La Constitución de 1978 requiere de profundas reformas tras cuatro décadas en vigor. No es normal que una democracia del siglo XXI se siga rigiendo por preceptos de hace 40 años. Sin embargo, así es y no se vislumbra que se pueda afrontar la profunda reforma constitucional que España necesita, sobre todo a la hora de dar o de blindar derechos sociales a la ciudadanía.
El Gobierno ha admitido que, debido a la crispación y a la oposición furibunda de la extrema derecha y de sus socios del Partido Popular, no hay clima político ni suficiente consenso para ello.
La mejor demostración de ello es la postura negativa de los de Santiago Abascal y su socio Pablo Casado de abrir el debate de la supresión del término «disminuidos» relativo a personas con discapacidad. Luego se hacen fotos con personas con Síndrome de Down para utilizarlas contra el Ejecutivo. Esa es la catadura moral de Vox y de sus socios del PP. En todo caso, Moncloa confía en la vía legislativa para ir conquistando nuevos derechos.
Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno, ha defendido esta vía al hacer balance de estos 40 años de Carta Magna.
Reforma necesaria de la Constitución
En un coloquio organizado por el PSOE y la Fundación Sistema, Bolaños ha destacado que con este marco constitucional España es una de las 20 democracias plenas, por encima incluso de algunos países socios de la UE, algo que debería ser objeto de satisfacción de todas las fuerzas políticas, especialmente de las que han ejercido el poder, y que, sin embargo, no lo es.
Bolaños piensa que se debería cuidar y poner en valor el texto constitucional todos los días, lo que no quita que también requiera una reforma para mejorarloy actualizarlo. «Pero no hay ninguna duda de que 40 años ha habido una democracia de calidad en nuestro y la clave es que el texto legal del 78 es flexible», ha insistido.
Derechos sociales por vía legislativa
De hecho, ha indicado que no fue necesario tocar la Constitución para en España haya un matrimonio igualitario, una Ley del Aborto o, más recientemente, una Ley de Eutanasia. «Eso supone que la Constitución tuvo una mirada larga y no quiso petrificar ninguno de los derechos que en el 78 podían ser importantes, sino que quiso dejar muchos asuntos abiertos para que el legislador pudiera avanzar», ha comentado.
Eso es lo que, a juicio de Bolaños, hace que, pese a que todos desean de alguna manera mejorar los déficits de la Constitución, su reforma no se haga tan necesaria, porque «no hay ninguna piedra en el zapato que esté apretando desde ya» y porque cualquier nuevo derecho se va generando por la vía del legislador.
Abascal y Casado, enemigos del consenso
Bolaños lamentó que en estos momentos no exista el consenso que hubo 43 años atrás para alumbrar la ley de leyes, y como ejemplo destaca ni siquiera está garantizada la reforma puntual de la Constitución promovida por el Gobierno para modificar el artículo 49 y acabar con el término «disminuido».
Tanto Vox como sus socios del PP tienen registradas enmiendas de totalidad en el Congreso de los Diputados pidiendo devolver al Gobierno el proyecto, un rechazo que amenaza la aprobación de este cambio en la Constitución ya que se necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara.
En concreto, el PP argumenta que reformar la Constitución siempre exige «espíritu de sosiego y de pacto político, justamente dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen». Precisamente, un escenario del que el Partido Popular es uno de sus máximos responsables con la oposición basada en la deslealtad y en la deslegitimación de la democracia con el único objetivo de derribar al gobierno.
Vox, por su parte, señala que la redacción planteada por el Gobierno «no es adecuada a los fines que persigue, habiendo sido declarada como 'perturbadora' por el propio Consejo de Estado». Estos son los que se llaman constitucionalistas.