuidados a la tercera edad. Reyero, que dimitió por sus declaraciones públicas sobre la situación, publicará un libro detallando su experiencia y acusando a la administración de Isabel Díaz Ayuso de discriminación y negligencia
Este caso subraya el conflicto entre el derecho a la privacidad y el interés público por la transparencia en la gestión de la crisis en las residencias de mayores, evidenciando la necesidad de un equilibrio entre la protección de datos personales y el derecho a la información pública.