La derecha política no puede vivir sin el fetiche de las privatizaciones. Allá donde gobierna lo vende todo al mejor postor: el transporte público, la sanidad, la educación… Nada queda a salvo del ansia viva por obtener el mayor beneficio al menor coste, aunque para ello tenga que entregar el Estado de bienestar, piedra a piedra, a los financistas, banqueros y fondos buitre de turno. Después de largos años de políticas ultraliberales ya estamos curados de espanto y, cuando creíamos haberlo visto todo, nos encontramos con una noticia que, por sus tintes surrealistas, resultaría imposible de creer de no ser porque ya ocupa las portadas de todos los periódicos: el Ayuntamiento de Sevilla quiere cerrar la plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Tal cual como lo oyen.
La idea parte del alcalde de la ciudad, el popular José Luis Sanz, quien por lo visto pretende convertir al forastero en el paganini de turno que corra con los gastos de mantenimiento y seguridad del soberbio monumento de Aníbal González. El bueno de Sanz ha debido pensar que, si al guiri se le da el sablazo del pescaíto frito en los chiringuitos de Cádiz, esto del patrimonio debe funcionar de la misma manera, así que toca desvalijar al personal como sea. Lógicamente, el mundo de la política, de la cultura y buena parte de la sociedad andaluza se ha revuelto contra la disparatada medida, ya que no estamos hablando de un simple monumento que se pueda cerrar sin más y poner una taquilla en la puerta con un ordenanza con bigote. Se trata de la plaza de España, hombre, de un emblema de Andalucía y de este país, del santo y seña de una de las ciudades más hermosas del mundo. Un espacio urbano concebido como un ágora común, un lugar abierto a la convivencia, un espacio integrado y para gozo y disfrute de todo aquel que recale por Sevilla. Esa fue la filosofía que inspiró a su arquitecto y constructor. Cobrar un peaje en semejante templo a la belleza, aunque sea al turista pardillo y accidental, se antoja cicatero, cutre y de pobretón. La peor campaña de publicidad, interior y exterior, que puede hacerse de la cosmopolita y siempre generosa ciudad del Guadalquivir. Y no solo una estafa de la peor calaña, sino un hurto a la humanidad, ya que la Plaza de España es de todos y todos tenemos derecho a pasear por ella sin que un guardia nos endose una dolorosa por algo tan mezquino como el desgaste del mobiliario.
Imaginemos por un momento que medidas esotéricas como la que pretende implantar el alcalde de Sevilla se aplicaran también en otras ciudades consideradas patrimonio de la humanidad. A nadie se le ocurriría cobrar un peaje en la plaza de San Marcos de Venecia, en la Concordia de París o en la populosa Times Square de Nueva York. Al papa Francisco ni se le pasaría por la cabeza exprimirle la cartera al turista por entrar en la plaza de san Pedro, y eso que la Iglesia siempre está a la vanguardia a la hora de sacarle un dinerillo a las catedrales y otros monumentos religiosos de interés general. ¿Por qué? No solo porque va contra el espíritu mismo de la civilización griega/mediterránea, que ideó las glorietas y plazuelas como lugares de encuentro y reunión entre las gentes, sino porque traslada una imagen nefasta de ciudad recaudadora, agarrada y alcabalera, el peor cartel para el turista que, sin duda, terminará buscándose otros destinos y latitudes donde no lo traten como una cartera con patas, donde no le crujan ni le metan la uña hasta el tuétano.
Durante años, la plaza de España ha inspirado a poetas y literatos. Incluso ha sido fábrica de sueños y plató para un sinfín de rodajes cinematográficos nacionales e internacionales, entre ellos algunas míticas superproducciones de Hollywood, cuyos directores y guionistas han visto en la grandiosa obra de Aníbal González un escenario ideal para ambientar sus historias de ficción. La plaza de España (nuestra Plaza de España, ya que no solo es patrimonio de los andaluces, sino que debería ser patrimonio de la humanidad), se convirtió en improvisado cuartel general del ejército británico en El Cairo en la maravillosa Lawrence de Arabia. Más recientemente se transformó en el fascinante palacio real del planeta Naboo para una de las entregas de la incombustible saga Star Wars. Y aparece en un buen puñado de realizaciones de nuestro cine patrio, la última la corrosiva y supertaquillera Ocho apellidos catalanes. Hasta los indios se han sentido atraídos por el lugar, y allí se han trasladado los magnates de Bollywood para ambientar algún que otro musical. Tan brillante historial llevó a que en 2017 la Academia de Cine Europeo eligiera la plaza de España como Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea. Ahí es nada.
Todo ese encanto sensual rebosante de torres, escaleras, puentes y rías que desprende el sitio, todo ese glamur cultural, puede irse al traste si empezamos a cobrar entrada como si la imponente plaza sevillana fuese una barraca de feria. El alcalde privatizador Sanz quiere colocarle el tique funcionarial a la elegante senadora Amidala, al bravo y ascético coronel T. E. Lawrence en su lucha por los derechos de la nación árabe y hasta al bueno de Rafa en su intento de conquistar a Amaia ante la resistencia del huraño aitaKoldo. No podemos permitirlo. Es cierto que el monumento se encuentra visiblemente deteriorado en algunos de sus tramos y que las diferentes obras de restauración que se han acometido no han conseguido conservarlo como es debido. Pero esa negligencia achacable a la incompetencia de unas autoridades que no se han preocupado de cuidar una joya de nuestro patrimonio cultural no puede ser sufragada asaltando al turista como haría un vulgar bandolero de Sierra Morena. No son formas. No son políticas acordes con lo que se espera del siglo XXI.
España es un país que destruye su cultura y esta idea sui generis de darle el tarifazo malo al visitante que sueña con pasear libre y gratuitamente por plaza España, como ha sido siempre, solo contribuye a aumentar la degradación. Si el monumento necesita financiación para una rehabilitación urgente y necesaria, hágase un plan integral lo más ambicioso posible, destínense fondos públicos y asúmase la responsabilidad que tiene toda institución en la conservación de obras de arte, que para eso está el Estado y para eso pagamos impuestos. Pero no. Es más fácil privatizarlo todo y de paso sacarle una buena tajada a la maltrecha cultura. Peste de ultraliberales.