Entre la ingente documentación que sobre las cloacas del Estado maneja el empresario Javier Pérez Dolset figura una posible filtración masiva de datos de la UDEF (la unidad de delincuencia económica y fiscal del Cuerpo Nacional de Policía). Se trata en realidad de más de 13.000 filtraciones que, según Dolset, causaron grave daño a las víctimas de las cloacas. Finalmente, ese informe que Asuntos Internos elaboró sobre el caso terminó archivándose en un cajón. Así al menos lo sugiere el industrial que ha trabajado codo con codo con Leire Díez, la militante socialista bajo los focos estos días, en la recopilación de información sobre asuntos sucios de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Dolset asegura que cientos de personas han sido espiadas en este país sin las más mínimas garantías constitucionales. Es decir, un Estado policial totalitario donde la cloaca se impone sobre el Estado de derecho. El informe Colombo (así se llamó el dosier de Asuntos Internos), revela cómo esta unidad policial investigó a los agentes de la UDEF sospechosos de filtrar investigaciones en curso. Se trata de un extensísimo atestado con fecha 14 de mayo del 2014 (Gobierno de Mariano Rajoy) que finalmente fue enterrado por la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado. No en vano, es uno de los documentos que la Comisión de investigación sobre la operación Catalunya en el Congreso reclamó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía Anticorrupción.
La Operación Cataluña fue una operación de cloaca de manual con la que se trató de incriminar por casos de corrupción a líderes independentistas y a sus familiares más cercanos. El informe de la Comisión de investigación del Congreso de los Diputados fechado el 19 de noviembre de 2024, al que ha tenido acceso Diario16+, se marcó como objetivo investigar la llamada Operación Cataluña y las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del Partido Popular en relación a las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una “trama parapolicial”, así como, en ese contexto, conocer el detalle de la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas irregularidades llevadas a cabo sobre líderes, instituciones y otras personas. Además, los parlamentarios se trazaron como objetivo “identificar a todos los presuntos responsables políticos, miembros del Gobierno y/o de la Administración General del Estado y organismos dependientes, así como el eventual mal uso de las estructuras técnicas de que dependen” y conocer al detalle “todas las presuntas actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con las investigaciones realizadas de forma presuntamente ilegal sobre las delegaciones de la Generalitat en el exterior, conocer los contratos, gastos y procedimientos de contratación para el presunto desarrollo y/o compra del software denominado Pegasus u otras herramientas utilizadas presuntamente para espiar por parte de estamentos oficiales”.
El Congreso de los Diputados se marcó como objetivo investigar todas aquellas iniciativas que hayan podido llevarse a cabo por parte de las instituciones del Estado a fin de perseguir la disidencia política; proponer y plantear medidas de restitución y compensación para todas las personas afectadas por las investigaciones irregulares o ilegales, y proponer las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos y malos usos por parte de determinados poderes y servicios del Estado en contra del pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Según el dictamen de la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña (que se constituyó el 21 de abril de 2017 en la asamblea autonómica) la Operación Cataluña fue “una conspiración para intentar frenar la disidencia política” en aquella comunidad autónoma, y particularmente el movimiento independentista, llevada a cabo, “al menos, durante los años en que Jorge Fernández Díaz (2011-2016) fue ministro del Interior español”. Se concretó en “una serie de actuaciones de carácter político, policial y de inteligencia que han buscado reducir el apoyo social del independentismo en tanto que opción política mediante la desacreditación” asociando “en el imaginario colectivo de la sociedad catalana y española un movimiento político legítimo, democrático y pacífico, como el independentista, con prácticas fraudulentas. Por eso, y de manera específica, lo que se buscaba era asociar a los líderes políticos y cívicos independentistas con la corrupción”. Así se trataba de organizar “una causa general contra el independentismo en la que no se han perseguido prácticas sino personas, no se ha mandado investigar hechos sino nombres”.
El empresario Dolset solicitó en 2024 a la Audiencia Nacional que se reabriera la causa contra el excomisario José Manuel Villarejo y se imputara al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Dolset está procesado en este órgano jurisdiccional por haber provocado la quiebra de la empresa tecnológica Zed WorldWide S.A., de la que era consejero delegado, y llevarse al extranjero parte del dinero de una subvención concedida a la empresa. Alegó que todo era falso y que era una víctima colateral de la Operación Cataluña.
Estos días se habla mucho de la cloaca del PSOE y de Leire Díez, supuesta fontanera de Ferraz, pero poco de aquellas otras cloacas que se cerraron en falso y que siguen funcionando hoy no solo para espiar a la disidencia política, algo deleznable en cualquier sistema democrático, sino para derrocar a un Gobierno legítimamente constituido, el de Sánchez, desde los aparatos policiales y judiciales del Estado.