El presidente del PP, Pablo Casado, ha impugnado ante el Tribunal Constitucional la Ley Celaá, a la que acusa de atacar el castellano e impedir la libre elecciones de centro. La decisión de judicializarse la nueva Ley de Educación lleva tras de sí unos intensos días para tratar de desacreditar con bulos a la ministra Isabel Celaá.
El recurso de inconstitucionalidad, elaborado por el bufete en el que se integró Albert Rivera, cuenta con 90 folios y detecta vicios de constitucionalidad hasta en 16 de los 99 artículos de la Lomloe, la octava ley educativa de la democracia, y en dos de sus once disposiciones adicionales.
El texto tiene 10 bloques que comienzan por la «Defensa de la Lengua Española», que señala la «privación del castellano de su condición de lengua vehicular en la enseñanza» y la designación de la asignatura Lengua Propia para referirse a lo que hasta ahora se ha conocido como Lengua Cooficial.
Otro punto apela a la libertad de enseñanza, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, entendida por el PP como el derecho que tienen todas las familias a optar por un modelo público o concertado, ordinario o especial, diferenciado por sexos o mixto.
Campaña contra la ministra
Como ya adelantó Diario16, en días previos a acudir al Constitucional, el PP lanzó una campaña de desprestigio en redes sociales y medios de la «caverna mediática» contra la política vasca. El objetivo es convertirla a ojos de la opinión pública en una insensible que ataca a las personas con discapacidad y sus familias. Una pregunta de un diputado del PP en el Congreso, en el que hacía alusión a su hija con Síndrome de Down, ha sido el detonante de un ataque que se ha hecho viral sin que tenga fundamento.
De hecho, otro tema del que le acusan es de querer cerrar con la nueva ley los centros de educación especial. Algo falso y que la ministra ha desmentido en repetidas ocasiones.