Ciudadanos (Cs) ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para que se debata en el Pleno donde reclama al Gobierno de Pedro Sánchez la creación de una Agencia Espacial Española e impulsar la seguridad jurídica respecto de aquellas actividades que se lleven a cabo en el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes con fines pacíficos.
El partido presidido por Inés Arrimadas quiere que el Congreso inste al Gobierno a «unificar, a la mayor brevedad posible, todas las competencias en materia espacial actualmente distribuidas entre varios ministerios y organismos en una única Agencia Espacial Española que se convierta en foco de referencia nacional en materia de l+D espacial y que ejerza como ventanilla única para la gestión de fondos, programas y recursos relacionados con este ámbito».
La creación de esta Agencia es fue defendida por el exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.
En mayo de 2021, el exdirector del Gabinete de Pedro Sánchez, lván Redondo, ya anunció en el Congreso la creación de este organismo sin dar detalles de ello. «Les anuncio la creación de la Agencia Espacial Española», dijo.
Ciudadanos reclama el establecimiento de un Foro de Alto Nivel técnico especializado con presencia del sector privado (no podía faltar en una propuesta de Cs), de la sociedad civil y expertos académicos ingenieros, científicos y juristas que permita revisar la legislación española en materia espacial para detectar posibles barreras y obstáculos normativos al desarrollo del sector industrial espacial en España, además de elaborar recomendaciones para eliminar dichas barreras y sortear dichos obstáculos.
La PNL de Cs también insta a actualizar el marco normativo espacial español, regulando, de conformidad con el derecho internacional y europeo, las actividades espaciales que se implementen tanto por el sector público como por el sector privado, así como las responsabilidades en que se pueda incurrir por tales actividades y su régimen de cobertura, velando igualmente por la agilización de trámites, licencias y permisos, y la necesaria seguridad jurídica en materias como el tratamiento de residuos espaciales, cuestiones medioambientales o utilización de recursos naturales.